Las reformas del Gobierno para abaratar la factura de la luz no tendrán efecto hasta 2022

El Gobierno está tratando de llevar a cabo varias reformas con el objetivo de reducir el precio de la luz. Sin embargo, dichas medidas, de prosperar, no tendrán efecto hasta dentro de muchos meses.

El Ejecutivo ha aprobado este mismo martes un anteproyecto de ley para limitar parte de los ingresos de las eléctricas (principalmente, por la incorporación del CO₂ que hacen la hidráulica y la nuclear) y destinarlos al pago de otros conceptos en la factura (primas renovables, deuda, extrapeninsulares, etc.). Así lo ha anunciado Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica en una comparecencia ante la prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este martes. "Se paliará el efecto en la factura de los consumidores una vez entre en vigor", aclaraban ayer desde el ministerio.

El anuncio de la medida coincide con la entrada en vigor de la nueva factura, que supondrá desde este 1 de junio una subida de los costes para más de 10 millones de hogares adscritos a la tarifa regulada si no cambian radicalmente sus consumos eléctricos, algo que muchos expertos descartan que se pueda producir a corto plazo. Algunos, incluso, dudan de que vaya a salir adelante. "En nuestra opinión, la nueva ley no estaría lista hasta principios de 2022", señalaba este lunes un analista de la gestora de fondos Bestinver.

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Además, el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley por el que se crea un Fondo para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), según fuentes al tanto de la situación. Otra medida encaminada a abaratar la factura de la luz y subir los combustibles fósiles que aún tendrá que pasar por las Cortes para su aprobación definitiva. También, según los expertos, para 2022.

Y todo ello coincide con un fuerte repunte del precio de la luz en el mercado mayorista, en niveles nunca vistos desde abril, fundamentalmente por la subida del coste del CO₂ y el gas. Unas alzas que, sumadas a las de los combustibles, están tirando con fuerza de la inflación, lo que supone un daño generalizado a los bolsillos de los españoles. El IPC ha subido hasta el 2,7% en mayo, lo que supone el mayor nivel en cuatro años.

Pese a los anuncios, analistas y fuentes empresariales vaticinan un difícil trámite en las Cortes para sacar adelante esta medida. "Es probable que el PNV esté en contra de esta propuesta de ley. Tenemos dudas de que esta medida alcance el apoyo político suficiente para ser aprobada", advierte un analista de RBC, que añade que "requiere el apoyo de casi todos los partidos nacionalistas catalanes y vascos, y es poco probable que el PNV esté de acuerdo con esta medida". Medidas similares se han tratado de sacar adelante durante la última década sin éxito.

El PSOE y sus socios de gobierno tumbaron la pasada semana una reforma propuesta por el PP en el Congreso para eliminar impuestos

Pese a lo anterior, habrá que ver qué posición toma el Partido Popular, al que 'a priori' se le presupone el rechazo a la medida por ser el líder de la oposición. En este punto, cabe destacar que el Grupo Parlamentario Popular lanzó una enmienda en el Congreso en la que pedía que "Transición Ecológica desarrollara un mecanismo para limitar la sobrerretribución que puedan recibir las tecnologías no emisoras de CO₂ como consecuencia de su incorporación al precio del CO₂". También Luis Garicano, peso pesado económico de Ciudadanos, ha apoyado en las redes sociales la opinión de que las eléctricas están sobrerretribuidas.

Eso sí, el PSOE y sus socios de gobierno tumbaron la pasada semana una reforma propuesta por el PP en el Congreso para eliminar impuestos y utilizar más fondos recaudados con CO₂ para paliar el coste de la luz, medidas todas ellas de efecto inmediato.

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Al margen de las vicisitudes parlamentarias, los analistas creen que también se enfrentará a demandas de las compañías eléctricas en los tribunales. El Gobierno estima que la reforma recaudará entre 800 y 1.000 millones de euros. De los mismos, el Ejecutivo estima que Iberdrola es la que más perjudicada sale, ya que entiende que obtiene una sobrerretribución de más de 400 millones de euros, y algo menos de 400 millones vendrían de Endesa. Naturgy y Acciona serían las otras dos grandes perjudicadas, aunque en una cuantía muy inferior. Las intenciones del Ejecutivo han provocado fuertes caídas en bolsa este lunes entre las 'utilities'.

Para evitar complicaciones legales, el Ejecutivo se basa en una sentencia del TJUE de 2013 que avaló una medida similar articulada en España entre 2007 y 2009. Para evitar que las eléctricas tumben el hachazo, mantendrá parte de los denominados 'windfall profits' (beneficios caídos del cielo). Dicho de otro modo, solo quitará una parte de lo que se llevan las compañías por el CO₂, aún por concretar. Así mantiene el incentivo a invertir en tecnologías bajas en carbono que exige el marco regulatorio comunitario.

Esta medida sirve al PSOE para cumplir con un compromiso adquirido con su socio de gobierno, Unidas Podemos, en el programa de coalición, que pedía acabar con los 'windfall profits'. Sin embargo, fuentes del sector señalan que desde el Ministerio para la Transición Ecológica están abiertos a que las compañías hagan propuestas alternativas.

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Uno de los puntos más conflictivos es el calendario de cierre escalonado de las centrales nucleares. Fuentes empresariales advertían este lunes de que dicho pacto al que llegaron empresas y Gobierno podría saltar por los aires si el hachazo a la nuclear es muy duro. Los analistas especulan con que la reforma aminorará los ingresos de las eléctricas solo cuando superen ciertos umbrales. Eso podría permitir unos niveles mínimos de ingresos.

Firmas como Endesa ya se plantean que les den un pago fijo y salir del mercado, porque entienden que el alto nivel de impuestos, sumado a bajos ingresos en determinadas situaciones, no les compensa. Otras, como Iberdrola o Naturgy, han pedido reiteradamente cerrar las nucleares cuanto antes, algo, sin embargo, que podría poner en riesgo la seguridad de suministro, con el consiguiente riesgo de apagones.

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La medida que presentará este martes el Ejecutivo planteará que parte de los ingresos logrados por la minoración de retribución a las eléctricas vayan destinados a los consumidores vulnerables, aseguran fuentes al tanto de las negociaciones y confirmaban este martes fuentes del MITECO. Concretamente, destinarán a este fin un 10% de los recaudado con la medida. El impacto definitivo será parte de la negociación y las fuentes consultadas no descartan que parte de los nuevos ingresos se destine a sufragar el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). El MITECO confirmaba este martes que parte de los fondos ingresados con la reforma planteada irán a este fin.

Esto haría que la rebaja en la factura eléctrica, que calculan en el 5%, no fuera mayor. Sin embargo, contribuiría a aminorar el coste de otros suministros como el gas o los combustibles, un mínimo alivio para petroleras y gasistas. Con esta nueva reforma para aminorar los 'windfall profits', el departamento dirigido por Teresa Ribera suma Iberdrola y Endesa al enfado de Repsol y Naturgy por el FNSSE, que tampoco se espera que entre en vigor antes de 2022.