El alza de luz, gas y carburante lastra la economía real y pincha el mensaje optimista de Moncloa
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Incrementa la amenaza de la inflación

El alza de luz, gas y carburante lastra la economía real y pincha el mensaje optimista de Moncloa

Los precios récord de la electricidad y el encarecimiento de los combustibles fósiles golpean al poder adquisitivo de las familias, sin que se atisbe solución a corto plazo

placeholder Foto: Sánchez acompañado de Calviño, Díaz, Ribera y González Laya. (EFE)
Sánchez acompañado de Calviño, Díaz, Ribera y González Laya. (EFE)

El Gobierno se encuentra con un problema de primera magnitud cuando la recuperación económica pospandemia aún está en fase embrionaria. El precio de la electricidad desde abril está en niveles récord nunca vistos anteriormente. Y a esto se añade el fuerte repunte de los combustibles fósiles, que se traslada de forma directa e inmediata al precio de los carburantes, en máximos desde hace dos años, y en muy corto plazo también al recibo del gas.

Según las organizaciones de consumidores, el recibo de la luz cuesta ahora alrededor de 25 euros más (en torno al 40% de encarecimiento) que a estas alturas de 2020, cuando el coste bajó con fuerza por la pandemia. Llenar el depósito con diésel y gasolina 95 ha subido una de media de entre 11 y 15 euros, lo que supone entre un 21% y un 24% más, respectivamente, que en la primera semana de junio de 2020. Una escalada que se da, precisamente, cuando el fin del estado de alarma ha provocado un aumento drástico de los desplazamientos.

La subida del precio de la energía tiene un efecto expansivo que encarece los costes económicos de manera general. Así lo demuestra el IPC de mayo, que escaló hasta el 2,7%, la mayor tasa desde febrero de 2017, precisamente, durante otro episodio más fugaz de precios récord de la electricidad y el gas. La presión inflacionista, cuando apenas se ha iniciado la recuperación tras la crisis del coronavirus, es, para muchos economistas, una de las amenazas más importantes.

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Foto: EFE.

El incremento de la inflación tiene importantes repercusiones económicas como, por ejemplo, la revisión salarial de los convenios colectivos y más gastos en pensiones por la pérdida de poder adquisitivo de los afectados. Además, provoca un aumento de los costes en las empresas y autónomos que terminan por repercutirse en los consumidores.

La destrucción de tejido productivo sumado al encarecimiento general de costes suponen uno de las incertidumbres macroeconómicas que más daño pueden causar a la economía real. La Reserva Federal estadounidense, siempre un paso por delante del Banco Central Europeo en política monetaria, ya se ha abierto a la reducción de estímulos que se activaron para soportar la pandemia y ha iniciado la venta de deuda, en un claro paso hacia el fin de la política expansionista con el debate sobre la inflación encima de la mesa.

La cuestión no es baladí. Los estímulos del BCE han sido durante la recesión de más del 10% del PIB en España en 2020, el motor que ha soportado buena parte del tejido productivo con la concesión de crédito cuasi ilimitado y compra de deuda masiva. Un rescate silencioso de más de 300.000 millones de euros para evitar el colapso tal y como detalló El Confidencial en abril.

Foto: Pedro Sánchez y Christine Lagarde. (EFE)

Ahora los precios energéticos podrían afectar a una hipotética desescalada de ayuda monetaria del órgano que preside Chirstine Lagarde si la inflación sigue dando signos de calentamiento. El problema, al menos en España, es que no se ve solución a corto plazo para el precio de los suministros básicos, uno de los factores que más contribuye a frenar el poder adquisitivo de las familias.

Todo ello pincha, además, el mensaje de optimismo y recuperación económica que pretende instalar el Gobierno tras la pandemia. Según detallan los análisis políticos de las últimas semanas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende recuperar tirón electoral mermado tras las elecciones de Madrid con el fin de la pandemia que está provocando el proceso de vacunación y la recuperación económica que acelerará la llegada de los fondos europeos en otoño y que está provocando mejoras de previsiones macroeconómicas de los principales organismos internacionales como la OCDE.

Pero la realidad es que España sufre un precio récord en el mercado mayorista de la electricidad, al que se suma ahora, además, la entrada de un nuevo sistema de tarifas por tramos que los expertos creen que supondrá una subida general de la factura pese al ahorro de trasladar ciertos consumos de horas punta a horas valle. El precio del gas, del CO₂ y de petróleo siguen la senda de crecimiento con las menores restricciones a la movilidad que está permitiendo el proceso de vacunación.

El Gobierno necesita al Parlamento

Para tratar de atajar este problema, el Gobierno ha propuesto dos reformas. Una encaminada a trasladar gran parte de los costes de la factura de la luz (las primas a las renovables) a los carburantes y el gas. La otra, aprobada en el último Consejo de Ministros, para reducir una parte de lo que entienden es una sobrerretribución (beneficios caídos del cielo) de las eléctricas (Iberdrola y Endesa, principalmente).

El problema, en ambos casos, es que se trata de procesos que requieren de nuevas leyes, con lo que no solo dependen del Ejecutivo sino también del legislativo, donde PSOE y Unidas Podemos están en minoría y necesitan el apoyo de otros partidos.

Con este panorama, de llegar ambas reformas, los analistas no creen que lo haga antes de 2022, cuando el problema de encarecimiento de costes está golpeando a las familias en la actualidad. Por esta razón, para el Gobierno de Pedro Sánchez es fundamental trazar acuerdos que le permitan desbloquear importantes medidas en materia económica como las anteriores.

Foto: El presidente Pedro Sánchez, la ministra Teresa Ribera y el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. (EFE)

De ahí que en fuentes empresariales vean los acercamientos con el independentismo, con la posible concesión de indultos a los presos secesionistas, como un sapo a tragar para poder encauzar otras reformas que pueden rebajar hasta un 15% la factura de la luz en 2025, según los cálculos elaborados por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Esta fragmentación política, que impide la implementación de reformas, está siendo uno de los riesgos que notifican las grandes empresas a sus inversores internacionales a la hora de captar fondos. Telefónica, Amadeus, Gestamp, Vía Célere, Copasa, Teckia o Avintia han lanzado alertas sobre los problemas que genera en España la fragmentación política. A las anteriores se han sumado otras como Pescanova, Neinor o Audax, que focalizan las repercusiones negativas en la economía española por la incidencia del secesionismo catalán.

La última en lanzar advertencias a sus bonistas ha sido Metrovacesa. La inmobiliaria controlada por Banco Santander y BBVA, con fuerte exposición a la provincia de Barcelona, señalaba el pasado 26 de mayo, mientras el presidente del Gobierno justificaba la concesión de indultos a los líderes independentistas encarcelados por los delitos cometidos el 1-O, que "la región de Cataluña ha experimentado varios movimientos sociales y políticas que llaman a la secesión de Cataluña" y añade que existe una considerable incertidumbre sobre las tensiones políticas y sociales en Cataluña, que podrían generar cambios en la legislación, las políticas y otros factores que podrían tener un impacto significativo en el entorno en el que opera el Grupo en Cataluña y en el conjunto de España.

Foto: Congreso de los Diputados. (EFE)

"Existe una incertidumbre significativa respecto a las demandas de independencia y las actividades relacionadas con estos movimientos han tenido y pueden seguir teniendo un efecto adverso material sobre las condiciones económicas y la estabilidad política española", zanja la compañía del Ibex-35.

Por otro lado, los analistas mostraban dudas esta semana de que el PNV apoye el recorte a las eléctricas. La formación jeltzale está muy influenciada por Iberdrola, primera empresa del País Vasco, que tratará de ejercer toda su influencia para revertir esta reforma.

También se espera que lo intenten Endesa y Naturgy en Cataluña. La primera tiene gran parte del parque nuclear nacional en Tarragona y la segunda cuenta como primer accionista con Criteria Caixa, el principal 'holding' de inversión de Cataluña. Sin embargo, desde que se produjo el 1-0, fuentes empresariales señalan que la relación con la Generalitat y los partidos que la componen está muy deteriorada. Si todo lo anterior falla, las eléctricas tratarán de frenar el cambio de su actual 'statu quo' en los tribunales, según da por hecho diversos agentes del sector.

Mantener el equilibrio geopolítico para evitar subidas

Para contener el precio de la luz o el gas, el Gobierno no solo tiene que hacer juegos de encajes en el Parlamento, sino también en sus relaciones geopolíticas y diplomáticas. No en vano, la crisis institucional en al que está sumida el Gobierno de España con Marruecos, que provocó una de las peores crisis migratorias que se recuerdan en Ceuta, propiciada por el régimen de Mohamed VI, se debió a la atención médica al líder del Frente Polisario Brahim Ghali.

Una atención que el servicio exterior español coordinó con Argelia, lugar donde se refugia Ghali tras salir del Sáhara Occidental y país enfrentado desde hace décadas con Marruecos por las fronteras entre ambos países. Para España, Argelia es además el principal suministrador de gas, con casi la mitad de todo el combustible que llega, y cuyos contratos de largo plazo requieren de la intermediación del rey, Felipe VI, ahora y Juan Carlos I, antes.

Foto: Sede de Naturgy en Madrid

Los expertos en el sector energético explican que las buenas relaciones entre España y Argelia son fundamentales para que no haya problemas con el suministro gasista. No en vano, anteriores crisis en el precio de la luz como la de enero de 2021 o la de enero de 2017 tuvieron de fondo cortes de suministro gasista del país norteafricano, que obligó a España a buscar proveedores alternativos más caros que acaban trasladando subidas tanto al recibo del gas como al de la electricidad. En ese difícil equilibrio geopolítico, esta misma semana, el Gobierno de Sánchez visitaba Libia, en un intento de afianzar relaciones con otro de los países clave del Mediterráneo en África.

Los consumidores piden mirar a la fiscalidad energética

Con los precios de los suministros básicos muy al alza, y sin tener en cuenta el agua, que aunque menos sensible para los bolsillos de las familias, ha duplicado su precio en la última década y aún no se cubren todos sus costes, las asociaciones de consumidores están en pie de guerra. Tanto OCU como Facua, hablan del "tarifazo" por la nueva estructura de costes de la factura de la luz y piden acciones inmediatas. El sindicato UGT ha cargado contra la medida por entender que castiga a colectivos vulnerables, teletrabajadores o estudiantes a distancia. La presión mediática, sobre todo en los últimos días, no para de crecer. Cada vez que hay una subida de la luz, la figura del ministro del ramo, en este caso Teresa Ribera, sufre una presión incomparable con cualquier otro momento. Muchos medios están rescatando declaraciones de la hemeroteca de destacados miembros del Gobierno, tanto de PSOE como de Unidas Podemos, en las que criticaban el alto precio de la luz cuando gobernaba Rajoy. Ahora, la factura de la luz es más cara.

Y a todo ello se suman ahora los partidos de la oposición, que piden rebajas fiscales a la electricidad para que haya un alivio inmediato. La propia Ribera destacaba este viernes que la fiscalidad eléctrica es alta y para ello hay un grupo de expertos analizando una forma estructural de la tributación. Algo que no se concretará en meses. Desde el PP y otras instituciones piden eliminar el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, conocido como el impuesto del 7%, que provocaría una bajada inmediata. De hecho, este Gobierno ya eliminó este impuesto durante seis meses en el otoño de 2018, en otro episodio de subida de precios.

El sindicato UGT ha cargado contra las nuevas tarifas de la luz: "castiga a colectivos vulnerables, teletrabajadores o estudiantes a distancia"

También se pide reducir el IVA que está al 21%, igualado a los productos de lujo, cuando países como Alemania, Francia, Italia o Portugal dan a la luz un IVA mucho más reducido (Portugal lo bajó al 6% en 2019). Por último, el PP propuso al Parlamento una reforma para destinar los mayores ingresos por el CO₂ para bajar la luz. Este impuesto, que elevará la recaudación hasta 2.000 millones por los precios récord, destina 1.100 millones a aligerar el recibo. Pero los partidos del Gobierno y sus socios tumbaron esta medida a finales de mayo que ampliaría los fondos del CO₂ a aliviar la factura.

Tocar la fiscalidad a la baja es una cuestión controvertida para España, ya que el Plan de Recuperación y Resiliencia enviado a Bruselas propone subir los impuestos como medida de contención del déficit y lograr así captar los 140.000 millones que le corresponden a España de fondos europeos para la recuperación.

Más difícil aún es bajar los combustibles. Precisamente, la senda de descarbonización está proponiendo más impuestos a aquellos productos que más contaminan. El Gobierno ha recuperado el impuesto al diésel que tumbó el PNV en los últimos presupuestos. Y, ahora, Bruselas empieza a debatir una nueva directiva conocida como ETD (Eficiency Taxes Energy), que pretende incorporar más carga tributaria a lo que se conoce como sectores ETS (vehículos ligeros, calderas en viviendas y edificios, principalmente).

Foto: El presidente Sánchez y las cuatro vicepresidentas. (EFE)

Una medida que no está pasando desapercibida para los distintos países de la Unión. El 'Financial Times' advertía esta semana del carácter regresivo que puede tener una medida así y sus consecuencias políticas. De ahí que algunos países quieran frenar la ambición climática. El diario económico recordaba la crisis de los Chalecos Amarillos, una de las revueltas más duras para el Gobierno de Macron y que llegó por una subida a los combustibles.

Ahora habrá que ver cómo conjuga Sánchez y su gabinete todos estos factores, para que la subida de suministros básicos no lastre el mensaje de recuperación que prepara para la vuelta del verano, con el fin de la pandemia, que le sitúe de nuevo en el liderazgo político que las últimas encuestas le otorgan una menor ventaja con los partidos de la oposición.

El Gobierno se encuentra con un problema de primera magnitud cuando la recuperación económica pospandemia aún está en fase embrionaria. El precio de la electricidad desde abril está en niveles récord nunca vistos anteriormente. Y a esto se añade el fuerte repunte de los combustibles fósiles, que se traslada de forma directa e inmediata al precio de los carburantes, en máximos desde hace dos años, y en muy corto plazo también al recibo del gas.

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