No se permitirán cortes

El Gobierno fuerza a las eléctricas a reducir gratis peajes de luz y gas y prohíbe cortes

El Ejecutivo anuncia que las pymes y autónomos que pidan bajar la potencia contratada lo podrán hacer sin coste alguno. Iberdrola, Endesa y Naturgy cobraban por esta operación

Foto: Captura de la señal institucional del Palacio de la Moncloa de la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante la rueda de prensa. (EFE)
Captura de la señal institucional del Palacio de la Moncloa de la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante la rueda de prensa. (EFE)

El Gobierno permitirá aplazar todos los pagos de luz y gas y fuerza a las eléctricas y gasistas a conceder la reducción de potencia de sus facturas sin cobrar por ello, lo que permitirá a pymes y autónomos rebajar una parte de sus recibos para hacer frente así a la crisis derivada del coronavirus. Hasta ahora, las grandes distribuidoras de luz y gas (Iberdrola, Endesa y Naturgy) permitían dicha operación (que no va contra sus ingresos sino contra el sistema eléctrico) pero cobraban tanto la bajada como la posterior subida, lo que hacía que esta medida, en la práctica, no supondría ahorro para muchas pymes, por lo que desistían de esta opción.

Sin embargo, ahora, según el plan aprobado por el Consejo de Ministros este martes "se permite que los autónomos y empresas puedan suspender temporalmente sus contratos de suministro o modificar sus modalidades de contratos sin penalización; asimismo, se les posibilita el cambio de peaje de acceso y el ajuste de la potencia contratada al alza o a la baja, sin coste alguno. Una vez concluido el estado de alarma, se les vuelve a permitir una nueva modificación sin coste ni penalización".

De manera paralela para el gas: "con la finalidad de reducir al máximo los costes fijos de los titulares de puntos de suministro cuya actividad productiva y, por extensión, su necesidad de consumo de gas natural ha descendido en el contexto actual, es preciso disponer de un mecanismo urgente que les permita ajustar la capacidad contratada de los puntos de suministro a sus necesidades reales, cambiar el escalón del peaje de acceso o, incluso suspender temporalmente el contrato de suministro sin coste alguno".

Además, el Ejecutivo "ha establecido un mecanismo de suspensión del pago de la factura de electricidad, gas natural y otros productos derivados del petróleo, por parte del titular del contrato al comercializador de electricidad y gas o, en su caso, el distribuidor en gases manufacturados y GLP canalizado". De esta forma, el Gobierno regula la avalancha de solicitudes de aplazamiento que estaban solicitando las eléctricas.

Exime de pagar peajes e impuestos al comercializador

Para que los costes no recaigan en la comercializadora o la distribuidora y no tengan que asumir fuertes cargas de tesorería "se les exime de afrontar el pago de los peajes durante el periodo de suspensión del pago". Tampoco deberán pagar los impuestos asociados a los recibos de luz, gas y derivados del petróleo.

Se podrá recurrir a financiación blanda para los costes derivados de la suspensión del pago de suministros: "Adicionalmente, para aliviar la carga financiera que supone esta medida sobre las comercializadoras de electricidad y gas, sobre los distribuidores de gases manufacturados y GLP canalizado, y sobre los distribuidores de electricidad, se habilita a todas estas empresas a acceder a la línea de avales establecida en el artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o cualquier otra línea de avales que se habilite con este fin específico. La cantidad avalada coincidirá con la cantidad en la que hayan disminuido los ingresos de cada agente como consecuencia de esta medida", asegura el Ejecutivo.

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez (i) y el vicepresidente de Derechos Sociales Pablo Iglesias. (EFE)
El presidente del Gobierno Pedro Sánchez (i) y el vicepresidente de Derechos Sociales Pablo Iglesias. (EFE)

La potencial reducción de facturación por pago de menos peajes supondrá una merma de ingresos para los sistemas eléctrico y gasista. A este respecto, el Gobierno pretende cubrir el potencial déficit con cargo a unos nuevos presupuestos generales del Estado. Esta partida añadida al presupuesto del Ministerio para la Transición Ecológica irá directa a la CNMC, quien dispondrá de los recursos para el pago de liquidaciones del sistema (pago a distribuidoras, transportistas, extrapeninsular, primas renovables y deuda histórica).

Todas estas medidas podrán mantenerse hasta tres meses después de que se levante el estado de alarma. Las comercializadoras deberán ponerse al día de los pagos de los que ahora están exentos a medida que reciban los abonos de sus clientes. No obstante, se da un plazo de seis meses como máximo, con lo que en caso de que se mantengan los impagos para entonces, las firmas de distribución y comercialización tendrían que hacer frente a los pagos que no hayan recibido.

No podrán cortar suministros a nadie

"Excepcionalmente, mientras esté en vigor el estado de alarma, no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, incluidos los gases manufacturados y los gases licuados del petróleo, gas natural y agua a los consumidores personas físicas en su vivienda habitual, por motivos distintos a la seguridad del suministro, de las personas y de las instalaciones, aunque conste dicha posibilidad en los contratos de suministro o acceso suscritos por los consumidores de conformidad con la normativa sectorial que les resulte aplicación en cada caso" señala el Gobierno de coalición.

"Para acreditar ante el suministrador que el suministro se produce en la vivienda habitual, el consumidor podrá emplear cualquier medio documental que acredite de manera fehaciente dicha circunstancia", prosigue.

"Asimismo, el periodo durante el que esté en vigor el estado de alarma no computará a efectos de los plazos comprendidos entre el requerimiento fehaciente del pago y la suspensión del suministro por impago establecidos en la normativa vigente o en los contratos de suministro en su caso", concluye.

Las eléctricas ya decían que durante el estado de alarma no procederían a hacer cortes, pero ahora les obligan por ley.

Bono social para autónomos afectados

Además, el plan de medidas económicas para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19 contempla que aquellos ciudadanos que han visto reducidos sus ingresos de manera drástica por la declaración del estado de alarma (autónomos con 75% menos de facturación por el coronavirus) puedan acogerse al bono social, el descuento de factura de la luz y el gas que hasta ahora reciben los más vulnerables. La medida, que fue avanzada por el responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera, incluía entonces a los trabajadores afectados por ERTEs, pero finalmente se ha descartado esta opción.

En ningún caso la consideración de consumidor vulnerable por el cumplimiento de los apartados anteriores se extenderá más de 6 meses desde su devengo. "La empresa comercializadora de referencia estará obligada a indicar al consumidor, en la última factura que emita antes del vencimiento del plazo de 6 meses, la fecha de tal vencimiento, informando de que, una vez superado dicho plazo, el consumidor pasará a ser facturado a PVPC por la misma comercializadora de referencia, e indicando la posibilidad de que el consumidor pueda, alternativamente, contratar su suministro con un comercializador en mercado libre", detalla el plan del Ejecutivo.

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