El PP estudia una ofensiva con doble recurso al TC por el impuesto a los ricos

El PP estudia una doble ofensiva al impuesto a las grandes fortunas en el Tribunal Constitucional. Las comunidades autónomas con gobiernos populares servirán como punta de lanza contra el tributo ideado por la ministra María Jesús Montero, ya que presentarán un recurso por invasión de competencias una vez conozcan el texto que avaló el jueves el Congreso de los Diputados. Génova estudia redoblar su ataque con un escrito desde las Cortes por la fórmula elegida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para instaurarlo, una enmienda a la proposición de ley sobre los gravámenes a la banca y a las eléctricas.

Los populares han fijado su rechazo a la nueva política fiscal del Gobierno en el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas. La tesis en Génova es que deben ser los sectores afectados por los otros dos tributos quienes les planten cara. El nuevo gravamen a los ricos viene a sustituir al impuesto al patrimonio en las comunidades donde el PP lo ha bonificado, por lo que los populares lo consideran un "ataque a la autonomía fiscal" que blinda la Constitución y los Estatutos autonómicos. Por eso serán las regiones gobernadas por el PP quienes darán el primer golpe.

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Lo novedoso es que en el PP contemplan ahora la posibilidad de interponer un recurso al Tribunal Constitucional desde las Cortes. Para ello deben presentar la firma de 50 diputados o senadores, que en este caso no aludirán a la invasión de competencias autonómicas, sino a la fórmula elegida por el Ministerio de Hacienda para aprobar este texto. La inclusión de un nuevo tributo en una enmienda a un texto que ya crea otros dos impuestos es la fuga de agua por la que quiere colarse. Esta maniobra de Montero, critican desde la cúpula popular, "hurta" el debate parlamentario y genera duras sobre el procedimiento elegido por la dirigente socialista, que es "jurídicamente cuestionable".

No obstante, el equipo económico que acompaña a Alberto Núñez Feijóo es muy cauteloso y esperará a que el proceso legislativo esté más avanzado. Este jueves, el pleno del Congreso ha aprobado la citada proposición de ley para gravar los beneficios extraordinarios de las compañías y a las grandes fortunas, pero aún le quedaría una visita a la Cámara Alta. El líder popular no quiere arriesgarse a perder la batalla en los tribunales a pesar de que están convencidos de que tienen razón. Hay que tener en cuenta que el mensaje que envía el entorno de María Jesús Montero es que el nuevo gravamen estará bien atado por los técnicos de Hacienda. Y en el PP cuentan ya con el as en la manga de la ofensiva de las comunidades, que son las principales perjudicadas por el movimiento de la política socialista.

En Génova están a la espera de la renovación del TC para decidir hasta qué punto les sale rentable la doble ofensiva desde las regiones y las Cortes

Parte de esa prudencia tiene también relación con la situación del Tribunal Constitucional, que puede ver como cambian sus mayorías próximamente. El Gobierno de Pedro Sánchez ya contempla, según El País, designar a los dos magistrados del tribunal de garantías que le corresponden sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial escoja a los suyos. El CGPJ ha decidido este mismo jueves que será el 22 de diciembre cuando se produzca la primera votación sobre sus candidatos. De cómo sea la renovación de los cuatro miembros del Poder Judicial dependerá que el órgano tenga mayoría progresista o no. Actualmente, cuenta con ocho magistrados progresistas y 10 conservadores. En Génova están a la espera de la resolución de esta incógnita, ya que, si la mayoría es contraria a sus intereses, la posibilidad de plantear un recurso al impuesto a los ricos desde las Cortes quedaría más lejana y dejarían toda la presión a las comunidades autónomas.

La respuesta de las comunidades

El anuncio de este nuevo impuesto se produjo solo unos días después de que Juanma Moreno desvelase en Madrid la eliminación de patrimonio en Andalucía. Esto generó indignación en el Gobierno andaluz, como admitió el jueves el propio presidente de la Junta. "No lo podemos consentir", espetó el malagueño, que afeó que Montero tomase la decisión sobre impuesto a los ricos justo después de su rebaja fiscal. "Es un contundente ataque a la autonomía andaluza", lamentó el líder popular para confirmar que su gabinete jurídico acudirá al Tribunal Constitucional en cuanto se apruebe la citada proposición de ley.

El Gobierno de Juanma Moreno tardó en confirmar que plantearía respuesta judicial a Montero por su nuevo tributo. No ocurrió lo mismo con el Ejecutivo madrileño, que abrió la puerta cuando solo habían pasado 24 horas desde el anuncio de la ministra de Hacienda. Entonces, Javier Fernández-Lasquetty, cerebro económico de la Puerta del Sol, criticó el "autoritarismo" del Pedro Sánchez y abrió la puerta a ese recurso por invasión de competencias que también se espera que llegue desde Murcia, que se ha unido recientemente a la bonificación del impuesto al patrimonio, Galicia y Castilla y León.

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El impuesto anunciado por María Jesús Montero será bonificado en las comunidades que todavía gravan el patrimonio para evitar la doble tributación. Este es uno de los argumentos que lleva a PP a plantear la batalla contra un impuesto que consideran anacrónico. Juanma Moreno abrió en septiembre la batalla fiscal, lo que le granjeó críticas del Gobierno central y otras comunidades socialistas, que lo acusaron de practicar dumping fiscal.

El barón andaluz acabó con un impuesto que paga el 0,6% de la población de su comunidad y que supone unos ingresos anuales que rozan los 100 millones de euros. Su tesis es que este impuesto espantó a grandes fortunas andaluzas (muchas se fueron camino de Madrid) e impide que ricos procedentes de otros países, como los británicos que viven en la Costa del Sol, se censen en la comunidad. Su teoría es que la llegada de estos contribuyentes permitirá aumentar la recaudación de otros impuestos como el IRPF y el IVA, lo que compensa la caída de ingresos que provoca la bonificación de patrimonio.