Bruselas da margen de maniobra fiscal a Sánchez de cara al año electoral de 2024

La Comisión Europea tiene buenas noticias para Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en pleno año electoral. El Ejecutivo comunitario ha publicado este miércoles sus recomendaciones específicas por país y sus análisis de los programas de estabilidad enviados por los Estados miembros, y ha señalado que España debe limitar el aumento de su gasto neto primario a un 2,6%. Según la Comisión, con el plan remitido por el Gobierno hace algunas semanas, el crecimiento de los desembolsos que tiene en cuenta Bruselas se limitará al 1,4%.

Esa diferencia de 1,2 puntos ofrecerá a Sánchez cierto margen de maniobra de cara a final de año, cuando se celebrarán las elecciones generales. Le permitirá hacer promesas sabiendo que tiene espacio fiscal para ser creativo de cara a los próximos presupuestos generales del Estado, que será contra los que habrá que comprobar si el gasto neto primario cumple con los requisitos exigidos por la Comisión. La referencia utilizada más laxa, ya que no incluye los intereses de la deuda, el gasto cíclico en desempleo y el de fondos europeos, a la espera del acuerdo final sobre las nuevas reglas fiscales, que ahora negocian los Estados miembros.

Sin embargo, la Comisión ya advirtió de que los presupuestos del año que viene tendrían que hacerse teniendo en cuenta los nuevos parámetros. Es la primera vez que ocurrirá desde 2019, ya que las normas se suspendieron al inicio de la pandemia. No hay tiempo que perder, y por eso el Ejecutivo comunitario pide en sus recomendaciones de primavera retirar ya las medidas contra la crisis energética, que, según sus técnicos, representan el 0,6% del PIB nacional, y dedicar ese ahorro a reducir el déficit.

En los últimos meses, los principales organismos internacionales han advertido de la necesidad de focalizarlas, algo que el Ejecutivo ha ido haciendo, pero no lo suficiente. De hecho, de esas seis décimas, Bruselas considera que solo dos corresponden a ayudas destinadas a los más vulnerables. El propio Banco Central Europeo (BCE) ha alertado del problema para la sostenibilidad de las finanzas públicas que supone el gasto de los escudos sociales, que han desarrollado —en mayor o menor medida— todos los países europeos. También el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que han advertido del riesgo de que este gasto coyuntural se acabe convirtiendo en estructural.

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Pero lo que puede ser interpretado como un ajuste para los planes del Gobierno es, en realidad, otro regalo para la campaña del presidente. La petición de la Comisión permitirá a la Moncloa justificar la retirada de unas ayudas, que, tal y como ha afirmado la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, tarde o temprano tendrían que desaparecer. Se limitará, así, el desgaste político de acabar con algunas medidas, como por ejemplo las bonificaciones y rebajas del IVA de los alimentos, que caducan el 30 de junio.

La retirada tendrá un impacto positivo sobre los ingresos del Estado

En un momento en que el precio de los comestibles sigue disparado y existe una gran preocupación social sobre este asunto, el Gobierno encontrará el pretexto perfecto para sustituirla por otras subvenciones directas, como publicó este periódico hace unos días. Además, la retirada tendrá un impacto positivo sobre los ingresos del Estado. El Partido Popular ya ha pedido al Ejecutivo que aclare qué va a hacer con las rebajas fiscales, pero este no dará ningún paso en falso antes de las elecciones municipales y autonómicas del domingo.

Otro balón de oxígeno

La de este miércoles era una de las citas complicadas que le quedaban a la Moncloa antes de los comicios, en los que el PSOE se juega buena parte de su poder territorial. Un cuestionamiento de Bruselas a las previsiones del Ejecutivo reavivaría el debate sobre la credibilidad de sus planes económicos, pero la Comisión Europea le ha dado un nuevo balón de oxígeno, como viene siendo habitual en los últimos tiempos.

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El informe de primavera recuerda que el escenario macroeconómico en el que se basan las proyecciones presupuestarias del programa de estabilidad "es realista para 2023", aunque subraya que las estimaciones resultan "optimistas" a partir de entonces. Alrededor de los datos de 2024 hay cierta disputa. El Gobierno prevé cumplir con las normas del pacto de estabilidad y crecimiento y situar el déficit presupuestario en el 3% el año que viene, mientras que la Comisión Europea es más cauta y considera que el ajuste se quedará en el 3,3%.

Pero dentro del Ejecutivo comunitario saben que las cifras bailan mucho últimamente, y que Madrid, que se ha mantenido siempre en el lado optimista de las previsiones, ha ido llevando la razón. No consideran que un desvío de tres décimas en la expectativa del déficit de 2024, que se debe en gran medida a las diferencias entre el crecimiento que esperan el Gobierno (del 2,4% del PIB) y la Comisión (del 2%), sea significativo. Eso no impedirá que el año que viene, si finalmente las previsiones españolas se demuestran optimistas y el déficit se queda por encima del 3%, Bruselas se vea obligada a abrir un procedimiento de déficit excesivo, ya que las reglas fiscales se habrán reactivado para entonces.

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Las nuevas reglas fiscales

Durante muchos años, la Comisión Europea ha estado a cargo de repartir malas noticias a los gobiernos españoles. Ajustes, exigencias y mano dura. Eran los tiempos de los recortes y la austeridad. Pero a raíz de la pandemia, la suspensión de las reglas fiscales —y también una reflexión más amplia sobre la necesidad de cambiar el marco de esas normas— ha dado un giro a la situación: el Ejecutivo europeo ha ido cambiando su estilo, sus formas y su fondo.

De hecho, la Comisión ha hecho su análisis, en esta ocasión, teniendo muy en cuenta unos preceptos que todavía no están anclados del todo. Bruselas está impulsando una reforma del marco que genera bastante división entre algunos Estados miembros y cuya principal característica es que utiliza una única referencia, el gasto neto primario, un punto, en todo caso, en el que sí hay mucho consenso entre los ministros de Finanzas. Es la manera de hacer normas más simples y directas que sean más fáciles de aplicar, argumentan en la Comisión Europea. También son unas reglas más cómodas para las capitales, con más margen y más control sobre cómo reducir sus desequilibrios y lograr la consolidación fiscal.

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Normalmente, los técnicos comunitarios se habrían centrado sobre otra cifra, la del ajuste estructural. Con las antiguas normas en la mano, la Comisión solicita a España un ajuste del 0,7%. Eso son unos 9.300 millones de euros que el Gobierno debería ingresar o recortar. Sin embargo, los expertos europeos se centran en esta ocasión en el gasto primario neto. Tienen que seguir incluyendo en el documento la referencia al ajuste estructural, pero su recomendación se enfoca exclusivamente en mantener el aumento del gasto primario neto por debajo del 2,6%.

Con este cambio, el Gobierno sale ganando. El aumento del gasto neto del 1,4% que prevé Bruselas implica un ajuste del déficit estructural de tan solo el 0,5% del PIB, como se admite en los propios documentos de la Comisión Europea. Incluso así, el Ejecutivo comunitario da margen para aumentar los desembolsos en un punto y dos décimas. Esto es oro para Sánchez, que ha aprovechado la recta final de las elecciones del 28 de mayo para anunciar nuevas medidas —aunque muchas de ellas ya estaban presupuestadas— y no dudará en utilizar el nuevo colchón como arma para la próxima batalla: las generales de final de año.