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Montero confía en 92.000 millones más de ingresos para evitar recortes en la próxima legislatura
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PROGRAMA DE ESTABILIDAD

Montero confía en 92.000 millones más de ingresos para evitar recortes en la próxima legislatura

El Gobierno vincula el plan de consolidación fiscal a la persistencia de los récords de recaudación y la progresiva retirada de los paquetes de ayudas contra la guerra

Foto: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el presidente, Pedro Sánchez. (EFE/Kiko Huesca)
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el presidente, Pedro Sánchez. (EFE/Kiko Huesca)

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lanzó este jueves en los pasillos del Congreso una frase que resume, como ninguna otra, la estrategia presupuestaria del Ejecutivo: "Lo bonito y lo bueno de este dato de consolidación fiscal [es que se hace] sin practicar políticas de recorte, intentando ayudar a todos aquellos sectores que han tenido una peor situación y, por tanto, protegiendo a la mayoría social del país". Se refería al objetivo de déficit para 2024, que el Gobierno ha bajado del 3,3% al 3%, adelantando un año el cumplimiento de las reglas fiscales europeas.

La coalición, que hasta ahora se ha beneficiado de la suspensión de las normas comunitarias desde el estallido de la pandemia para practicar una expansión del gasto público sin precedentes, no tendrá más remedio que apretarse el cinturón a partir de 2025, cuando regresen las sendas obligatorias de ajuste y las sanciones para los incumplidores. Pero, para hacerlo, promete no recurrir a las mismas políticas que protagonizaron los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy durante la crisis de la década pasada.

Esta vez, el Gobierno se guarda una baza que permitirá cuadrar las cuentas, al menos de manera progresiva, durante los próximos años, sin dejar desprotegidos a los más vulnerables ni poner en peligro la paz social. A diferencia de lo que ocurrió durante la Gran Recesión, la recaudación fiscal no solo no se ha desplomado, sino que ha batido todos los récords a lomos de la inflación, el empleo y el afloramiento de la economía sumergida. El Ejecutivo cree que este escenario continuará y les brindará a las arcas públicas unos 92.500 millones de euros adicionales en 2026. Ese año debería constituir el tercer ejercicio de la próxima legislatura, que avanzará sin recortes, esperan en la Moncloa, gracias a un incremento de los ingresos que se habrá convertido en estructural. Gobierne quien gobierne tras las elecciones generales del próximo diciembre.

El Programa de Estabilidad que España envió este viernes a Bruselas contempla un ajuste de unos 11.000 millones de euros solo el año que viene, según la estimación de El Confidencial a partir de las tablas que figuran en el documento. Es la única manera de reducir nueve décimas el déficit de una tacada, desde el 3,9% previsto para este año hasta el límite que marcan los tratados, y que se mantendrá con la recuperación de las reglas fiscales. Sin embargo, esta corrección no se emprenderá por la vía del gasto. Al menos no por la del gasto estructural, según se compromete el Ejecutivo en el texto.

Foto: La vicepresidenta Nadia Calviño y el comisario de Economía, Paolo Gentiloni. (EFE/Jennifer Jacquemart)

Aunque el peso de los desembolsos de las administraciones públicas en el PIB caerá un punto el año que viene, al pasar del 47,3% previsto para este ejercicio al 46,3%, esto no significará que vaya a haber recortes. De hecho, según las proyecciones de este periódico, el gasto público aumentará en unos 1.500 millones de euros en 2024 —si se le resta el aumento del pago de los intereses de la deuda, el saldo es de un descenso de algo más de 1.000 millones—. No hay que confundir los términos absolutos con los relativos: pese a que se desembolsará menos en relación con el PIB —que crecerá un 2,1%, según el Ejecutivo—, las cifras totales son mayores, en parte por el incremento de los desembolsos dedicados a la revalorización de las pensiones y el salario de los funcionarios.

Esto no impedirá, de acuerdo con las cifras remitidas por el Gobierno, una reducción del déficit. El saldo público se mide como la diferencia entre los ingresos y los gastos, y los primeros crecerán de una forma mucho más intensa que los segundos, permitiendo reducir el desequilibrio. Según el Ejecutivo, el erario público se embolsará en 2024 unos 13.000 millones de euros más que este año, pese a que el peso de la recaudación descenderá una décima sobre el PIB, hasta el 43,3%.

El incremento de la recaudación irá directamente a reducir el déficit, sin apenas tocar el gasto

El impulso de los ingresos iría, casi directamente, a reducir el déficit público, sin apenas tocar el gasto. En el documento, el Ejecutivo no plantea a Bruselas ningún recorte, más allá de una referencia genérica a la normalización de la situación generada por la irrupción del covid y la crisis energética, que se iniciará este mismo año y culminará en 2024. A partir de ahí, el peso del gasto sobre el PIB se mantendrá estable.

Los paquetes de ayudas y las rebajas fiscales para paliar el impacto de la inflación sobre las familias han supuesto un coste de 35.000 millones de euros, y organismos como el Banco de España ya han pedido que se inicie su retirada aprovechando la moderación del índice de precios de consumo (IPC): solo se deberían mantener aquellas enfocadas a quienes más lo necesitan. "El paquete de medidas diseñado para 2023 se focaliza más en los hogares más vulnerables y los sectores más expuestos a la subida de precios energéticos, limitando además su coste fiscal frente a 2022", reivindica el Gobierno.

Foto: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

El Ejecutivo recuerda que, del déficit del 4,8% con el que España cerró el año pasado, 1,7 puntos corresponden al escudo social frente a la guerra. "Dicho de otra manera, de no ser por la crisis energética, España habría cerrado en 2022 con un déficit similar a los niveles prepandemia", añade. No es difícil adivinar que, del ajuste de 20.000 millones previsto en 2023 y 2024 para llegar a cumplir el objetivo europeo del 3%, la mayor parte se lo llevarán la retirada de estas medidas, sin tener que tocar sanidad, educación, servicios sociales o pensiones.

Un aumento de ingresos estructural

A partir de 2025, cuando la situación de gasto se normalice, el Ejecutivo prevé seguir reduciendo el déficit, aunque a un ritmo más moderado, gracias al continuo aumento de los ingresos, que proporcionarán 92.500 millones anuales más al final del período. El peso de los ingresos sobre el PIB pasará del 43,4% al 43,8%, impulsado por el crecimiento económico (2,4% en 2024, 1,8% en 2025 y 1,7% en 2026) y la creación de empleo. De hecho, la tasa de paro caerá por debajo del 10%, un nivel nunca visto desde hace 15 años, gracias a la creación de 1,1 millones de puestos de trabajo.

Sin embargo, la "fuerte correlación" —según reza el texto— entre los indicadores macroeconómicos y los ingresos fiscales no es suficiente para un incremento tan espectacular de los segundos, que superarán al crecimiento anual del PIB pese a la progresiva normalización de la inflación. El Ejecutivo considera que el alza de la recaudación, que batió su récord este año, es de naturaleza "permanente y estructural", más allá de lo que pase con el IPC, y que en España esta siempre ha aumentado más que el producto interior bruto en los períodos de bonanza como el que se espera para los próximos años.

Según el Gobierno, el gasto por la crisis inflacionista no se convertirá en estructural, pero el incremento de la recaudación sí

Además, el Gobierno alude a los otros dos argumentos que suele emplear para negar que la espiral de precios sea el principal alimento que engorda las arcas del Estado: la lucha contra el fraude fiscal y el afloramiento de la economía sumergida para poder acceder al reparto de las ayudas contra la crisis, que habrían provocado un "cambio de mentalidad" de los agentes económicos. Pese a que el Banco de España y muchos expertos siguen sin explicarse una parte del incremento de la recaudación, el Ejecutivo manda un mensaje de tranquilidad a Bruselas: "El previsible menor crecimiento del IPC en 2023 y siguientes no constituye un factor de riesgo para los ingresos".

En definitiva, Montero confía en darle la vuelta a los miedos del regulador y de otros organismos, como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), para dibujar la senda que permitirá a España reducir la deuda y el déficit durante los próximos años: el gasto por los paquetes de ayudas contra la guerra no se convertirá en estructural, como temen los guardianes de la ortodoxia fiscal, pero el incremento de la recaudación sí, como dudan los pepitos grillos que susurran al oído de la ministra.

"La estrategia fiscal para el periodo 2023-2026 viene marcada por un dinámico crecimiento de los ingresos públicos, especialmente de los ingresos tributarios, lo que viene a consolidar la tendencia observada en estos dos últimos años, 2021 y 2022", concluye el documento del Ejecutivo. Todas las cuentas dependen de esa premisa. Si no se cumple, los españoles ya saben lo que les espera. Solo hace falta remontarse unos años atrás para recordarlo.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lanzó este jueves en los pasillos del Congreso una frase que resume, como ninguna otra, la estrategia presupuestaria del Ejecutivo: "Lo bonito y lo bueno de este dato de consolidación fiscal [es que se hace] sin practicar políticas de recorte, intentando ayudar a todos aquellos sectores que han tenido una peor situación y, por tanto, protegiendo a la mayoría social del país". Se refería al objetivo de déficit para 2024, que el Gobierno ha bajado del 3,3% al 3%, adelantando un año el cumplimiento de las reglas fiscales europeas.

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