España pilotará el grueso de la negociación de las reglas fiscales con Berlín a la defensiva

La Comisión Europea ha presentado este miércoles sus propuestas legislativas para reformar la gobernanza económica de la Unión Europea, unas reglas fiscales que llevan suspendidas desde el inicio de la pandemia y que se reactivarán en 2024, pero que necesitaban una revisión general que se espera pueda aplicarse ya en 2025. ¿En qué sentido debía hacerse esa revisión? Eso es precisamente lo que divide a los Estados miembros. Ahora se abre un tiempo de negociaciones muy difíciles en que la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que arranca en julio, tendrá un papel fundamental.

La conversaciones entre los Estados miembros estarán empezando justo cuando España asuma la presidencia, y fuentes europeas y del ministerio apuntan a que la expectativa sigue siendo cerrar un acuerdo entre capitales en diciembre de 2023, justo cuando finaliza el semestre español, por lo que le tocará a la presidencia hispana la parte más compleja: poner de acuerdo a países que defienden posturas radicalmente distintas en algunos puntos de la reforma, y hacerlo sin que el resto de capitales piensen que está tomando partido por uno de los sectores del debate en que claramente se encuentra el Gobierno español.

La propuesta inicial de Bruselas apunta a unas reglas más flexibles y sencillas, en las que los Estados miembros tengan mayor poder de decisión sobre sus sendas de ajuste fiscal. Desaparecen algunas normas sobre las que todos estaban de acuerdo que eran dañinas, como la necesidad de reducir 1/20 el nivel de deuda pública anualmente, y además las multas se hacen más pequeñas para que sean menos tóxicas políticamente, lo que facilitará que se impongan y se haga así cumplir las normas. Pero las nuevas reglas tendrían un importante componente de negociación entre la Comisión y las capitales, y eso hace desconfiar a los Estados miembros que consideran que el Ejecutivo comunitario no se toma suficientemente en serio su papel de vigilante de la disciplina fiscal.

Por eso, la Comisión Europea ha hecho algunas cesiones importantes a Alemania y Países Bajos, cambios que las fuentes comunitarias admiten que se han incluido en las últimas semanas. Por ejemplo, se establece que el crecimiento del gasto neto primario debe estar por debajo del crecimiento del PIB a medio plazo, o que aquellos países que superen el 3% del déficit deban hacer un ajuste anual del 0,5%. Son dos hitos claros que sirven como una oferta de compromiso a los más escépticos.

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Esas cesiones han llegado tras un lobby intenso de Alemania, especialmente en las últimas semanas. A principios de abril, Berlín movió un documento de reflexión en el que exigía a Bruselas hitos numéricos, como por ejemplo que los países con alto nivel de endeudamiento tuvieran que reducir el ratio de deuda respecto al PIB un 1% anualmente, o que se activaran automáticamente procedimientos de déficit excesivo cuando este superara el 3%. Christian Lindner, ministro de Finanzas alemán, redobló la presión en las últimas horas publicando una columna en el Financial Times y amenazando incluso con hacer descarrilar las negociaciones antes de que arranquen. "La reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento no puede ser un fin en sí mismo. Solo es aceptable si realizamos mejoras significativas en el marco. De lo contrario, no sería aconsejable cambiar las reglas", escribió.

Fuentes comunitarias admiten que los cambios que han hecho para incluir esas dos "salvaguardias", como se le denominan, son "cesiones", aunque ni mucho menos van tan lejos como solicitaba Lindner. "Es un compromiso defendible", asegura la citada fuente, que señala que se ha tenido que buscar un equilibrio entre las exigencias de los distintos Estados miembros, mostrando la dificultad del dosier. Otra fuente europea señala que la Comisión ha propuesto "algo equilibrado" y que "ha escuchado a las partes y sus diferentes intereses" haciendo "un buen trabajo". Pero ni siquiera estas cesiones y esfuerzos, que en la Comisión Europea consideran que son considerables, parecen suficientes para Alemania.

Los cambios que han hecho para incluir esas dos "salvaguardias" son "cesiones", aunque no van tan lejos como solicitaba Lindner

"Las propuestas de la Comisión Europea aún no cumplen los requisitos de Alemania. Necesitamos asegurar una economía estable y necesitamos superar las altas deudas y los déficits en Europa", asegura el ministerio de Finanzas germano. "Eso es lo que la gente espera de nosotros y lo que es importante para un buen desarrollo económico. El Gobierno alemán examinará las propuestas de la Comisión Europea. Trabajaremos de manera constructiva, pero nadie debe caer en el malentendido de que Alemania automáticamente dará su consentimiento a las propuestas. Solo aceptaremos reglas que permitan un camino confiable para reducir la deuda y estabilizar las finanzas públicas", señala Berlín en un comunicado duro que llegó pocas horas después de la presentación de la propuesta, mostrando que el Gobierno alemán no suaviza sus posiciones a pesar de las cesiones.

Una negociación compleja

La presentación de la propuesta legislativa era la parte fácil. Llena de tensión, de presiones y de intentos por influir a los técnicos comunitarios, pero incluso así era la parte menos tensa y compleja. Lo difícil será poner de acuerdo a los Veintisiete con posturas muy enfrentadas, como demuestra lo que la Comisión Europea ha tenido que sudar para aterrizar la propuesta inicial. Ese trabajo de poner de acuerdo a todas las capitales ya no le toca al Ejecutivo comunitario: ese es el papel de la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea.

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Por ahora la presidencia la ostenta Suecia, que es la encargada de marcar el ritmo y el calendario, pero en Estocolmo no parecen tener demasiada prisa por imprimir velocidad a este debate. "El asunto podría ir en la agenda del Consejo de Economía del 16 de junio. No sería antes porque hace falta mucho trabajo técnico y de análisis", explica una fuente europea. "A nivel de expertos, el trabajo comenzará el 2 de mayo. Básicamente, la presidencia planea ponerlo en la agenda de los ministros cuando tenga sentido y se puedan hacer progresos", añade la misma fuente.

Eso significa que, con suerte, los ministros abordarán el asunto en la última reunión de la presidencia sueca. A partir de julio, España coge las riendas y le tocará encargarse del grueso de la negociación entre ministros, que deben acordar una posición común respecto a la reforma antes de sentarse a negociar con el Parlamento Europeo en los conocidos como trílogos, de los que sale el texto final que es adoptado. Una fuente europea señala que espera que el Consejo pueda alcanzar una posición común en diciembre, algo en lo que coinciden fuentes del ministerio de Economía español. Pero como muestran los mensajes del Ministerio de Finanzas, las conversaciones van a ser complejas.

Con suerte, los ministros abordarán el asunto en la última reunión de la presidencia sueca

En el mejor de los casos, en Bruselas se espera que las posturas alemanas sean después menos agresivas en la negociación real y que en estos momentos se trate más de un "postureo" político que de amenazas reales. Lindner, además de ministro de Finanzas, es líder de los liberales alemanes (FDP), que han sufrido duros reveses electorales recientemente, lo que ha hecho que los ministros del FDP se vuelvan más agresivos en aquellos dosieres que son importantes para su electorado, como por ejemplo el sector automovilístico, donde Alemania bloqueó un acuerdo ya cerrado políticamente a nivel europeo, o en la cuestión de la disciplina fiscal. La esperanza de algunos en la capital comunitaria es que a puerta cerrada Lindner y su equipo sean menos agresivos.

En todo caso, para España ostentar la presidencia en un momento así es un verdadero caramelo envenenado. Te encuentras a las riendas, marcas el ritmo de la negociación y llevas la batuta, pero precisamente eso hace que España no vaya a poder defender su visión particular de la reforma como lo podría hacer fuera de la presidencia, ya que su trabajo durante esos seis meses incluye que el resto de países le identifiquen como un árbitro justo. Cualquier intento por usar la presidencia para favorecer tus posiciones suele acabar en un bloqueo por parte del resto de Estados miembros, una confianza que es difícil de reconstruir y que es fundamental para el buen funcionamiento de toda la maquinaria de la presidencia.