Moncloa suplirá con otras ayudas directas el fin de la rebaja del IVA a que obliga la UE

Los llamamientos de Bruselas para levantar las medidas extraordinarias del actual decreto anticrisis, que vencen el próximo mes de junio, llegan en el peor momento para la Moncloa. En año electoral y con toda la maquinaria orientada a la precampaña de las generales. Para contrarrestar el previsible coste electoral de no prorrogar algunas de sus principales actuaciones, como la rebaja del IVA a los alimentos, la subvención al transporte público o al gasóleo para los profesionales, tal y como adelantó este diario, la intención del Ejecutivo pasa por aplicar "nuevas medidas" en forma de ayudas directas.

Se revisarán así las actuaciones consideradas "estructurales", según fuentes económicas del Gobierno, pero sin renunciar a golpes de efecto electoralistas, siguiendo la estela del cheque de 200 euros o las recientemente aprobadas en la campaña del 28-M, como la financiación del billete de Interrail para los jóvenes o del precio de las entradas de cine para los mayores de 65 años. De lo estructural a lo coyuntural, con un tenor más efectista en lo electoral. Y todo ello, siempre en función de la evolución de la inflación. El presidente Sánchez hacía este matiz en la última sesión de control al Gobierno en el Congreso, preguntado por la prórroga del escudo social. En función de la coyuntura, respondió a la interpelación de EH Bildu, "el Gobierno va a traer a esta Cámara unas nuevas medidas sociales". Estas últimas serían de carácter coyuntural, según complementan fuentes del Ejecutivo.

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Los socios parlamentarios no se fían de las medidas que suplirán lo que los departamentos económicos de la Moncloa llaman "desconexión" de las medidas extraordinarias. Esto es, las aprobadas por la pandemia, primero, y para paliar las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, después. Así lo hicieron ver en el debate parlamentario que acto seguido a la referida sesión de control centró la moción sobre la recuperación de las reglas fiscales y sus consecuencias. De hecho, los socios vienen repitiendo durante los últimos meses que ya no solo su apoyo al Gobierno, sino la propia reedición de la coalición en las urnas, dependerá de la "valentía" para profundizar un escudo social no coyuntural, sino "permanente".

La revisión de estas medidas, algunas en junio y el resto a final de año, tiene que ver precisamente con la necesidad de ir ajustándose a las nuevas reglas fiscales. El retorno de las reglas fiscales se reactivará en 2025, pero el Ejecutivo comunitario ha demandado a los países miembros comenzar ya a ajustar sus presupuestos para el próximo año. El Gobierno español, a través de una negociación encabezada por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, se ha comprometido a cumplir con el déficit del 3% de cara al próximo ejercicio, de ahí la revisión de las medidas anticrisis.

La propia titular del Departamento de Asuntos Económicos confirmaba que las actuales medidas del escudo social, principalmente las rebajas fiscales, se tienen que "ir retirando", no solo en España, sino en el conjunto de los países de la UE. Todo ello, confiando en que "siga la tendencia de ralentización" de la inflación. Como ya habían reconocido previamente otras fuentes económicas del Ejecutivo a este diario de forma gráfica, "Europa nos está diciendo que recojamos cable" con las medidas del denominado escudo social.

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Desde el Gobierno, defienden su estrategia electoral para el 28-M encabezada por Pedro Sánchez, centrada en un goteo de anuncios en mítines que luego se aprueban en el Consejo de Ministros, y avanzan que seguirán esta senda tras estos comicios. La campaña de las municipales y autonómicas está siendo una suerte de precalentamiento para la larga campaña de las generales y no se renunciará a medidas electoralistas.

Más de golpe de efecto que de carácter estructural, debido a los llamamientos de Bruselas a cambiar el paso. Además, en su mayoría se trata de partidas ya contempladas en los presupuestos o que se financiarán a través de créditos ICO a cargo de la adenda a los fondos europeos. Esto último es el caso de la línea del ICO de 4.000 millones para la promoción de viviendas con alquileres asequibles, mientras que en los presupuestos ya se incluyeron la mayoría de medidas anunciadas en política educativa o sanitaria. Respecto a estas últimas, que coparon los anunciados del pasado fin de semana en mítines de Pedro Sánchez, incluso se habían acordado en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Tanto la partida finalista de 580 millones de euros para las comunidades autónomas con el fin de descongestionar la atención primaria, anunciada el sábado en el mitin central de Valencia, como la de 38,5 millones para salud mental.

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En la Moncloa y en Ferraz, entienden que esta estrategia de anuncios electorales y posterior aprobación en el Consejo de Ministros les está funcionando, por lo que prevén mantenerla hasta el final de la campaña e incluso mantenerla a partir de junio como parte de la precampaña de las generales. "El presidente del Gobierno hará anuncios ahora y después de las elecciones", indicaba un ministro del ala socialista de la coalición, que destaca el "apoyo real" a sus propuestas entre sus candidatos autonómicos y municipales.

El escudo social, sin embargo, comenzará a decaer antes del verano. El fin del paréntesis expansionista decretado por Bruselas no solo hará más difícil la campaña para la Moncloa, sino también los acuerdos de investidura con sus actuales socios si Sánchez logra reeditar un Gobierno de coalición.