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Moncloa 'juega' con la inflación y dosifica las ayudas sociales antes de las generales
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3.000 M extra para nuevas medidas

Moncloa 'juega' con la inflación y dosifica las ayudas sociales antes de las generales

Aunque desde el Ejecutivo niegan que vayan a hacer "electoralismo", de retrasarse el paquete de medidas en función de la evolución de la inflación "durante el próximo trimestre", su concesión sería en plena precampaña

Foto: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su comparecencia para informar de la tasa de referencia de déficit para 2023. (EFE/Rodrigo Jiménez)
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su comparecencia para informar de la tasa de referencia de déficit para 2023. (EFE/Rodrigo Jiménez)
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El Gobierno ha cumplido con sus previsiones de déficit y el objetivo de contar así con un gasto extra para impulsar nuevas medidas sociales durante este ciclo electoral. Con un déficit público del 4,8%, se trata de dos décimas por debajo del 5% que el Ejecutivo remitió a Bruselas, gracias al aumento extraordinario de la recaudación. Este margen permitirá al Gobierno contar con unos 3.000 millones más para financiar ayudas sociales, que se dirigirán tanto a los sectores más vulnerables como a las clases medias en general. La intención era ponerlas en marcha antes de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28-M, pero la bajada de la inflación este mes de marzo hasta el 3,3% ha llevado a la Moncloa a plantearse guardar esta bala. Aunque desde el Ejecutivo niegan que vayan a hacer "electoralismo", de retrasarse las nuevas ayudas en función de la evolución de la inflación "durante el próximo trimestre", su concesión coincidiría en plena precampaña de las generales.

El próximo paquete de medidas anticrisis, que se justifican para aliviar la situación de los hogares luchando contra la inflación, se situó primero en abril y ahora, fuentes de Hacienda, apuntan "más hacia mayo o junio". Su intención, según estas mismas fuentes, será "seguir renovando medidas" en función del impacto de la inflación, ya no a nivel general, sino en "productos concretos" para extender estas ayudas. Todas las miradas se dirigen a la cesta de la compra, aunque en este campo se reconoce la complejidad para actuar más allá de las ayudas directas sectoriales y la rebaja del IVA.

Foto: Escaparate de una carnicería en Madrid. (Getty/Eduardo Parra)

Las ayudas como el cheque de 200 euros a las familias siguen siendo las que más se valoran para evitar otro tipo de intervenciones. De tipo general, descartando por el momento extender a nivel nacional el bono de alimentos aplicado en la Comunidad Valenciana. Lo ideal, según explican estas mismas fuentes de Hacienda, serían medidas como el descuento aplicado en los carburantes hasta finales del pasado año, pero en alimentación no es posible porque excluiría al comercio de proximidad. Es por esto mismo que tienen algunas dudas sobre el programa implantado por Ximo Puig, aunque está concebido para que la tarjeta prepago pueda utilizarse en cualquier establecimiento cuyo CNAE incluya la venta de productos alimentarios.

Para escrutar la subida de los precios de los alimentos con la vista puesta en los márgenes empresariales, en la última reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria se acordó poner en marcha grupos de trabajo para analizar la cadena de valor del aceite de oliva, leche, miel y algunos productos hortofrutícolas. Se trata de analizar los informes del conjunto de costes que intervienen en cada etapa de comercialización por las que pasa un alimento, desde su recolección en el campo hasta la mesa, y establecen los valores medios para cada uno de ellos, según se explicaba tras el encuentro desde el Departamento de Agricultura, que dirige Luis Planas.

Desde la parte socialista del Gobierno se siguen rechazando las medidas propuestas por el socio minoritario, que van desde topar precios hasta bonificar la cesta de la compra en un 14%. Aunque en un principio se vio con buenos ojos el modelo francés de la "cesta antiinflación", el Gobierno no ha sido proactivo a la hora de intentar explorar este tipo de acuerdo voluntario con las distribuidoras para limitar precios.

Foto: Fuente: iStock

Los departamentos económicos del Ejecutivo, incluido Trabajo, que pertenece a Unidas Podemos, apuestan por que las nuevas medidas se focalicen en ayudas a las familias. Díaz coincide en hacerlo a través de la ampliación del cheque de 200 euros o con fórmulas directas desde la Agencia Tributaria, pero con la exigencia de acelerarlas lo máximo posible. Para la parte morada de la coalición, es urgente seguir tomando medidas por el alza de precios en la alimentación y la subida de las hipotecas, sin esperar a la evolución de los datos sobre la inflación.

Las principales balas electorales que le quedan al Gobierno son el próximo paquete de medidas sociales y la aprobación de la ley de vivienda para regular los precios de los alquileres. Las negociaciones entre los socios sobre esta última norma no han avanzado en los últimos días y los socialistas se han plantado con su última oferta. Se trata de la limitación al 3% de las subidas anuales del precio de los alquileres. Desde el Ministerio de Derechos Sociales, que dirige la líder de Podemos, Ione Belarra, aguantan el envite y exigen ir más allá. Piden que la limitación del 3% anual en la subida de los alquileres se plasme en el texto de la ley, en lugar de hacerlo vía decreto durante todo 2024 (actualmente, se encuentra en el 2%), y posteriormente elaborar un índice que defina un límite a las subidas.

Pese a encallar en este punto, tanto socialistas como morados reconocen que no aprobar la ley de vivienda para regular los alquileres generaría una gran desafección entre sus votantes. En las filas socialistas insisten, asimismo, que con la ley de vivienda no va a suceder lo mismo que con la reforma de la denominada ley mordaza. Esto es, convocar la votación del dictamen sin acuerdo previo y a modo de presión sobre los socios, a riesgo de hacerla fracasar.

El Gobierno ha cumplido con sus previsiones de déficit y el objetivo de contar así con un gasto extra para impulsar nuevas medidas sociales durante este ciclo electoral. Con un déficit público del 4,8%, se trata de dos décimas por debajo del 5% que el Ejecutivo remitió a Bruselas, gracias al aumento extraordinario de la recaudación. Este margen permitirá al Gobierno contar con unos 3.000 millones más para financiar ayudas sociales, que se dirigirán tanto a los sectores más vulnerables como a las clases medias en general. La intención era ponerlas en marcha antes de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28-M, pero la bajada de la inflación este mes de marzo hasta el 3,3% ha llevado a la Moncloa a plantearse guardar esta bala. Aunque desde el Ejecutivo niegan que vayan a hacer "electoralismo", de retrasarse las nuevas ayudas en función de la evolución de la inflación "durante el próximo trimestre", su concesión coincidiría en plena precampaña de las generales.

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