Sánchez mueve partidas de los presupuestos para financiar sus 'martes electorales' y reservarse bazas sociales

El Gobierno está haciendo un encaje de bolillos presupuestario para financiar el goteo de medidas anunciadas por Pedro Sánchez en mítines del PSOE y aprobadas posteriormente en el Consejo de Ministros. Los ministerios que se están haciendo cargo de las numerosas y millonarias medidas llevadas al BOE los martes electorales son los responsables de cuadrar las cuentas de sus departamentos sin incurrir en nuevos gastos. Principalmente, a través de modificaciones presupuestarias, según fuentes de la cúpula del de Hacienda. Por ejemplo, los 10 millones de euros del Ministerio de Cultura aprobados esta semana para subvencionar las entradas de cine a dos euros a los mayores de 65 años deberán financiarse con la transferencia de otra partida del mismo departamento.

El objetivo del Ejecutivo es mantener intacta la estimación de déficit, según las mismas fuentes cercanas a la ministra María Jesús Montero. No desviarse así de los compromisos adquiridos con Bruselas, coincidiendo con la reactivación de las reglas de gasto para 2025 y los ajustes previstos ya de cara al próximo ejercicio. Además, el margen del que se dispone por el aumento de la recaudación permitiría cuadrar la rebaja de 1.807 millones de euros en el IRPF a 800.000 agricultores y ganaderos.

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El conjunto de medidas aprobadas en Consejo de Ministros, y previamente anunciadas por Sánchez en mítines, supera ampliamente los 10.000 millones de euros movilizados en el último decreto del actual escudo social. Con todo, las más cuantiosas se financian con adendas al plan de recuperación o estaban ya incluidas en los actuales presupuestos y solo faltaba por aprobar la distribución autonómica de los fondos asignados. La cuadratura del gasto con modificaciones presupuestarias y el recurso a anunciar medidas que simplemente materializan lo ya incluido en los PGE permiten al Ejecutivo seguir replicando esta estrategia de cara a la campaña de las generales. También guardarse la baza de la extensión del escudo social cuando caduquen en junio algunas de las medidas incluidas en el actual decreto anticrisis.

El propio Pedro Sánchez avanzaba este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso que "en junio va a vencer el plazo de muchas medidas del paquete y el Gobierno de España va a traer, en función de la coyuntura que tengamos, nuevas medidas sociales". En esta línea, fuentes de la Moncloa avanzaban en los últimos días que la afectación al superávit provendrá principalmente "de lo que hagamos a partir de junio". La intención es pisar el acelerador con la vista puesta en las elecciones generales de final de año y un ministro socialista aseguraba que "el presidente del Gobierno hará anuncios ahora", en referencia a la campaña del 28-M, pero también "después de las elecciones" municipales y autonómicas.

Sobre la mesa, se barajan ayudas directas, si bien desde el Ejecutivo reconocen "llamamientos" de Bruselas para evitar que se llegue a 2024 "sin desconectar" las medidas extraordinarias. La intención pasa así por revisar las rebajas fiscales generalizadas incluidas en el último decreto anticrisis, como el IVA a los alimentos, en función de la evolución de la inflación. Y es que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, se comprometió ya con Bruselas a cumplir con el déficit del 3% de cara al próximo ejercicio.

Durante un mitin este miércoles en Ibiza, para arropar a los candidatos a la reelección de la presidencia autonómica y la alcaldía, Francina Armengol y Rafael Ruiz, respectivamente, el presidente del Gobierno y líder de los socialistas ponía en valor las medidas en materia de vivienda aprobadas por el Ejecutivo durante las últimas semanas. Según defendió, con el objetivo de convertir "la causa de la vivienda" en una "causa nacional y en el quinto pilar del estado de bienestar" para "hacer realidad lo que dice el artículo 47 de nuestra Constitución".

En Baleares, más vivienda y menos Bildu

Los socialistas están afanados en intentar retomar la iniciativa de la campaña, arrebatada por la derecha tras el estallido de la polémica que generó EH Bildu al incluir en sus listas electorales a 44 candidatos condenados por delitos de terrorismo. Fuentes de la Moncloa critican como una "instrumentalización irresponsable del terrorismo" el hecho de que el PP esté espoleando esta polémica para cuestionar los pactos de Sánchez con esta formación. Frente a ello, los socialistas aseguran que no variarán su estrategia. "Nosotros no estamos en eso, vamos a seguir con nuestra campaña, ofreciendo soluciones a los problemas de la gente, con una campaña en positivo", indican desde el ala socialista del Ejecutivo.

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Lo cierto es que los anuncios electorales del Gobierno están quedando opacados por un asunto que también viene siendo protagonista en el debate parlamentario, especialmente en las sesiones de control al Gobierno, tanto en el Senado como en el Congreso. Ni en Ibiza ni en Palma hubo nuevos anuncios, tampoco ni una sola referencia a la política de las listas de EH Bildu, pero Sánchez sí trató de confrontar con el PP en materia de vivienda. Según las encuestas de Ferraz, se trata de una de las principales problemáticas señaladas en las encuestas por el electorado balear.

“El debate es bien sencillo, o la ley de la selva que representó la ley del suelo del PP o la ley de vivienda del PSOE que va a hacer de la vivienda el quinto pilar del estado de bienestar”, equiparaba Sánchez para poner cifras a este compromiso: "El plan de vivienda representa ya la construcción en los próximos años de 100.000 viviendas, de las cuales 65.000 viviendas están ya ejecutadas o en fase de ejecución". Educación, sanidad y, en definitiva, fortalecimiento del Estado de bienestar completaron el discurso del jefe del Ejecutivo.

El referido plan en vivienda se ha ido dosificando en diferentes anuncios. Comenzando con el plan de la Sareb para movilizar hasta 50.000 viviendas y destinarlas a alquiler asequible, siguiendo por una línea del ICO de 4.000 millones para la promoción de viviendas sociales y la adquisición de terrenos de Defensa por valor de 620 millones, a través de un crédito extraordinario, para el mismo fin, y concluyendo por la línea de avales para la hipoteca, estimada en 2.500 millones de euros. El problema de la vivienda en primer plano y sin entrar a responder al PP por la polémica de las listas de la izquierda abertzale porque, según ironizaba una fuente de la Moncloa, "Bildu no se presenta en Cáceres o Huelva".