El Gobierno estima una partida de 2.500 M para las ayudas a la entrada de una casa

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la autorización al Ministerio de Transportes para solicitar una línea de avales al ICO con la que se pretende financiar hasta el 20% de la hipoteca a jóvenes y familias con hijos. A la espera de que se firme el convenio en las próximas semanas, se estima para esta medida un presupuesto de alrededor de 2.500 millones de euros, según fuentes de la cúpula del departamento que dirige Raquel Sánchez. Con todo, estas mismas fuentes matizan que ningún solicitante "se va a quedar fuera".

Está por cerrar el acuerdo con las entidades financieras que se adherirán al convenio, así como el tope en el precio de la vivienda que se establecerá para la financiación. Ahora mismo, los técnicos del ministerio están elaborando un estudio por territorios para establecer la media del precio de las compraventas, por lo que el tope dependerá de dónde esté situada la vivienda. La hipoteca avalada no podrá superar el 100% del menor valor entre el de tasación y el precio de compra de la vivienda.

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El plazo del aval otorgado por el Gobierno será por un máximo de 10 años con independencia del plazo de amortización del préstamo y de la existencia o no de periodo de carencia. Lo que también se ha concretado es cómo se repartirá el riesgo de impago en cada operación. Se compartirá entre el ministerio, que asumirá el 20%, y las entidades financieras, que asumirán el 80% restante.

Las ayudas para las hipotecas podrán solicitarse una vez que se apruebe el convenio en el Consejo de Ministros y hasta el 31 de diciembre de 2025, aun con la posibilidad de prorrogarse dos años más. El Ejecutivo calcula en unos 50.000 los potenciales beneficiarios, que serán jóvenes hasta 35 años y con ingresos hasta 37.800 euros anuales y familias con menores a cargo sin límite de edad. En el caso de los adquirientes de una misma vivienda sean dos personas, el límite de ingresos se doblará. Este límite de ingresos se aumentará para el caso de familias monoparentales.

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La medida, que ha sido rechazada tanto por los socios de coalición como grupos parlamentarios afines al Ejecutivo, no pasará por el Congreso para ser ratificada. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya mostraba este lunes su contrariedad y, tras el Consejo de Ministros, volvía argumentar a través de sus redes sociales que "durante años se subvencionó la vivienda como un producto financiero, una política injusta e ineficaz". Sus resultados, según resumía, "precios de la vivienda y el alquiler disparados, y un aumento insoportable de las cuotas hipotecarias por la subida de los tipos de interés".

Desde la Moncloa intentan quitar peso a esta división interna y los ataques de sus socios a la medida, insistiendo en que la vivienda es la principal preocupación de la población, según sus encuestas, y que su objetivo es poner soluciones para facilitar el acceso. También para la compra, como es el caso de esta medida, y no solo para el alquiler. Precisamente, Díaz lamentaba que "no tiene sentido volver a propuestas caducadas" para poner el foco en las medidas de la ley de vivienda sobre alquileres. "Más allá de los tiempos electorales, para convertir la vivienda en un derecho necesitamos aumentar el parque público de vivienda social y regular de manera eficaz los alquileres", concluía.

Con respecto a las hipotecas, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar llamaba a sus socios a "actuar ya para proteger a los cuatro millones de familias hipotecadas y exigirle compromiso a la banca con su país". Lo hemos visto en Grecia, añadía para defender que "es posible suspender las revisiones de los tipos de interés variable este año para congelar las cuotas hipotecarias".

Sobre estas críticas, la ministra de Transportes incidía en "que el objetivo del Gobierno es poner encima de la mesa un instrumento más que pueda servir a la ciudadanía para poder acceder a una vivienda en propiedad. No podemos demonizar la compra en este país porque hay muchas personas que quieren acceder a ella. Lo que hacemos, por lo tanto, es establecer esta línea de crédito a través de los avales del ICO y que pueden complementar a otras medidas que han puesto en marcha diferentes comunidades autónomas".

Desde el Gobierno remarcan que el aval a las hipotecas "es una medida más. No se tiene que leer aisladamente. Hay que valorar el conjunto de medidas que estamos abordando y el impacto que van a tener todas en su conjunto y que nos van a permitir no pasar de ese modelo de la especulación de ladrillo, de la burbuja inmobiliaria que ha dado alas a la especulación y que ha dado alas a la corrupción a un modelo en el que la vivienda es un derecho".