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El resquicio por el que Pedro Sánchez cuela propaganda electoral con el sello de la Moncloa
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El resquicio por el que Pedro Sánchez cuela propaganda electoral con el sello de la Moncloa

El presidente introduce con calzador la promoción de logros y medidas futuras en actos previos al Consejo de Ministros aprovechando la imprecisión de la ley electoral, que sí ha permitido abrir dos expedientes sancionadores a la portavoz

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE/Cati Cladera)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE/Cati Cladera)
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Los mayores de 65 años irán al cine por dos euros, se garantizará el derecho al olvido oncológico, los enfermos de cáncer no tendrán que renovar el carné de conducir cada tres años, se aprobarán medidas para que los discapacitados puedan acceder en cinco años a una pensión... Y lloverán decenas de miles de viviendas, con cargo al erario público. Esta catarata de medidas —y habrá más, según anticipan desde el Gobierno— ha sido lanzada por Pedro Sánchez en las últimas semanas, en plena campaña electoral. Muchas de ellas, en mítines del Partido Socialista, celebrados los fines de semana, justo antes del Consejo de Ministros que convierte en realidad estas iniciativas. Este fin de semana fue la última vez, pero no la primera. Fuentes jurídicas consultadas ven muy difícil que la Junta Electoral Central (JEC) los considere sancionables por incumplir la ley electoral. El presidente utiliza un resquicio legislativo que favorece que pueda lanzarlos en campaña sin arriesgarse a multas, así como al estigma que conlleva un reproche público por parte de la autoridad electoral, apuntan.

Desde el PSOE, se reconoce que se trata de una estrategia que lleva utilizándose desde la precampaña y no se contempla dejar de hacerlo. El presidente del Gobierno la aplica tras comprobar que queda fuera de los límites que fija la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, conocida por sus siglas, Loreg. La norma prohíbe que, desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas, se haga alusión a logros obtenidos o que van a obtenerse, pero exclusivamente si se hace en actos organizados o financiados por los poderes públicos. Actos institucionales. No hay alusión alguna a estos anticipos que se dan fuera de la rueda de prensa que sigue al Consejo de Ministros, en la Moncloa, o en los ministerios.

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este martes en el pleno del Senado. (EFE/Kiko Huesca)

De hecho, señala una de las fuentes consultadas, la ley no prohíbe que se impulsen medidas sociales en este periodo, por mucha carga electoral que tengan. Con un sello muy de los ochenta (la norma es de 1985), no permite actos de inauguración de obras o servicios públicos o de proyectos en los que vayan a desarrollarse. Una previsión que recuerda al famoso "queda inaugurado este pantano", sello de la etapa franquista, que políticos de todos los signos heredaron como sistema, tratando de esquivar la prohibición y llevar la foto del resultado de su inversión y la acción de gobierno hasta el límite mismo del anuncio electoral que los capaba.

Otras fuentes apuntan que la línea roja ha quedado clara para la Moncloa a la vista de los expedientes sancionadores y multas efectivas en este periodo electoral y en anteriores. En solo un mes, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha recibido cuatro avisos de la JEC por incumplir su labor de neutralidad y emplear la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para hacer campaña. De estas advertencias han cristalizado dos expedientes sancionadores, siempre tras una denuncia del PP.

Foto: El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE/Sergio G. Cañizares)

El mismo Sánchez fue multado por la JEC por actos previos a los comicios del 10 de noviembre de 2019, por una entrevista realizada en el Palacio de la Moncloa el 25 de octubre de 2019 con una televisión privada, en periodo electoral, cuyo contenido se subió a continuación a la página web de la Presidencia del Gobierno. La anterior portavoz, Isabel Celaá, recibió también sanciones por alusiones en la citada rueda de prensa. La suma de las multas que pagaron ambos no llega a los 3.000 euros, la cuantía máxima que contempla la norma.

No obstante, si el uso directo de la Moncloa está vedado, hacer spoiler de lo que hará la Moncloa no lo está. Tanto es así que en el PP, que suele estar detrás de la inmensa mayoría de las denuncias que acaban en sanción, lo ven muy complicado. Aunque no quieren anticipar movimientos, reconocen que las opciones de que prospere una denuncia ante la JEC son muy limitadas. Oficialmente, Génova solo afirma que emprenderán todas las actuaciones que vean viables sus servicios jurídicos, sin aclarar qué opciones manejan. Presumen de haber "amansado a la ministra portavoz", en referencia a los citados expedientes y apercibimientos que ya constan en el historial de Rodríguez.

Foto: La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. (EFE/J.J. Guillén)

Un veterano dirigente del grupo parlamentario niega incluso una de las premisas con las que se manejan en la Junta Electoral Central, que únicamente puede actuar ante denuncias por hechos concretos, nunca de oficio. En la tesitura actual, argumenta, habría margen para llamar la atención del Ejecutivo. "Algún toque podrían, o deberían, darle, porque es indecente", argumentan desde Ciudadanos. Como el PP, reconocen que es "muy difícil" que prospere cualquier denuncia, pero cuestionan varios aspectos. En primer lugar, se plantean dónde está el límite sobre qué se entiende por la labor del Gobierno, y qué obedece al criterio de oportunidad de la Moncloa.

Distintos juristas aprecian que la situación es "grosera", pero comparten que el margen de actuación es casi inexistente. Un magistrado con experiencia en juntas electorales sí plantea un pequeño resquicio, ya que el Ejecutivo deja de promocionar sus actuaciones bajo el techo del Consejo de Ministros, pero no uno o dos días antes, en mítines y otros actos electorales. Otro apunta que existe, al menos, una financiación pública parcial de estos actos, ya que Sánchez se desplaza a ellos en transporte financiado con fondos públicos. "El famoso Falcon", dicen.

Se estirará

Estos actos partidistas son privados, pero los anuncios de Sánchez no pueden entenderse como promesas de campaña, ya que posteriormente se traducen en actuaciones del Ejecutivo. Esto, en teoría: en la práctica, los juristas consultados asumen que, si los partidos políticos no han actuado, pese a criticar la actuación del presidente —que aún se reserva algunos anuncios—, es porque el Gobierno ha calculado hasta dónde puede arriesgar. Juega al límite, abundan.

La estrategia continuará en los próximos días, con mensajes segmentados y medidas dirigidas a diferentes públicos objetivo que, según los socialistas, están teniendo un gran "impacto" para movilizar a su electorado. El PSOE busca así movilizar a sus potenciales votantes que siguen indecisos. Han centrado buena parte de las medidas anunciadas hasta ahora en el público joven, con las políticas de vivienda o la subvención de los billetes del Interrail, pero también en el del campo, con las ayudas del plan antisequía, o en los mayores, con la subvención de las entradas de cine a los mayores de 65 años. No anticipan qué será lo próximo, pero sí reconocen que la barra libre de anuncios seguirá abierta.

Los mayores de 65 años irán al cine por dos euros, se garantizará el derecho al olvido oncológico, los enfermos de cáncer no tendrán que renovar el carné de conducir cada tres años, se aprobarán medidas para que los discapacitados puedan acceder en cinco años a una pensión... Y lloverán decenas de miles de viviendas, con cargo al erario público. Esta catarata de medidas —y habrá más, según anticipan desde el Gobierno— ha sido lanzada por Pedro Sánchez en las últimas semanas, en plena campaña electoral. Muchas de ellas, en mítines del Partido Socialista, celebrados los fines de semana, justo antes del Consejo de Ministros que convierte en realidad estas iniciativas. Este fin de semana fue la última vez, pero no la primera. Fuentes jurídicas consultadas ven muy difícil que la Junta Electoral Central (JEC) los considere sancionables por incumplir la ley electoral. El presidente utiliza un resquicio legislativo que favorece que pueda lanzarlos en campaña sin arriesgarse a multas, así como al estigma que conlleva un reproche público por parte de la autoridad electoral, apuntan.

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