El dilema del escudo social: ¿ganar elecciones o centrarse solo en los vulnerables?

Circula por internet un vídeo de Yolanda Díaz en que la ministra de Trabajo se refiere en los siguientes términos a la rebaja del impuesto sobre el valor añadido de los productos básicos que pedía el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo: "Bajar el IVA en un país donde gran parte de los alimentos básicos ya tiene el IVA hiperreducido solo beneficia a una parte, las grandes distribuidoras, que no harán más que ensanchar sus márgenes empresariales". No es un fake, como tampoco lo es la reacción de los populares contra la aprobación, este martes, de la misma medida que ellos mismos propusieron a la vuelta del verano, cuando Díaz abogaba por establecer un tope a la cesta de la compra.

En el vaivén diario que vive la política española, Pedro Sánchez ha vuelto a hacer de equilibrista cabalgando cualquier contradicción. El presidente del Gobierno anunció durante su tradicional balance del año el nuevo escudo social para paliar las consecuencias de la guerra, que contiene una de cal y otra de arena: elimina la medida más regresiva de las que estaban en vigor contra la crisis energética —la subvención universal de 20 céntimos por cada litro de gasolina— para introducir la medida más regresiva que estaba sobre la mesa contra el encarecimiento de los comestibles, que es rebajar su IVA. La inflación cambia, y el Gobierno cambia con ella: ahora el énfasis ya no se pone en amortiguar la subida de los carburantes, sino la de los alimentos. Pero el dilema de fondo es el mismo: ¿ganar elecciones o centrarse solo en los vulnerables?

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La tensión entre ambos enunciados siempre estuvo presente, y ahora más que nunca. Mientras las elecciones municipales y autonómicas de mayo y las generales de final de año se acercan, todos los organismos internacionales subrayan la necesidad de focalizar las ayudas en quienes más lo necesitan. Pero solo con ellos no se ganan unos comicios. La mayoría del electorado se mueve en torno a rentas medias, y el Gobierno no renuncia a seguir compensando la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido como consecuencia de la inflación.

Jorge Galindo, director de Economía Política del laboratorio de ideas EsadeEcPol, cree que resulta lógico y legítimo: "Cualquier Gobierno hubiera hecho lo mismo". Sin embargo, lamenta la oportunidad perdida para destinar los 10.000 millones de euros anunciados por Sánchez a apoyar realmente a quienes peor lo están pasando, como pedía Unidas Podemos. Para el experto en políticas públicas, un decidido impulso al ingreso mínimo vital (IMV) hubiera sido la medida más efectiva.

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El discurso de Díaz ha quedado desdibujado tras la aprobación del paquete, y no solo por el vídeo de Twitter. Una gran parte de los miles de millones que se ahorrarán con el final de la subvención a los carburantes —ya van 5.752 desde su puesta en marcha el pasado 1 de abril, según el Ministerio de Hacienda— no irá para los vulnerables, como transmitía el entorno de la vicepresidenta durante los últimos días.

Esa batalla en el seno del Gobierno ha finalizado con una solución pragmática, donde destacan las siguientes novedades: un cheque de 200 euros para la cesta de la compra —pero que llegará a algunas familias de rentas medias—, una rebaja fiscal que elimina el IVA del pan, los huevos o la leche, y reduce del 10% al 5% el de la pasta y el aceite —pero que mantiene el de la carne y el pescado—, la extensión de la bonificación de 20 céntimos para el combustible —pero solo para profesionales—, la prórroga durante seis meses para los inquilinos cuyo contrato de alquiler finalice —pero que estarán sujetos a una actualización del 2%— y la extensión durante un año de la bonificación del 30% para el transporte urbano e interurbano —pero solo si las demás administraciones la completan con otro 20%—.

También se prorrogan dos de las medidas más regresivas, como el Ejecutivo ya anunció en su momento: la reducción del IVA de la luz y del gas y la gratuidad del transporte ferroviario para los usuarios habituales de cercanías, Rodalies y media distancia.

En verano ya se aprobó un primer cheque de 200 euros, pero más progresivo que el actual

De todas ellas, el cheque de 200 euros es la que ha acaparado más titulares. No se trata de una medida nueva, pues en verano ya se aprobó una primera ayuda de la misma cuantía, pero el diseño actual la convierte en más regresiva que entonces. Para poder acceder a este pago único, que realizará el Ministerio de Hacienda, la unidad familiar no podrá superar unos ingresos brutos anuales de 27.000 euros, casi el doble de los 14.000 del pasado julio. En otras palabras: mientras antes la ayuda estaba destinada para los hogares que vivían con un salario mínimo o menos, ahora podrán beneficiarse incluso aquellos que vivan con un salario medio, independientemente de si el perceptor tiene o no pareja, dependientes o hijos a su cargo. Solo hay una excepción: el gozar de un patrimonio superior a 75.000 euros. La mitad de los adultos españoles está en esa situación, según World Inequality Database. El Gobierno aún lo pondrá más fácil y no tendrá en cuenta la vivienda habitual.

Lo que en julio suponía un apoyo a los más desfavorecidos se convierte ahora en una ayuda que llegará a las clases medias, con unos umbrales muy superiores a los que se tienen en cuenta, por ejemplo, para la obtención del bono social, pese a que estos también se han incrementado en varias ocasiones para ir más allá de las rentas bajas. Además, se vuelve a excluir a los jubilados, y también a los perceptores de pensiones no contributivas y del IMV, bajo el pretexto de que ninguno perderá poder adquisitivo por la inflación: sus pagas se revalorizarán un 8,5% —conforme al IPC medio del año pasado— y un 15%, respectivamente.

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La medida beneficiará a 4,2 millones de hogares, según anunció el presidente Sánchez. Esto supone un 22,4% de los que existen en España, pero mucho más que el 22,4% más pobre, dado que hay que excluir de la ecuación a aquellos de los que forman parte los 10 millones de personas que cobran una pensión contributiva, la mayoría de ellas en un rango de ingresos medios. De hecho, solo un tercio de los adultos españoles percibe una renta superior a 27.000 euros, según World Inequality Database, una cifra que el sindicato de técnicos de Hacienda, Getsha, reduce al 57%.

Para los hogares es más difícil hacer la aproximación, pero la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística sitúa la renta media en 30.552 euros, y la última Encuesta Financiera de las Familias (2020) del Banco de España calcula que la mediana —es decir, la que deja por abajo y por arriba al mismo número de unidades familiares— se situó en 29.400 euros, muy cerca del umbral establecido por el Ejecutivo. Todos los datos apuntan al mismo lugar: las clases medias también se beneficiarán de la nueva ayuda, que perderá, por tanto, su carácter progresivo.

El marco fiscal del PP

Sin embargo, la medida más regresiva es la eliminación o bajada del IVA de los alimentos. Galindo apunta que lo hace en dos sentidos: no solo se aplica igual a todos, independientemente de su renta, sino que supondrá una merma para las arcas del Estado. O, lo que es lo mismo, restará recursos para financiar unos servicios públicos que suelen beneficiar en mayor medida a las rentas bajas. Un estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) corrobora que la rebaja del IVA del gas tuvo efectos regresivos, mientras que la de la electricidad resultó neutra.

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En este caso, el hecho de que las rentas bajas destinen más porcentaje de sus ingresos a comprar alimentos de primera necesidad también podría suavizar ese efecto regresivo, propio de cualquier reducción de un impuesto indirecto. Una pista: el Spending review de 2019 de la propia AIReF certifica que los tipos superreducidos actuales benefician cinco veces más al 10% más rico (se ahorra 1.000 millones de euros) que al 10% más pobre (solo se ahorra 200 millones), pero el índice de Gini, que mide la desigualdad, se reduce por esa mayor incidencia de la adquisición de productos bonificados en el gasto de las familias humildes.

Fuentes de Unidas Podemos reconocen que la rebaja fiscal sitúa el debate en el marco que estableció el PP y en contra de las recomendaciones de Bruselas, que propugna eliminar los tipos reducidos del impuesto sobre el valor añadido. De hecho, España es el tercer país de la eurozona con una mayor merma de recaudación por esta causa: un 2,1% del PIB, según el Spending review. El Ejecutivo ha vuelto a aprobar un recorte del IVA que en un primer momento negó a la oposición, como ya ocurrió con el gas, y nadie puede descartar que las profecías de Díaz sobre los márgenes se vayan a cumplir. Pero las urgencias electorales resultan más poderosas.

Tanto Galindo como Juan Luis Jiménez, experto en Políticas Públicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, niegan cualquier lógica económica detrás de esta medida, y apuntan a una explicación demoscópica. "[Las ayudas] están diseñadas con el votante y el efecto a corto plazo en mente", resume el director de Economía Política de EsadeEcPol.

Las medidas aprobadas hasta ahora han supuesto unas transferencias anuales de 1.800 M para el decil más rico y de solo 900 para el más pobre

Las bonificaciones para el transporte público también responden a esta lógica. Aunque revestidas como una manera de fomentar una movilidad sostenible, Jiménez denuncia que el Gobierno no ha hecho una evaluación que corrobore la relación causal entre estas y el aumento de su uso. La única certeza es que los más ricos se están beneficiando. Tanto que la gratuidad del tren de media distancia para el usuario habitual es la medida más regresiva de todas las implantadas por el Gobierno desde el inicio de la guerra, incluso más que la bonificación de los carburantes —aunque con un impacto mucho menor para las arcas públicas—, según el estudio de la AIReF: el 10% más rico recibe cuatro veces más por este concepto que el 10% más pobre. En su conjunto, los paquetes aprobados hasta ahora suponen unas transferencias anuales de 1.800 millones de euros para el decil con más ingresos, y de solo 900 para el de menos.

El Gobierno no solo no ha revisado este esquema, sino que lo perpetúa con un ojo puesto en las elecciones de mayo. La subvención del 30% para el transporte urbano e interurbano, también regresiva —siempre según la AIReF—, nada más continuará en aquellas comunidades y ayuntamientos que completen con otro 20% la ayuda, algo que hasta ahora resultaba voluntario. El Ejecutivo pretende presionar a las administraciones territoriales para que sumen a la medida, y ya lo está consiguiendo con un notable éxito. Hasta la Comunidad de Madrid de la popular Isabel Díaz Ayuso se plantea contribuir. Nadie quiere aparecer como el culpable de que los ciudadanos no tengan el bus a mitad de precio justo antes de los comicios.

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El Ejecutivo tampoco desea afrontar un desgaste innecesario cuando están a punto de abrirse las urnas, y por eso se ha empleado a fondo durante las últimas semanas para preparar el terreno. Las tres vicepresidentas, Yolanda Díaz, Nadia Calviño y Teresa Ribera, ya habían dejado entrever que el discutidísimo descuento a los carburantes dejaría de ser universal. La moderación de la inflación y la caída de los combustibles hacía inexplicable una medida que hasta su órgano consultivo en materia socioeconómica tachó de "ineficaz y regresiva". Finalmente, la rebaja solo se aplicará a los profesionales, lo que deja fuera a las rentas bajas, pero al menos evita el despilfarro de miles de millones de euros en subvencionar un combustible sucio a quienes más lo consumen: las clases medias y acomodadas.

Galindo no cree que este sea el inicio de la retirada de los cheques indiscriminados, ese bisturí que piden todos los organismos internacionales. En cambio, Jiménez prefiere ver el vaso medio lleno: "Me hubiese gustado que [las medidas] fuesen así desde el principio, y aun más focalizadas de lo que son".

El nuevo escudo anticrisis es más progresivo que el anterior, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Tres paquetes de ayudas (o seis, según el presidente) después, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) constata que el sistema de transferencias del Estado español es el cuarto más regresivo entre los países más ricos del mundo. Y esto no lo resolverán unas elecciones, sino todo lo contrario.