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Sánchez nutre su paquete de anuncios electorales con medidas recicladas o ya acordadas
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ELECCIONES 28-M

Sánchez nutre su paquete de anuncios electorales con medidas recicladas o ya acordadas

El grueso de las partidas anunciadas están incluidas en los presupuestos. Algunas provienen de acuerdos con las CCAA en consejos interterritoriales o con los grupos en la comisión del Pacto de Toledo

Foto: El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este domingo durante un mitin del PSOE en Valladolid. (EFE/Nacho Gallego)
El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este domingo durante un mitin del PSOE en Valladolid. (EFE/Nacho Gallego)

La estrategia de campaña de Pedro Sánchez, diseñada directamente desde la Moncloa, se ha centrado en una cascada de anuncios en mítines. Medidas sociales en política de vivienda, educación o sanidad cuya aprobación se materializa posteriormente en el Consejo de Ministros. Desde que Sánchez inició esta fórmula durante un mitin en Zaragoza, cuando restaban todavía 100 días para el 28-M, el paquete de anuncios rebasa con creces los 10.000 millones de euros movilizados en el actual decreto anticrisis. Sin embargo, este paquete se ha nutrido principalmente de medidas ya acordadas en consejos interterritoriales con las CCAA o en el Pacto de Toledo, partidas incluidas en los presupuestos para este ejercicio o, incluso, propuestas recicladas de sus socios de coalición. Solo algunas como la subvención del billete de Interrail para jóvenes, la línea de avales para las hipotecas o la reducción del precio de las entradas de cine a mayores de 65 años se pueden considerar como nuevas medidas.

Los dos anuncios en materia sanitaria con las que el presidente del Gobierno trató de girar la campaña durante el último fin de semana de campaña forman así parte de los acuerdos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Tanto la partida finalista de 580 millones de euros para las comunidades autónomas con el fin de descongestionar la atención primaria, anunciada el sábado en el mitin central de Valencia, como la de 38,5 millones para salud mental. Partidas recogidas en los presupuestos y cuyos criterios de distribución a las CCAA se acordaron el pasado 17 de abril en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Foto: El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE/Sergio G. Cañizares)

El grueso de las partidas que se han anunciado en materia de política educativa también estaban presupuestadas en las actuales cuentas públicas, aunque algunas de ellas tenían pendiente aprobar los criterios para su distribución territorial. Este es, por ejemplo, el caso de los 2.500 millones destinados a becas, la primera con la que Sánchez inauguró la fórmula de campaña de los martes electorales. "La mayor partida en becas de la historia de nuestra democracia" fue cómo se vendió el anuncio, al igual que el del pasado sábado se calificó como la mayor inversión que un Gobierno ha realizado en la historia para mejorar la atención primaria.

La partida de 560 millones de euros para que los alumnos de primaria y secundaria estudien programación y robótica en la escuela formaba parte del denominado Programa Código Escuela 4.0, que el presidente del Gobierno ya anunció en el debate sobre el estado de la nación del pasado año. Para ello se incluyó posteriormente una partida en los PGE de 300 millones, según se contempla en el libro amarillo, y que ahora se complementa con 173 millones para el apoyo a las familias y el alumnado con dificultades, 58 millones para ayudas para libros de texto y 36 millones para educación inclusiva.

En materia de Seguridad Social, los anuncios posteriormente aprobados en el Consejo de Ministros para flexibilizar la jubilación anticipada a los discapacitados formaban parte de los mandatos de la comisión del Pacto de Toledo en el Congreso. Como se había acordado por consenso de todos los grupos políticos en esta comisión, se reducen de 15 a cinco los años necesarios para que las personas con al menos un 45% de discapacidad puedan acceder a una pensión anticipada.

Foto: Mitin del PSOE en Valladolid. (EFE/Nacho Gallego)

El primer anuncio de impacto en política de vivienda, la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para destinarlas a alquiler social, fue una medida que Unidas Podemos ya llevó al Congreso mediante una proposición no de ley. Se debatió el pasado mes de septiembre y los socialistas se opusieron. La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, no tardó en reivindicarlo afirmando tras el anuncio que "llevamos mucho tiempo reclamando una obviedad, que todas las viviendas de la Sareb deben estar a disposición del parque público de vivienda en alquiler de las CCAA. Ojalá avanzáramos más rápido, pero esta es la forma de revalidar la confianza de la ciudadanía en el Gobierno".

El vicepresidente segundo de la Comunidad Valenciana, Héctor Illueca, que pertenece a Unidas Podemos, también lanzó un plan con el objetivo de que se permitiese a los Ejecutivos regionales la gestión directa de las propiedades en manos del denominado banco malo. De hecho, la entidad pública ya había acordado recientemente con la Generalitat Valenciana venderle 500 viviendas por 50 millones de euros.

Control del déficit

El resto de medidas que no habían sido incluidas en los presupuestos se financiarán a través de adendas al plan de recuperación de los fondos europeos, como la línea del ICO de 4.000 millones para la promoción de viviendas con alquileres asequibles, o con modificaciones presupuestarias. El objetivo del Ejecutivo es mantener intacta la estimación de déficit. No desviarse así de los compromisos adquiridos con Bruselas, coincidiendo con la reactivación de las reglas de gasto para 2025 y los ajustes previstos ya de cara al próximo ejercicio. Además, el margen del que se dispone por el aumento de la recaudación permitiría cuadrar medidas como la rebaja de 1.807 millones de euros en el IRPF a 800.000 agricultores y ganaderos.

El presidente del Gobierno se defendía este domingo durante un mitin en Valladolid sobre la caricatura de su campaña como "hombre multianuncios". Frente a las críticas de electoralismo, sacaba pecho para defender que "nosotros no hacemos anuncios, nosotros publicamos en el BOE, que es diferente". Una fórmula que se alimenta en gran medida de las partidas ya incluidas en los actuales presupuestos e, incluso, acordadas.

La estrategia de campaña de Pedro Sánchez, diseñada directamente desde la Moncloa, se ha centrado en una cascada de anuncios en mítines. Medidas sociales en política de vivienda, educación o sanidad cuya aprobación se materializa posteriormente en el Consejo de Ministros. Desde que Sánchez inició esta fórmula durante un mitin en Zaragoza, cuando restaban todavía 100 días para el 28-M, el paquete de anuncios rebasa con creces los 10.000 millones de euros movilizados en el actual decreto anticrisis. Sin embargo, este paquete se ha nutrido principalmente de medidas ya acordadas en consejos interterritoriales con las CCAA o en el Pacto de Toledo, partidas incluidas en los presupuestos para este ejercicio o, incluso, propuestas recicladas de sus socios de coalición. Solo algunas como la subvención del billete de Interrail para jóvenes, la línea de avales para las hipotecas o la reducción del precio de las entradas de cine a mayores de 65 años se pueden considerar como nuevas medidas.

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