El Gobierno subirá al 10% el IVA de la luz, pero extiende las rebajas al transporte público y los alimentos

El Gobierno de coalición ha pactado extender la rebaja para todos los abonos de transporte a 2024 y subirá el IVA de la luz y el gas al 10%, un tributo que crecerá de forma paulatina hasta volver a la normalidad previa al alza de los precios. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha desgranado las medidas del decreto anticrisis que se ha aprobado en el Consejo de Ministros que se ha celebrado este miércoles después de una tensa negociación. Durante el primer semestre, también se mantendrá la suspensión del IVA a los alimentos básicos y la limitación del 5% a las pastas y aceites.

El Gobierno seguirá bonificando con un 30% el transporte público durante todo 2024, siempre que el resto de administraciones (comunidades autónomas y ayuntamientos) aporten su parte para llegar a costear, al menos, el 50% de los abonos de trenes y autobuses. También se mantendrá la gratuidad para los usuarios habituales de trenes de Cercanías, Rodalies, Media Distancia y Avant, así como el transporte interurbano por carretera en las vías que son competencia de la Administración General del Estado. Sánchez no ha hecho mención alguna a la promesa que hizo en el debate de investidura sobre la gratuidad del transporte público a desempleados y jóvenes.

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El IVA de la luz y el gas, por su parte, subirá hasta el 10%, como adelantó El País. Hoy aún está fijado en el 5%, si bien antes de la escalada de los precios de la energía se situaba en el 21%. "Habrá una retirada paulatina", ha dicho Sánchez, que ha explicado que algunas de las rebajas fiscales se revertirán a final del mes de marzo, cuando pasen los meses más fríos del invierno, como ocurre con el IVA del gas natural. Por contra, el impuesto a la electricidad y el impuesto a la producción eléctrica crecerán de forma paulatina durante el primer semestre para volver el 1 de junio a los valores previos a la crisis.

"Lo que está escrito está labrado en mármol, pero al mismo tiempo sujeto a una negociación continua". La frase de un destacado miembro del anterior Gobierno de coalición ilustra la complicación de las negociaciones para aprobar el real decreto-ley anticrisis cerrado, de nuevo, sobre la bocina. El dirigente en cuestión se refería al pacto escrito que ata a ambos partidos, y que hoy esgrimen los de Yolanda Díaz para aferrarse al impuesto a las energéticas, una de las materias que generaron nuevas fricciones durante el martes, último día para negociar antes de verse las caras en la Moncloa.

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Finalmente, el tributo sigue adelante y Sánchez ha asegurado que tiene intención de hacerlo "permanente", pero la tasa será remodelada por medio de la ley de presupuestos generales del Estado (PGE) de 2024. La reforma irá encaminada a crear deducciones fiscales para las empresas que inviertan en proyectos industriales y relacionados con la descarbonización.

Hay más novedades respecto a estos tributos, ya que el PNV ha anunciado un pacto con el Gobierno para integrarlos en los sistemas tributarios vasco y navarro, con los nuevos incentivos incluídos. Según el partido de Aitor Esteban, en 2024 también se prorrogará el contrato relevo, una iniciativa incluida en el llamado escudo social que supone "la reducción de jornada de la persona trabajadora y el alta de otra persona que la sustituye parcialmente", para "facilitar el rejuvenecimiento de las plantillas y la formación de las personas jóvenes". El control de los dos gravámenes especiales (vía concierto o convenio, por concretar) supone una ansiada victoria política para la formación vasca.

La pugna por el impuesto

Precisamente, el impuesto a las energéticas, junto con la bonificación al transporte público, ha sido la arista más afilada de limar en la negociación, que se ha prolongado durante toda la tarde del martes. El Ejecutivo llega apurando a su último decreto del año, cinco días antes de que decaigan las medidas que debe prorrogar. Y solo una semana después de escenificar un nuevo pulso, en este caso entre los equipos de Asuntos Económicos (Nadia Calviño) y Trabajo. En esta ocasión, es Hacienda, bajo la batuta de María Jesús Montero, quien ha protagonizado junto a Trabajo el tira y afloja que ha mantenido en un mutismo casi total a ambas almas del Gobierno durante toda la jornada del martes.

Finalmente Montero se ha llevado el gato al agua con la creación de los incentivos en el impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas, vigente en un contexto distinto al que llevó a su aprobación para 2023 y 2024. Esto pasaría por proponer una excepción para las empresas que inviertan estos beneficios en la "transformación energética". Otra cosa es el tributo a la banca, que de momento encuadran dentro de una "evaluación y análisis permanente", y que este miércoles han confirmado que se mantendrá como hasta ahora. Los dos gravámenes han logrado recaudar 3.000 millones para financiar la puesta en marcha del escudo anticrisis frente a los efectos en los precios de la invasión rusa de Ucrania.

Pero que se aprobaran en un contexto tan concreto no evita que sirvan como punta de lanza de una avanzadilla de reforma en materia fiscal que Unidas Podemos y después Sumar reivindican haberle arrancado al PSOE. La coalición de Díaz tuvo que asumir que promesas de la talla de su herencia universal de 20.000 euros para quienes cumplieran 18 años quedaran fuera del pacto con el PSOE. El compromiso de mantener estos impuestos se les antoja irrenunciable.

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"Revisaremos los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual, para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del estado de bienestar", reza el texto en su literalidad. Especifica así que la revisión podrá afectar a su funcionamiento "una vez expire su periodo de aplicación actual". En la coalición de Díaz sostienen que deben seguir operando tal y como hacen hoy y hasta el próximo año.

Los impuestos ya están en vigor, y para modificarlos sería necesario un cambio legal, sea en este decreto, sea a través de otra norma. También harían falta votos en un Congreso de los Diputados muy fragmentado, entre ellos, los de las formaciones de izquierdas que empujan desde hace más de un año para que estos impuestos se conviertan en estructurales. De hecho, el gravamen a las energéticas ha sido otro de los motivos por los que Díaz y la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ya han protagonizado declaraciones cruzadas, cuando no había pasado un mes desde que habían revalidado el cargo.

Eso en lo que toca al apartado fiscal de este decreto ómnibus, ya que las medidas relacionadas con las subvenciones al transporte público también han estado hasta ultimísima hora en el centro de las conversaciones, aunque ninguna de las partes quiso desvelar en detalle sus reivindicaciones. Hay medidas como la prórroga de la prohibición de desahuciar a familias vulnerables durante todo 2024, que EH Bildu reivindica como una victoria propia. A pesar de que otros socios del Ejecutivo ya la daban por incluida en el decreto.

A esta se une la prohibición de los cortes de suministros básicos (luz, agua y gas) para personas vulnerables, que también ha reclamado el PP, junto a toda una ristra de medidas que pretenden desglosar en una reunión con el Gobierno. El decreto también incluirá la prórrroga del máximo descuento del bono social para familias vulnerables durante los seis primeros meses del año, igual que la limitación del precio del butano. En el primer semestre tamién estarán en vigor las medidas de apoyo a la industria, como la reducción de los peajes eléctricos para la industria electrointensiva.

Más allá de las medidas temporales destaca la revalorización de las pensiones contributivas al 3,8%, así como la eliminación de las comisiones por la retirada de efectivo en ventanilla a las personas mayores y con discapacidad, una medida "de justicia social", según ha dicho el presidente. También se suprimen las comisiones por la amortización anticipada de créditos a tipo variable como respuesta al alza de los tipos de interés impulsada desde el BCE para combatir la inflación.

También se concederá la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a las comunidades del régimen común que lo deseen. Esto es una petición de los partidos independentistas, que aspiraban a equipararse con País Vasco y Navarra después de que el Gobierno incluyase esa transferencia en su pacto con el PNV de la pasada legislatura. Ahora todas las regiones podrán asumir esta gestión, algo que no es baladí si se tiene en cuenta que muchas comunidades tienen rentas mínimas propias que han tenido que reformarse para poder hacerlas compatibles con el IMV.

Por lo pronto, el decreto tendrá que llegar al Congreso en un plazo máximo de 30 días para su convalidación, en un pleno extraordinario a celebrar en enero. Pero estará en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, impidiendo que las medidas que hoy están en vigor decaigan.