PP y PNV tendrán la llave para bloquear el nuevo impuesto a bancos y energéticas

"Revisaremos los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual, para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar". Este punto, del pacto de gobierno de PSOE y Sumar, ha sido uno de los ejes de la negociación económica que han mantenido ambos partidos hasta el acuerdo alcanzado el pasado martes. Sin embargo, en caso llegar de nuevo a la Moncloa, Pedro Sánchez no tendrá tan fácil aprobarlo. De hecho, la llave podría estar en manos del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y de Andoni Ortuzar, presidente del PNV.

Tanto PSOE como Unidas Podemos aprobaron el año pasado el tributo como una prestación patrimonial extraordinaria que no puede prorrogarse, por lo que si quiere perpetuarlo tendrán que pasar de nuevo todos los trámites legislativos.

De acuerdo a los equilibrios con los que se aprobó este impuesto el pasado mes de noviembre, PSOE y Sumar lograrían el visto bueno por los pelos. A finales del año pasado, Sánchez y la vicepresidenta Yolanda Díaz sacaron adelante esta medida con el respaldo de 186 diputados, de PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu, Junts, Más País-Equo, Compromís, CC, CUP y BNG. Hubo 152 votos en contra, del PP, Vox, Ciudadanos, Navarra Suma y Foro Asturias. Y se abstuvieron PNV y PDeCat, con sus 10 representantes.

Según este mismo equilibrio, el resultado de las elecciones del 23-J arrojaría 174 votos a favor del impuesto, 171 en contra y 5 abstenciones, del PNV. Si el partido vasco decidiera inclinar la balanza contra el tributo, no saldría adelante.

En manos del PNV

No se trata de un tema sencillo de resolver para los nacionalistas. Grandes empresas vascas como Iberdrola, BBVA y Kutxabank se juegan mucho dinero con este impuesto. Y hace apenas dos días, un expresidente suyo, Josu Jon Imaz, presidente de Repsol, advirtió que "la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal podría condicionar las futuras inversiones en los proyectos industriales en el país".

En declaraciones del pasado jueves a Europa Press, desde el PNV se mostraron abiertos a apoyar hacer permanente estos impuestos en función de su diseño y de que respete "el Concierto Económico vasco". "Habrá que ver qué fórmula se utiliza para su prórroga y en qué se concreta", añadieron. Aun así, la presión empresarial que habrá no descarta sorpresas.

Junto a la posición del PNV será clave la del PP, que ha dado distintos bandazos al respecto en el último año. Desde votar en contra a insinuar un posible apoyo a que se haga permanente.

La vez que más claro se habló fue en una entrevista con Financial Times a comienzos de julio. En ella, Núñez Feijóo señaló que, en caso de llegar a Moncloa, hablaría con bancos y energéticas "para recurrir a su solidaridad" y buscar la mejor fórmula para que tributen más. El líder del PP siempre ha criticado el diseño que hicieron PSOE y Sumar del impuesto, por lo que está por ver qué haría a futuro, en función de la estructura elegida. A la espera de lo que ocurra, sus diputados serán clave en un posible vuelco a la aprobación de este tributo. Y obligarán a retratarse económicamente a su líder.

Enfado bancario

Junto a Imaz, también se pronunció sobre este impuesto otra de las empresas más afectadas, CaixaBank, el mayor banco por negocio en España: "Penalizar a las grandes empresas es pegarnos un tiro en el pie", afirmó su consejero delegado, Gonzalo Gortázar. Tanto este banquero madrileño como sus competidores creen que es injusto, está mal diseñado y estigmatiza al sector. "Lo pagan los accionistas de CaixaBank. El mensaje que se les da es que si invierten en CaixaBank tienen que pagar un impuesto, y si lo hacen en Deutsche Bank, a mí que me lo expliquen", añadió Gortázar.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reveló esta semana que el impuesto ha recaudado en su primer año 2.900 millones, cerca del objetivo de 3.000 millones. Este pago está recurrido, por lo que el Estado podría tener que devolver el dinero a bancos y energéticas en unos años. Eso no frenaría al Gobierno, que como afirmó Montero buscarán "nuevos elementos" que permitan que este tributo "sea más seguro y robusto".