Claves del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar: reducir la jornada laboral a 37,5 horas o limitar los vuelos

La reducción de la jornada laboral sin reducción salarial ya es un compromiso pactado entre PSOE y Sumar, si logran revalidar el Gobierno. La medida, una de las apuestas estrella de Yolanda Díaz en campaña, ha sido el principal escollo en la negociación con el partido de Pedro Sánchez en los últimos días, y hasta este mismo lunes la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, marcaba distancias con esta propuesta.

El texto del acuerdo compromete pasar de 40 a 37.5 horas de trabajo a la semana, pero ya no es, como pedía Sumar, en 2024, sino "de forma progresiva", para trabajar 38,5 horas en 2024, y retrasar un año el objetivo de las 37,5 horas, para 2025. A partir de entonces, reza, "se constituirá una mesa con los interlocutores sociales que evalúe los resultados de la reducción y siga avanzando en la disminución de la jornada legal, teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económica". Antes el objetivo era llegar a entre 32 y 35 horas, ahora ya no hay números.

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Calviño ya señaló que éste debería ser el foro para "debatir" sobre esta medida, y el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun ha precisado que la reducción se aprobará por ley, haya o no acuerdo con la patronal y los sindicatos. Díaz lleva por bandera los 18 acuerdos del diálogo social logrados en la pasada legislatura. En varias ocasiones, como en todas las subidas del SMI (que sólo depende del Ejecutivo, pero que la coalición negoció), salvo la primera, sólo los sindicatos aprobaron el incremento del salario mínimo interprofesional aprobado por real decreto.

Hasta ayer mismo, entre sus filas se quejaban del rechazo del PSOE a contemplar esta norma. "Estamos muy satisfechos", afirmó el portavoz de Sumar a primera hora. Durante días, el socio minoritario ha intensificado la presión a los socialistas para rebajar la jornada laboral, que lleva establecida en un máximo de 40 horas semanales desde hace algo más de 100 años.

Reforma fiscal con endurecimiento del impuesto de sociedades

Díaz ha anunciado que la nueva coalición endurecerá el impuesto de Sociedades para recaudar 10.000 millones de euros. Lo lograrán, afirmó, haciendo que las empresas paguen un tipo efectivo del 15% "sobre el resultado contable". "Esto es, sobre el beneficio que perciben, no el que dicen que perciben", aseguró. En la práctica, esto supondría acabar con exenciones que hoy sí se aplican. Entre otras medidas fiscales, Díaz abogaba por "reforzar" los gravámenes a la banca y las grandes energéticas, mejorar la progresividad del IRPF y garantizar "un trato más igualitario de la tributación de las rentas del capital y del trabajo en este impuesto". En esencia, abogan por incrementar la presión sobre "grandes empresas y patrimonios y rentas del capital".

El texto, sin embargo, es mucho menos concreto de lo que afirma la vicepresidenta en funciones: "Revisaremos los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas, con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual". Entre otras medidas, proponen mejorar los incentivos por hijo y por depedencia y cuidados, "tanto en el IRPF como en las políticas de gasto". sin especificar números. Tampoco hay cifras que acoten la promesa de impulsar "una mejora de la fiscalidad de autónomos y pymes, aumentando los incentivos para impulsar su apuesta por la transición ecológica y digital".

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Sobre el impuesto a las grandes fortunas, sólo compromete su "evaluación", y desliza que buscarán fórmulas para mantenerlo. Apuesta por un pacto de Estado contra el fraude fiscal consensuado con partidos y agentes sociales, y por el refuerzo de los mecanismos para la regularización de la economía sumergida. Y por a vanzar en la fiscalidad verde "para impulsar la transición energética". Casi siempre en genérico.

Mantener la rebaja del transporte en 2024

El pacto aboga por mantener la reducción del precio de los abonos de transport en 2024, y compromete la transformación "más adelante" de esta medida "en una política de transporte permanente para determinados colectivos". Añade que para ello contarán "con la cofinanciación de las Comunidades Autónomas y la administración local". Y establece que impulsarán el transporte ferroviario, con ampliación de financiación del Corredor Mediterráneo y con la modernización de la red de Cercanías valenciana.

Limitación de los vuelos cortos (con advertencia de las aerolíneas)

El acuerdo apuesta por impulsar "la reducción de los vuelos domésticos", en las rutas en que exista una alternativa ferroviaria de menos de dos horas y media. Quedarán exceptuados, abunda el texto, "los casos de conexión con aeropuertos-hub que enlacen con rutas internacionales". Las aerolíneas consideran que esta prohibición no reducirá la contaminación de forma efectiva, informa Javier Melguizo, si no se establece antes un plan para que todas las líneas de AVE lleguen directamente al aeropuerto de Madrid-Barajas. Además, recalcan que la medida más viable es potenciar la producción del biocombustible para la aviación, conocido como SAF, que reduce en hasta un 80% las emisiones de los vuelos y se puede utilizar sin necesidad de adaptar el motor de los aviones.

Francia aprobó en mayo la misma medida. Por aquel entonces, las aerolíneas tildaron la normativa de maquillaje, aludiendo que solo afectó a tres vuelos. En España, se calcula que la prohibición tendría un impacto de 102 millones de euros anuales en el PIB nacional y la pérdida de hasta 1.852 empleos a tiempo completo por cada millón de pasajeros, según un informe encargado por Iberia a PwC, que tiene en cuenta las rutas aéreas que conectan Madrid con Alicante, Barcelona, Málaga, Sevilla y Valencia.

Tope a las listas de espera sanitarias: otra promesa de Sánchez en campaña

El pacto contempla rescatar la ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, conocida como ley Darias, que ya encalló en el Congreso en la anterior legislatura. También un plan de choque "para fortalecer la atención primaria", que permitirá a las comunidades "aumentar plantillas, mejorar infraestructuras y modernizar el equipamiento de sus centros sanitarios". Una de las promesas de Sánchez en campaña tiene cabida en este punto: la apuesta por imponer máximos a las listas de espera en la sanidad pública. "120 días para para intervenciones quirúrgicas, 60 días para consultas externas especializadas, y 30 días para pruebas complementarias". "En el caso de la salud mental la garantía de tiempo máximo de espera será de un máximo de 15 días para jóvenes, adolescentes y menores de 21 años", reza el texto. También se integrarán " las necesidades de las enfermedades raras en la planificación global de la cobertura universal".

Díaz celebró también la ampliación de la cartera de servicios y prestaciones de la sanidad pública: "Garantizaremos el derecho a la salud de todos los niños, niñas y adolescentes mediante el acceso a servicios de atención a la salud bucodental y la salud mental, y audífonos". Habrá un programa específico de ayudas directas para la compra de gafas y lentillas, "a menores de 18 años para familias con menos recursos". Esto se complementa con un aumento (sin especificar) de las plazas de los sanitarios, y con un pacto de Estado en materia de salud mental: "Pondremos el foco en las personas jóvenes, con un refuerzo de la ratio de especialistas en salud mental y un plan de medidas específicas orientadas a prevenir el suicidio juvenil".

Reforma de la ley mordaza, segundo intento

El fracaso en la derogación parcial de la ley mordaza fue uno de los capítulos más difíciles y espinosos para la coalición en la anterior legislatura. El futurible Gobierno apuesta por un segundo intento, para garantizar "el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica". Aboga por introducir un sistema de "sanciones restaurativas y reparadoras, que contemple la capacidad económica de los sancionados", que ya fue abordado y pactado en la XIV Legislatura. Abunda que la norma "priorizará la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía", y regulará "entre otros, el derecho de reunión y manifestación, la identificación y registro corporal, la utilización de técnicas preventivas y disuasorias, así como la identificación de los agentes. Garantizará asimismo la libertad de información y la transparencia informativa". sostiene el texto.

Ambigüedad total con el CGPJ

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato expiró hace casi cinco años, sólo aparece reflejado en una ocasión, con una redacción que sugiere una reforma del modelo de elección de los vocales de este órgano, pero sin concretarla: "Garantizaremos el cumplimiento de la Constitución en lo referente a la renovación de órganos constitucionales, especialmente el Consejo General del Poder Judicial, impidiendo que la deslealtad constitucional de algunos actores políticos afecte al prestigio y a la salud de las instituciones públicas".

Ley de cuidados y permisos de maternidad y paternidad de 20 semanas

En otro orden de cosas, el pacto aboga por extender el permiso de paternidad y maternidad hasta las 20 semanas, otra de las promesas de Sánchez en campaña, si bien especifican que, desde la semana 16 -hasta donde llega el permiso actual-, incorporarán "mayor flexibilidad con el trabajo a tiempo parcial". Abogan por "avanzar" en "la implantación de permisos retribuidos para los cuidados", en línea con lo que proponía la fallida ley de familias de Ione Belarra. Comprometen el impulso de una "ley de Cuidados en coherencia con la Estrategia Europea de Cuidados", sin aportar más datos.

Inversión en vivienda pública de alquiler hasta que sea el 20% del total y regulación de alquiler turístico

El apartado sobre vivienda es uno de los más ambiciosos. Apuesta por incrementar el parque público de vivienda "para alquiler asequible" hasta que represente el 20% del parque total, contando con la vivienda propiedad de la Sareb. También por desarrollar la ley de vivienda aprobada en la anterior legislatura, con una definición "con carácter inmediato", como obliga la norma, de un índice de precios de referencia que marque máximos de incrementos de los alquileres en zonas consideradas tensionadas. Y, aunque Díaz fuera más concreta en su discurso, el texto apunta a una revisión de "la regulación de los alojamientos turísticos en zonas de mercado tensionadas". Apuntan al desarrollo de un plan de ayudas y subvenciones para rehabilitar medio millón de viviendas para garantizar su eficiencia energética.

Sobre desahucios, el pacto también es ambiguo: "Se impulsarán las medidas necesarias para garantizar los mecanismos de protección contemplados en la disposición final quinta de la Ley por el Derecho a la Vivienda en materia de desahucios y lanzamientos. En concreto, impulsaremos actuaciones para asegurar que, una vez comunicada de oficio por el Juzgado la existencia del procedimiento a las Administraciones autonómicas y locales competentes y verificada la situación de vulnerabilidad, se presente al Juzgado propuesta de alternativa de vivienda digna en alquiler social a proporcionar por la Administración competente".

Financiación autonómica y compensación a Compromís

La reforma del sistema de financiación autonómica es una de las grandes apuestas de la coalición, que permitiría además retratar a las comunidades gobernadas por el PP, cada una con distintas necesidades. El acuerdo incluye una cláusula para garantizar que la Comunidad Valenciana, como reclaman sus socios de Compromís, y el resto de comunidades "infrafinanciadas" cuenten con "la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado".

No hay una fórmula concreta comprometida: "Impulsaremos un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice los recursos necesarios para que la ciudadanía disfrute de servicios públicos de calidad. Un modelo basado en los principios de equidad, solidaridad, autonomía financiera, corresponsabilidad fiscal, suficiencia financiera y lealtad institucional para garantizar la igualdad de acceso de la ciudadanía a los servicios públicos, y que corrija la infrafinanciación de determinadas Comunidades Autónomas".

Educación universal de cero a tres años y subida del SMI

El texto aboga por seguir incrementando el SMI, garantizándose en el Estatuto de los Trabajadores que aumentará para que represente el 60% del salario medio. También plantea la universalización de la educación de cero a tres años, pero especifica que al final de la legislatura debe ser universal hasta los dos años.