Sánchez y Díaz pactan recaudar 10.000 M del impuesto de sociedades para desplegar su agenda social

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han escenificado este martes su acuerdo para reeditar un gobierno de coalición entre el PSOE y las fuerzas a su izquierda. En un pequeño auditorio del Museo Reina Sofía, el secretario general socialista y la líder de Sumar han firmado un pacto que se cerró ya en la madrugada del martes y que busca profundizar en las políticas desplegadas por el actual Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. En una comparecencia sin preguntas de la prensa, Díaz ha anunciado que la nueva coalición endurecerá el impuesto de Sociedades para recaudar 10.000 millones de euros". Lo lograrán, afirmó, haciendo que las empresas paguen un tipo efectivo del 15% "sobre el resultado contable". "Esto es, sobre el beneficio que perciben, no el que dicen que perciben", aseguró.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo en funciones ha desgranado gran parte del documento, que tuvo en las políticas laborales su principal motivo de discusión, pero que también incluye una reforma fiscal, la aprobación de un nuevo sistema de financiación o un refuerzo de la sanidad pública. "Sé que casi siempre estamos de acuerdo, pero a veces no", le ha dicho Díaz a Sánchez, que ha ensalzado la labor del actual Gobierno, del PSOE y Sumar para defender "a España y sus gentes". El líder del PSOE ha recogido el testigo, aunque sin menciones a la reforma fiscal. Díaz ha explicado también que se prorrogarán los impuestos a las eléctricas y la banca para "no perder esos ingresos".

Ninguno de los dos dirigentes ha hecho mencion alguna a la amnistía ni a los acuerdos posteriores que deben cerrar para hacer a Sánchez presidente. PSOE y Sumar cuentan con 152 escaños. por lo que necesitan, al menos, una veintena más para blindar la investidura del líder socialista. El presidente en funciones sí ha hecho referencia a su apuesta por la "convivencia", el eufemismo habitual que usa al referirse a sus medidas de "pacificación" en Cataluña.

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El presidente y la vicepresidenta en funciones han comparecido pasadas las 13.00 horas de este martes, escasas horas después de lograr el acuerdo. Las conversaciones, que comenzaron prácticamente el día después de las elecciones, se intensificaron al arranque de octubre. Las partes redoblaron esfuerzos a finales de la pasada semana y dieron el acelerón definitivo este lunes, con el desembarco de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, y con las conversaciones en marcha hasta bien entrada la noche. Al filo de las 8.00 horas, los dos partidos anunciaban fumata blanca, si bien Sánchez y Díaz se guardaron el grueso de los detalles.

El pacto incluye la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales "sin reducción salarial" -el principal caballo de batalla de Díaz-, así como nuevas medidas para "regular el despido"; una reforma fiscal "que haga que la banca y las grandes energéticas contribuyan al gasto público", o el compromiso de actualizar el sistema de financiación autonómica, entre otras materias. También acuerdan revisar al alza los objetivos de la ley de cambio climático -una cuestión obligatoria para 2023, según la propia norma- y aquí destaca el fomento del final de los vuelos cortos que sean sustituibles por un trayecto en tren de 2,5 horas.

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Ampliar los permisos retribuidos por nacimiento, o desarrollar la ley de vivienda aprobada en la anterior legislatura, están en la cartera del acuerdo. Lo mismo ocurre con la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) o volver a intentar la derogación de la ley mordaza, objetivos destacados por ambas partes. Y el pacto incluye un plan de choque contra el desempleo juvenil; el refuerzo del sistema público de salud; el aumento del parque público de vivienda "con el objetivo de que alcance el 20% del parque total"; la universalización de la educación de 0 a 3 años y "la garantía de que el acceso a la educación pública para niños y niñas de dos años será para todos al final de la legislatura".

Hay algunas de estas medidas que solo figuran en el comunicado lanzado desde Sumar, como ocurre con la derogación de la ley mordaza, que es uno de los asuntos que han quedado pendientes en la legislatura que acabó con el adelanto electoral. Aquí se incluye también la reforma de la financiación autonómica, pero también es uno de los objetivos marcados por el PSOE en las últimas semanas. La coalición que dirige Yolanda Díaz, ya ha defendido que su intención es que la reducción de 37,5 horas sea todavía más ambiciosa por medio del "diálogo social".

Este acuerdo, según el comunicado acordado entre ambos partidos, "da respuesta" a lo votado en las elecciones del 23-J: "El rechazo a un gobierno de la derecha y la ultraderecha en España, y el mandato de seguir avanzando en derechos y libertades". Presumen de que "servirá para una legislatura de 4 años", y marcan como prioridad "el objetivo de pleno empleo". Según fuentes de las negociaciones, durante la tarde del lunes ya existía un esbozo de rúbrica política que no se concretó oficialmente hasta cerca de las 8.00 del martes, con Sánchez y Díaz acaparando los focos. Los mimbres ya estaban puestos, a falta de la redacción concreta y de aclarar cómo se aterriza la reducción de la jornada laboral, el hueso más duro de roer en la recta final. Es un acuerdo programático que marcará el guion que después seguirá la coalición en su acción política.

Sánchez contará así con 152 escaños a favor de su investidura, los 121 del PSOE y los 31 de Sumar, incluyendo los cinco de Podemos, que ya tildaban el acuerdo de "insatisfactorio" antes de que los negociadores lo dieran por zanjado. Para asegurarse la elección, necesita cruzar el Rubicón de los 171 escaños que suman PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro, que han adelantado su rechazo a la reelección del candidato socialista y a una coalición con el partido de Díaz. Han alcanzado el primer hito, pero tienen poco más de un mes para completar los que faltan. Y Podemos, dentro de la coalición de Díaz, ha empezado a cuestionar el pacto cuando todavía ninguna de las partes lo daba siquiera por cerrado, considerándolo "insuficiente", poco "ambicioso".

El acuerdo, que está listo una semana antes de que expire el plazo que se dieron Sánchez y Díaz, se negoció hasta bien entrada la noche. Todo, tras una jornada que Sánchez dedicó a reunirse con representantes de las comunidades islámicas y judías en España, así como con la embajadora de Israel y el legado diplomático de la Autoridad Nacional Palestina. Díaz, por su parte, canceló la única cita de su agenda vespertina en una pista del punto decisivo en el que se encontraban las negociaciones.

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El principal escollo fueron las medidas laborales, pero fuentes socialistas y de Sumar daban por hecho el pacto a última hora de la noche. Que Díaz se descolgara de una reunión virtual con su homóloga estadounidense por "motivos de agenda" ya daba cuenta de la relevancia de la situación. El siguiente paso será abordar el reparto de carteras, con la complicación añadida de la reducción del gabinete por la que apuesta el PSOE. Fuentes socialistas confiaban a última hora del lunes que este pacto será una suerte de catalizador del proceso de investidura, que ahora entra en una nueva fase.

Sánchez inició la ronda de contactos para su investidura con Díaz, pero hay que tener en cuenta que las bases del PSOE tendrán que refrendar cualquier pacto. Los estatutos que salieron del XL Congreso del PSOE, en 2021, obligan a que el partido consulte con la militancia los acuerdos de gobierno en los que participen los socialistas. En 2019, después del acuerdo con Unidas Podemos, el 92% de las bases apoyó la entente, con una participación del 63%.

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Sumar, que todavía no está constituido como partido al uso, no ha aclarado si hará una consulta, aunque hay fuerzas dentro de la coalición, como IU, que sí establecen esta obligación entre su militancia. Otras, como Compromís, lo dejan en manos de su ejecutiva. En Podemos tampoco tienen una decisión tomada al respecto, y dependerá del nivel de implicación de los morados en un hipotético Gobierno. Este lunes han dado un paso importante para marcar distancias con los resultados de las conversaciones, en las que nunca se han considerado representados.

Las normas internas de los socialistas no incluyen una consulta de los acuerdos de investidura, por lo que el resto de pactos que el PSOE debe cerrar con sus socios potenciales no tendrá que pasar por este examen. No habrá, salvo sorpresa, un refrendo a unos pactos que previsiblemente incluirán una amnistía a los afectados por el procés o a la alianza entre los socialistas y EH Bildu, que han reforzado sus lazos después de la histórica fotografía de Sánchez con los dirigentes de la coalición abertzale radical. Esta posibilidad solo se dará si, una vez que Sánchez y Díaz han blindado su alianza, los socialistas y sus socios de Sumar van añadiendo a los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos al bloque. Ya ensayaron esta mayoría en la elección de Francina Armengol como presidenta del Gobierno y el uso de las lenguas oficiales en el Congreso. Desde Ferraz, el mensaje que se traslada es de optimismo, a pesar del mutismo que guarda la cúpula socialista.

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La intención del PSOE es alcanzar un acuerdo de legislatura que permita un Gobierno de largo alcance, por lo que las conversaciones ya incluyen asuntos relacionados con la elaboración de los presupuestos generales del Estado para 2024. Esto es, aseguran, porque las negociaciones incluyen medidas que tendrán reflejo en las cuentas y porque la intención de Sánchez es que la norma pueda estar aprobada para enero.

En sus filas hay cierta inquietud por la lentitud de esta investidura, que va asociada a una cuenta atrás que acaba el 27 de noviembre. Ese día se disolverán las Cortes de forma automática si no hay un acuerdo. Pero también hay quien piensa que el “silencio” es “bueno”. Y que ahora empezarán a caer, por goteo, una serie de acuerdos que dejarán para el final a Junts, el partido de Carles Puigdemont. Los neoconvergentes son los únicos que no participaron en la pasada legislatura en los acuerdos que permitieron a PSOE y Sumar desplegar su agenda legislativa, por lo que son la pieza más difícil de encuadrar en el engranaje para que Sánchez repita en la Moncloa.