Yolanda Díaz presiona a Sánchez para meter la salud mental y la jornada laboral en el acuerdo

La mejora de la atención sanitaria en materia de salud mental está sobre la mesa en las negociaciones entre PSOE y Sumar para conformar el nuevo Gobierno de coalición. Fuentes conocedoras de las conversaciones apuntan que esta materia, una de las apuestas de Yolanda Díaz en campaña, y el caballo de batalla de su aliado Íñigo Errejón, está entre los compromisos que quieren arrancar a Pedro Sánchez para incluirlas en el acuerdo programático que sentará las bases de la acción del futuro Ejecutivo. También lo está la reducción de la jornada laboral, la gran apuesta de Díaz durante la campaña, y que según su partido es una de las cuestiones en las que se encuentran "encalladas".

Sumar quiere que sus socios se comprometan con un plan de choque en materia de salud mental, con perspectiva comunitaria y con prioridad en la juventud. La idea planteada en campaña, y que hoy aún defienden, pasa por intentar sellar un pacto de Estado y por incrementar recursos a repartir a las comunidades autónomas, y no por una ley específica como la que acabó durmiendo el sueño de los justos en el Congreso de los Diputados en la pasada legislatura, con decenas de prórrogas para presentar enmiendas a sus espaldas. En el programa de Sumar hay una treintena de menciones a la salud mental, también en el apartado sobre derechos laborales. Y, aunque es Errejón, promotor de la PNL, sobre el permiso de acompañamiento para personas en riesgo de suicidio —aprobada con 340 votos a favor del total de 350— quien ha capitalizado esta lucha, Unidas Podemos fue quien registró en 2021 una ley específica. Hoy no se contempla volver a esta casilla.

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Las fuentes consultadas recuerdan que la norma de Unidas Podemos contó con 194 votos a favor, pero también con el rechazo del PNV, en parte porque no consideraban necesaria una ley solo para estos fines, pero también por la invasión competencial que, a su juicio, conllevaba. Entre las filas de Sumar temen que el partido jetzale o Junts, cuyos votos son esenciales para conformar la mayoría parlamentaria que permitiría gobernar a Sánchez, se planten por la invasión competencial que podría suponer.

En la recta final de la XIV Legislatura, el socio minoritario anunció que estaban en vías de desbloquear esta norma, pero el adelanto electoral se tragó decenas de iniciativas en tramitación con la disolución de Las Cortes. La ley apostaba por incrementar los recursos económicos transferidos a las comunidades, y por la ampliación de las ratios mínimas de sanitarios.

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El propio Sánchez prometió, en plena campaña al 23-J, una ley que impusiera tiempos máximos de espera en la sanidad pública, con 15 días de tope para la atención de la salud mental a menores de 21 años. Mes y medio antes, a las puertas de las elecciones municipales y autonómicas, el presidente del Gobierno anunció un nuevo impulso a la salud mental con una inversión de 38.5 millones de euros.

En los comicios anticipados, Díaz también abanderó la necesidad de mejorar la atención en materia de salud mental, en un país que registra 4.000 suicidios al año. En Podemos, dentro de la coalición liderada por la vicepresidenta en funciones, rechazan que un Plan de actuación o una Estrategia como la que el PSOE ha desarrollado desde el Ministerio de Sanidad en la pasada legislatura sean suficientes para atajar este problema, y siguen apostando por una ley específica.

La vinculación entre la salud mental y la jornada laboral

Esto es lo que afecta, por separado, a la salud mental. En marzo, dos meses antes del 28-M, la vicepresidenta segunda compartió escenario con el entonces diputado de Más País (hoy en Sumar) para presentar el informe Precariedad laboral y salud mental. Un documento encargado por el Gobierno a una comisión de expertos, que vinculaba esta materia con la reducción de la jornada laboral, otro de los compromisos que Díaz quiere arrancar a Sánchez.

Según el texto, un tercio de las depresiones diagnosticadas en España (170.000) podrían evitarse con un empleo estable, y esto se vería apoyado por el avance en jornadas laborales de entre 32 y 35 horas. 35 horas es hoy el objetivo de Díaz al final de la legislatura, aunque quiere arrancar pasando de las 40 horas semanales actuales a las 37,5 horas. Sumar se esfuerza hoy por vender esta medida, en un momento en el que el portavoz del partido, Ernest Urtasun, afirma que están "encallados" en las negociaciones con el PSOE.

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En una entrevista en Al Rojo Vivo (La Sexta), el jueves, Urtasun consideró "fundamental" esta medida. Tras semanas centrando buena parte de sus mensajes en la ley de amnistía a los afectados por el procés, el eurodiputado verde, Díaz y el resto de portavoces, centran el foco en las medidas sociales y laborales que aspiran a pactar con sus socios. Las negociaciones avanzan con total discreción, pero Sumar dosificó la pasada semana algunas pistas sobre su rumbo. El jueves, la propia líder del espacio afirmó que negociaban un impuesto permanente a la banca que permita superar el actual gravamen extraordinario, y que es otra de sus medidas de campaña, encuadrada dentro de una reforma fiscal mucho más profunda.

En sus filas reconocen hoy que hay algunos avances, después de semanas criticando que el Partido Socialista rechazaba comprometerse, y reclamándole que diera pasos para construir un programa "ambicioso". En cuestiones como la reforma del sistema de financiación autonómica, y pese al optimismo de Díaz hace semanas, distintas fuentes señalaban que el PSOE aún no está dispuesto a dar su brazo a torcer. Ambas partes tienen hasta finales de octubre para sellar un pacto, según los plazos que los propios Sánchez y Díaz se dieron al inicio del mes. Y, en paralelo, también negocian con los partidos independentistas y el resto de fuerzas parlamentarias, cuyos votos necesitan si quieren reeditar la coalición. El 27 de noviembre, si no ha habido investidura, las Cortes quedarán disueltas y España enfilará el camino hacia unos nuevos comicios.