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Ni paridad, ni familias, ni prostitución, ni secretos oficiales: las leyes que no verán la luz
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En el limbo por las elecciones del 23-J

Ni paridad, ni familias, ni prostitución, ni secretos oficiales: las leyes que no verán la luz

La disolución de las Cortes y el fin precipitado de la legislatura dejará pendientes de aprobación decenas de leyes que se encontraban en tramitación. Unas pocas están muy avanzadas, y otras llevan congeladas años

Foto: Pedro Sánchez, en el Congreso. (EFE/J.J. Guillén)
Pedro Sánchez, en el Congreso. (EFE/J.J. Guillén)

Hace siete días, Pedro Sánchez anunciaba desde un mitin de campaña que su ley de paridad incluiría cuotas de al menos un 40% de mujeres en órganos constitucionales como el TC, el Consejo General del Poder Judicial o el consejo fiscal. Siete días más tarde, su decisión de poner un final precipitado a la legislatura frustrará la aprobación de esa norma y de decenas de otras leyes que se encontraban en tramitación, en muchos casos muy avanzada, y que esperaban ver la luz antes de las elecciones inicialmente previstas para diciembre. La decisión de Sánchez tras la debacle de la izquierda el 28-M tiene un impacto inmediato: el jueves, la Cámara Baja debía aprobar en pleno el proyecto de ley por el que se regulan las enseñanzas artísticas superiores y se establecen la organización y equivalencias de las enseñanzas artísticas profesionales. No ocurrirá, no habrá un pleno más en la XIV legislatura.

La lista de leyes que quedan en el limbo es muy larga y en ella destacan varias que fueron promovidas y publicitadas, bien por el PSOE, bien por Podemos, hasta media docena de ellas, como reclamos electorales para el 28-M. La reforma de la ley de secretos oficiales atascada desde hace meses; la prohibición de la prostitución; la ley de trata; la ley de familias; la de atención al cliente; las normas de agilización de la Justicia (de las que dependen fondos europeos), y las destinadas al refuerzo de la atención a la salud mental o el tratamiento de la ELA son solo algunas de ellas. También la ley de movilidad sostenible, que se anticipaba próxima, pese a las diferencias entre los socios de la coalición. O la ley de bebés robados, recurrentemente olvidada por el PSOE. Y la comisión de investigación Kitchen III muere como arrancó su andadura, sin pena ni gloria.

Foto: Pedro Sánchez durante la declaración institucional desde la Moncloa para comunicar el adelanto de la convocatoria de elecciones generales al mes de julio. (EFE / Moncloa Pool Borja Puig de la Bellacasa)

Solo en las últimas semanas, Sánchez ha hecho campaña con la ley de salud mental, con la ley de paridad o con el real decreto ley para costear el 50% del Interrail por Europa a los jóvenes. Podemos, por su parte, ha aprovechado las últimas semanas para anunciar una ley para obligar a los bancos a costear las quitas en los pagos de cuotas hipotecarias, otra para obligar a presentadores y directivos de medios de comunicación a publicar sus declaraciones de bienes y de intereses, mientras que IU registró hace menos de dos semanas una proposición de ley como base para empezar a regular el uso de la inteligencia artificial. Todas, más o menos electoralistas, presentadas, calificadas o ya avanzadas en su tramitación, quedan en agua de borrajas.

No será posible eliminar de la Constitución el término disminuido, para sustituirlo por persona con discapacidad. La prematura caducidad de la legislatura impide así concretar la leve reforma de la Carta Magna que los grupos parlamentarios han ido arrastrando durante toda la legislatura. Son varias las decenas de leyes afectadas, un par de decenas de decretos leyes. Sobre estos últimos, el Reglamento del Congreso atribuye a la Diputación Permanente asumir "todas las facultades" con las que cuenta el pleno; si hay acuerdos políticos, estas normas, ya aprobadas y en vigor, se verán ratificadas.

Las leyes contra la trata y el proxenetismo, al vacío

Entre las normas de cuño socialista aún en tramitación, se encuentra el proyecto de Ley de Secretos Oficiales, que buscaba actualizar una regulación franquista —la norma en vigor es de 1968—, pero encontró casi desde el inicio de su andadura con la evidencia de una falta de mayoría para sacarla adelante. Se lanzó de forma exprés tras el escándalo del espionaje de Pegasus, pasando por encima de otra propuesta del PNV ya en tramitación en el Congreso, pero a las prisas iniciales le siguieron una serie de retrasos que evidenciaban que había dejado de ser una prioridad. El proyecto de ley regulaba la desclasificación de secretos oficiales y pasó por los informes prescriptivos con críticas desde órganos como el CGPJ.

El pasado noviembre la coalición aprobó el anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos dirigida a "abordar de manera integral la lucha contra todas las formas de trata y de explotación, desde la sexual y la laboral al tráfico de órganos". Entre las medidas que preveía se encontraba el Mecanismo Nacional de Derivación (MND) como órgano encargado de canalizar la atención a las presuntas víctimas de trata a los servicios especializados. Introducía por primera vez la definición de explotación y la definición de sus formas.

Foto: María Jesús Montero, ministra de Hacienda, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE/Kiko Huesca)

Podemos pierde, por su parte, uno de sus estandartes electorales, la última de las leyes estrella de la parte morada del Gobierno, que ahora quedará como mero proyecto. Ha sido otro de esos textos que ha ido sufriendo atascos y retrasos en los últimos meses, para disgusto de los de Ione Belarra. Buscaba la equiparación de derechos de las parejas de hecho y los matrimonios, ampliar los permisos para el cuidado de familiares para mejorar la conciliación e incrementar la clasificación de familia numerosa a otros supuestos, con ayudas reforzadas.

Otra de esas leyes que ya no lo serán —al menos de momento— es la destinada a regular la prostitución. La proposición de ley socialista buscaba abolirla y ampliar el castigo penal para los proxenetas. Proponía, también, multas para los clientes y castigar la llamada tercería locativa, es decir, a quienes con ánimo de lucro y de forma habitual ceden locales en los que se ejerce la prostitución.

Foto: El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. (EFE/Fernando Alvarado)

A cargo del departamento que dirige Alberto Garzón, el fin de la legislatura también acaba con la ley de atención al cliente, pensada para mejorar los derechos de los consumidores a través de la obligación para las empresas de disponer de un sistema eficaz para facilitar información, atender y resolver las quejas y reclamaciones ágilmente. Lo mismo sucederá con leyes económicas como la de movilidad sostenible o de función pública.

Agilización de la Justicia y Bomberos

También se verán afectadas normas que buscaban mejoras prácticas en la administración de Justicia. La ley de Eficiencia Organizativa y la de Eficiencia Procesal del Servicio Público se quedan a las puertas de su aprobación. Ambas formaban parte esencial del plan de Justicia 2030 y buscaban unificar el acceso a los ciudadanos al margen del territorio en el que residan. Se basaban en la creación de Tribunales de Instancia y oficinas judiciales y de Justicia. También unificar los sistemas dispares de gestión, muchas veces incompatibles entre distintas comunidades autónomas.

Los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica, ELA, tampoco podrán contar con la norma que se tramitaba con la intención de garantizar el derecho a una vida digna. El plazo para la presentación de enmiendas se fue ampliando hasta en medio centenar de ocasiones. La iniciativa incluía el reconocimiento del 33% del grado de discapacidad, atención preferente, bono social eléctrico y servicios domiciliarios.

Foto: Pedro Sánchez en la última sesión de control. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

Queda en el tintero el anteproyecto aprobado en su día para regular el marco jurídico básico de los bomberos forestales y los agentes medioambientales. La ley en proyecto estaba destinada a asegurar unas condiciones laborales y profesionales equivalentes en todo el país. Hasta ahora, las comunidades autónomas habían regulado y desarrollado ambas figuras conforme a sus competencias y esto provocaba desigualdades entre los trabajadores.

Ley mordaza

El fracaso legislativo más sonado, que ahora se confirma completamente, es la reforma de la conocida como ley mordaza, una de las más contestadas y emblemáticas de la etapa de la mayoría absoluta del PP. La proposición de Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, que fue presentada por el PSOE en el registro del Congreso el 1 de diciembre de 2016, y su urgente derogación han sido reivindicadas desde entonces por todos los partidos de izquierda. No se ha conseguido.

El pasado marzo, ERC y EH Bildu tumbaron el dictamen de la norma, tras celebrar más de 40 reuniones en el último año para tratar de salvar la que fuera una de las promesas estrella de ambos partidos de la coalición. Los votos de PSOE, Unidas Podemos y el PNV, autor de la proposición de ley, no bastaron para evitar el naufragio.

Hace siete días, Pedro Sánchez anunciaba desde un mitin de campaña que su ley de paridad incluiría cuotas de al menos un 40% de mujeres en órganos constitucionales como el TC, el Consejo General del Poder Judicial o el consejo fiscal. Siete días más tarde, su decisión de poner un final precipitado a la legislatura frustrará la aprobación de esa norma y de decenas de otras leyes que se encontraban en tramitación, en muchos casos muy avanzada, y que esperaban ver la luz antes de las elecciones inicialmente previstas para diciembre. La decisión de Sánchez tras la debacle de la izquierda el 28-M tiene un impacto inmediato: el jueves, la Cámara Baja debía aprobar en pleno el proyecto de ley por el que se regulan las enseñanzas artísticas superiores y se establecen la organización y equivalencias de las enseñanzas artísticas profesionales. No ocurrirá, no habrá un pleno más en la XIV legislatura.

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