UP reclama al PSOE desbloquear la ley de salud mental tras un año atascada en el Congreso

El Gobierno asegura que garantizar la salud mental de la población es una prioridad en su acción política, pero en este caso los dos partidos de la coalición defienden distintas recetas para conseguirlo, y una ley sobre esta materia, propuesta por Unidas Podemos, lleva un año paralizada en el Congreso de los Diputados. Por su parte, el Ministerio de Sanidad, dirigido por Carolina Darias, reivindica el trabajo que ha desarrollado hasta ahora, como la renovación de la Estrategia de Salud Mental por primera vez en 12 años, la creación de una especialidad en psiquiatría infanto juvenil o la puesta en marcha del teléfono de prevención del suicidio, que ya ha atendido más de 34.000 llamadas.

El Congreso avaló en octubre de 2021 tramitar la proposición de ley de salud mental presentada por Unidas Podemos, con el voto a favor del PSOE, ERC, Bildu, Más País, Compromís y hasta Ciudadanos, con la abstención del PP y el rechazo de Vox y del PNV. El 27 de noviembre se abrió el periodo de enmiendas y desde entonces se ha visto prorrogado hasta en 32 ocasiones, por lo que la ley lleva desde entonces congelada en la Comisión de Sanidad.

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Mientras los grupos aún están estudiando cuáles serán sus grandes apuestas parlamentarias este curso, con la vista puesta en la semana del 12 de septiembre, cuando la Cámara volverá a velocidad de crucero, fuentes de Unidas Podemos anticipan que presionarán para desatascar esta norma. "No entendemos por qué el PSOE sigue bloqueando nuestra ley, que obligaría a aumentar las ratios de profesionales hasta situarlas en parámetros europeos", aseguran, antes de lanzar un dardo al Ministerio de Sanidad: "No ha hecho prácticamente nada para reforzar un maltrecho sistema público de salud mental".

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó el jueves que la lucha contra el acoso escolar "sí que es una prioridad" para el Ejecutivo, "como lo es la Estrategia de Salud Mental" o el teléfono 024 contra el suicidio, que ha tenido una "respuesta masiva y muy positiva". En un país en el que cada día se quitan la vida 11 personas, y en el que en tres meses el 024 ha identificado 585 suicidios en curso, no está en cuestión la importancia de esta iniciativa.

Sí hay debate sobre cómo actuar contra las enfermedades mentales. "Para nosotros es una prioridad, se han hecho muchos avances y esto ya son realidades", aseguran desde Sanidad. Recuerdan que el último Consejo de Ministros, antes del parón de agosto, aprobó transferencias millonarias para la transformación digital de la atención primaria en el Sistema Nacional de Salud, algunas para proyectos relacionados con la salud mental.

"No entendemos por qué el PSOE sigue bloqueando la ley, que obligaría a aumentar las ratios de profesionales", aseguran desde UP

También los 100 millones de euros hasta 2024 (30 millones para 2022) que dotan el Plan de Acción de Salud Mental, pactado entre el ministerio y las CCAA, en el marco del Consejo Interterritorial de Salud. O también los códigos de conducta riesgo que ya están implementándose en el 024 para tratar de prevenir el suicidio en la población infanto juvenil.

La actuación frente a los suicidios sí ha sido contemplada por Sanidad (viene recogida en el programa de coalición), pero no así otros aspectos de la bloqueada ley de salud mental, como la exigencia de incrementar las ratios de profesionales para contar con 18 psiquiatras, 18 psicólogos clínicos y 23 enfermeros especialistas por cada 100.000 habitantes. Solo en lo que toca a los psicólogos clínicos, la media europea está en 18 profesionales por cada 100.000 personas, pero en España son únicamente seis. Algo parecido ocurre con los psiquiatras, 9,6 profesionales, frente a los 24, 23 y 20 por cada 100.000 habitantes en países como Polonia, Finlandia y Bélgica.

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Además, hay cierto debate sobre si una ley específica es la mejor herramienta para enfrentar esta problemática, o si puede llegar a ser estigmatizante, como defienden distintos expertos. También lo plantea uno de los socios habituales del Gobierno, el PNV, que votó en contra de la admisión a trámite de la norma. Fuentes del partido 'jeltzale' destacan que lo relevante es que haya presupuesto para desarrollar estas políticas, y advierten de la necesidad de evitar la "invasión competencial" que supondría esta norma.

Más País, que ha hecho de la salud mental una de sus banderas, ha reclamado en reiteradas ocasiones al Ejecutivo que dedique más esfuerzos a esta materia. Incluso otros aliados parlamentarios sopesan estos días recuperar la exigencia de aprobar una ley de salud mental, con la vista puesta en el curso que comienza y en la negociación de los presupuestos generales del Estado para 2023.

El PNV se opuso a la tramitación de la norma, al considerar, como algunos expertos indican, que la ley podría llegar a ser estigmatizante

De momento, en el PSOE no aclaran qué planes tienen para esta ley, mientras sus socios les reclaman que dejen de posponer la aprobación de la norma. Estrictamente hablando, a lo que compromete el acuerdo de coalición es a actualizar la Estrategia de Salud Mental, o el desarrollo de una estrategia de prevención de la conducta suicida y la puesta en marcha de una línea telefónica de atención.

Independientemente del procedimiento que finalmente escojan, tanto si tiran la llave del cajón donde guardan esta ley como si deciden apostar por tramitarla después de haberla avalado, todas las partes consultadas defienden una idea compartida: después de tantos años siéndolo, las enfermedades mentales y el suicidio están dejando de ser considerados tabúes.