El Congreso hará una ley para que haya más de 8.500 psicólogos en la salud pública

La respuesta de un diputado del PP, "vete al médico", a la exigencia de Íñigo Errejón de aprobar un ambicioso plan de salud mental encendió la mecha. La corriente de indignación que se destapó a raíz del incidente colocó un asunto social muy doloroso en el primer nivel del debate político, tanto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió el 30 de junio a tener listo ese nuevo plan. El Ministerio de Sanidad se puso manos a la obra y en julio comenzó a moverlo entre las comunidades autónomas. Y hasta aquí. Pausa desde entonces.

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El nuevo plan de salud mental propone que haya más psicólogos en los ambulatorios

Ángel Alonso Giménez Gráficos: María Zuil

El Congreso ha hecho este martes un movimiento. Por fin. Ha sido gracias a Unidas Podemos, que ha tenido la astucia de estrenarse en el periodo de sesiones actual con la petición a la Cámara para tramitar una ley de protección de la salud mental. El PSOE, ERC, Cs, EH Bildu y Más País, entre otros, han apoyado la solicitud. El PP se ha abstenido. A partir de ahora, los grupos tendrán que presentar enmiendas y modificar el texto, y sobre todo, evitar que el cálculo político cierre la iniciativa en un cajón. Lo que está en juego es dar al sistema nacional de salud más de 8.500 psicólogos, más de 8.500 psiquiatras y unos 10.900 enfermeros/as especializados, entre otras medidas.

Los objetivos de Unidas Podemos

La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, ha estado presente en el Congreso durante el debate de la proposición de ley. Su asistencia demuestra la relevancia que el partido concede a un asunto que ha abanderado una "persona non grata" para la formación que lideró Pablo Iglesias. Errejón, horas antes de que comenzara el debate en el pleno del Congreso, daba la bienvenida a sus antiguos compañeros a un marco de discusión que comenzó él y que removió con fortuna a lo largo de la campaña electoral del 4-M, no en balde Más Madrid logró un resultado electoral inesperado.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha repasado algunos datos muy significativos sobre lo que supone la falta de salud mental. Casi cinco millones de personas han reconocido tener algún problema al respecto y en 2018 más de 3.500 se suicidaron, lo que supone que es en España la primera causa de muerte no natural. Los números sobrecogen, y sin embargo, "el despliegue de recursos y de legislación brilla por su ausencia", ha asegurado. "Las instituciones no han estado a la altura de este problema", ha añadido acto seguido.

Lo principal es inyectar más recursos para la atención a la salud mental en los ambulatorios y en los hospitales públicos, y así, Unidas Podemos fija en la propuesta una ratio de profesionales sanitarios igual a la que existe en la UE. Se trata, en cuatro años, de que haya 18 psicólogos, 18 psiquiatras y 23 enfermeros especializados por cada 100.000 habitantes. Habida cuenta de que en España, a 1 de enero de este año, habitaban más de 47 millones de personas, las cifras serían más o menos las reseñadas antes. Es un objetivo de envergadura porque actualmente, según "estimaciones generosas", ha dicho Echenique, esa tasa es de seis, seis y 10, respectivamente. "Esto es una vergüenza que impide a los excelentes profesionales llevar a cabo su trabajo como les gustaría", ha concluido el portavoz.

Un repaso por el texto de la norma, a la espera de las correcciones o modificaciones que se acuerden durante el paso de la medida por la Comisión de Sanidad, muestra más novedades: la elaboración de un protocolo para la prevención del suicidio, limitación al máximo de las hospitalizaciones, itinerario específico para personas afectadas por la pandemia, tanto por enfermedad como por el estrés derivado de la situación; la creación de un Centro Estatal de Salud Mental o la constitución de una Defensoría del Paciente de Salud Mental.

La derivada política

Varios grupos parlamentarios, y no solo los del espectro de la derecha, han considerado que esta proposición de ley de Unidas Podemos es un desmarque del planteamiento que está defendiendo el PSOE. Sanidad, como se ha subrayado, está terminando la actualización de la Estrategia de Salud Mental. Su idea es aprobarla antes de fin de año en el Consejo Interterritorial de Salud. El borrador, que se verá enriquecido con aportaciones de especialistas y consejerías autonómicas, aboga por un aumento del número de profesionales en ambulatorios y en hospitales, y por realzar el papel del centro de día psiquiátrico, así como de la atención domiciliaria o en entornos familiares en la medida de lo posible.

Sanidad, por ahora, no baraja cifras de profesionales que deben aumentar la plantilla con la que ya se cuenta, a todas luces escasas, según la versión de los propios profesionales y sus asociaciones. No lo hace porque es algo que depende las comunidades, es decir, de sus propios planes. Unidas Podemos sí lo hace, y eso ha molestado a algunos aliados, en especial los nacionalistas.

A los populares no les complace la idea de que la mejora de la atención en salud mental provenga de una ley, pues ya hay planes para eso

El más importante, el PSOE, ha dejado claro que apoyará la tramitación parlamentaria de la propuesta, pero también que su preferencia reside en la Estrategia. Ahora bien, ha dicho Carmen Andrés, si se abre una ventana para debatir sobre salud mental, pues que se debata sobre salud mental. Algo parecido ha esgrimido el PP por medio de Rosa Romero. A los populares no les complace la idea de que la mejora de la atención en salud mental provenga de una ley, pues ya hay planes para eso, pero se trata de reforzar el modelo y eso se superpone a lo demás.

Vox ha sido muy duro contra la medida, como era de esperar, al igual que el PNV, pero por razones muy diferentes. Sus reparos se encuentran en las "invasiones competenciales". También ERC ha reprochado ese carácter, el de cierta extralimitación competencial. Además ha abogado por reforzar la financiación. No es eso lo que corresponde a una ley, sino a los planes y programas que se desarrollen. El diputado independentista Francesc Eritja lo ha recalcado, así como la aparente disparidad de criterio que tienen los socios de Gobierno. Por tanto, Esquerra, así como JxCAT, PDeCAT, BNG y PNV, han lamentado el planteamiento de los "morados", aunque estén a favor, como es el caso, del fondo de la propuesta.