La paradoja de la salud mental: quórum entre los partidos, pero ni Congreso ni Gobierno legislan

Dos gemelas de 12 años saltaron por el balcón de su casa en Sallent. Una perdió la vida. El equipo directivo de un instituto en Mislata dimitía en protesta por la falta de recursos para ayudar a 15 alumnos en una situación similar. Es la punta del iceberg de los 11 suicidios que se producen cada día en España, una media de 77 en una semana completa. Uno cada dos horas y cuarto. Y aunque existe cierto quórum entre los partidos para actuar ante esta problemática, la realidad es que ni el Gobierno ni el Congreso han legislado hasta la fecha. Todas las fuerzas en la Cámara Baja, no obstante, respaldan por unanimidad un permiso para atender a personas en riesgo de quitarse la vida.

La proposición no de ley (PNL) abanderada por Íñigo Errejón (Más País) logró este jueves el récord de 340 apoyos, unanimidad en un Parlamento marcado por la crispación, en el que hay escasos precedentes de esta situación, como ocurrió con la eliminación del voto rogado en el Senado. El problema es que la iniciativa exhorta al Gobierno a actuar, pero no se traduce directamente en un desarrollo legislativo, como la inmensa mayoría de iniciativas presentadas sobre esta materia. En la tribuna de oradores del hemiciclo, en la sala de prensa o en los pasillos de la Cámara, la salud mental se abre hueco entre los discursos. Incluso, los distintos grupos, desde Unidas Podemos a Vox, han presentado distintas recetas para avanzar en esta línea. La inmensa mayoría de fuerzas, además, aseguran que lo que se ha hecho hasta ahora es insuficiente y que hay un enorme margen de mejora.

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Sobre el papel, todas las fuerzas quieren avanzar: del PP a UP, pasando por Vox, EH Bildu o el PdeCAT, los partidos piden ir más lejos, pero en lo concreto afloran algunas diferencias que dificultan dar más pasos. Esa división empieza entre los socios de Gobierno. Ya hay una ley de salud mental registrada por Unidas Podemos. Lleva año y medio congelada en plazo de prórroga de enmiendas, desde octubre de 2021. Son más de 50 prórrogas, y subiendo. El socio minoritario asegura que el Ministerio de Sanidad "no ha hecho prácticamente nada para reforzar un maltrecho sistema público de salud mental" y acusa al PSOE de bloquear la ley que obligaría a elevar "las ratios de profesionales hasta situarlos en parámetros europeos”.

Los socialistas responden que la ley ya está en trámite, y, en línea con Sanidad, recuerdan que ya han habilitado el teléfono de prevención del suicidio (024, dotado con tres millones de euros), además de actualizar la Estrategia de Salud Mental que llevaba sin renovarse desde 2009. También han presentado el plan de acción en salud mental 2021-2024, dotado con 100 millones de euros. Es la misma respuesta que esgrimen desde hace meses.

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Los datos, sin embargo, son difíciles de rebatir: España cuenta con una ratio de seis psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, tres veces menos que la media europea, y su distribución entre los territorios es muy desigual, como recuerda Miguel Guerrero Díaz, portavoz de ANPIR, la Sociedad Española de Psicología Clínica. Con los datos del INE en la mano, el suicidio es "la primera causa de muerte no natural en nuestro país", y mientras en los últimos 20 años las muertes causadas por accidentes de tráfico se han ido reduciendo, en lo que toca al suicidio se han mantenido en niveles altísimos, hasta superar en 2022 la barrera de las 4.000 personas que logran quitarse la vida en un año.

Y, en lo que toca a los 100 millones de euros a los que alude el Gobierno, como apunta Elvira Velasco, portavoz del PP en la comisión de Sanidad del Congreso, se distribuyen en tres años, y después hay que repartir esos cerca de 30 millones de euros entre las 17 comunidades autónomas. "Necesitamos más recursos humanos, financiación y más tecnología; este año por fin hay 20 plazas en formación de psicología infantil, pero son para el conjunto de las comunidades autónomas", apunta. "No puede ser que en psiquiatría solo se hayan incrementado 16 plazas con respecto al año anterior; en psicología clínica 27", abunda.

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La ley que reclama UP, y que algunas fuerzas (como Bildu o el PdeCAT) ven con recelo por la invasión competencial, no está hoy entre las prioridades de los socialistas (ven suficiente operar en el marco de la estrategia), y tampoco es "necesaria o prioritaria" para el PP. "La vía no es la de realizar una ley concreta para esta cuestión, ya que tampoco se hace para otras patologías. Hay que hacer un análisis práctico y realista en el marco jurídico", apunta el PNV. El fin entre los partidos es el mismo, pero las recetas cambian.

Desde ANPIR apuntan a que, aunque la ley de salud mental recoge algunas de sus propuestas, "la protección de la ciudadanía está bien legislada como un derecho derivado del artículo 43 de la Constitución". No es necesaria "demasiada legislación nueva", apuntan, sino "que no se conculquen los derechos de las personas con problemas de salud mental y que la ley consolidada existente se cumpla y haga efectiva. Esto, desgraciadamente, no suele ocurrir", apostillan. También destacan que la propuesta no goza de unanimidad, como considera que deberían aprobarse las políticas relacionadas con salud mental.

Camino al plan nacional de prevención del suicidio

Guerrero, psicólogo clínico experto en prevención del suicidio, trabaja como coordinador de la unidad de prevención e intervención intensiva en conducta suicida (UPI Cicerón) del servicio andaluz de salud. Apunta que un paso decisivo sería diseñar un plan nacional de prevención del suicidio (actualmente está recogido en la estrategia). Advierte de que las estrategias pueden quedar en papel mojado "si no se dotan de recursos humanos, técnicos y financieros". Para cambiar el modelo de atención de la salud mental, apunta, "son necesarias medidas a aplicar durante años". "Resolver problemas de esta magnitud necesita que las políticas sean sostenidos en el tiempo, definir necesidades y marcar las líneas estratégicas de acción", sostiene. También que las medidas a adoptar sean parte de estrategias globales, no iniciativas aisladas (como ocurre con el 024), ya que tienen mayor efecto si van acompañadas de otras medidas.

Reclama que "no se utilicen la salud mental y el suicidio para hacer política", y advierte a los poderes públicos de que deben "generar vidas que sean vividas con toda la dignidad posible". Que el Senado votara en octubre en contra de crear un plan nacional de prevención del suicidio (a propuesta de UPN, ante el rechazo de la izquierda) es otro ejemplo de que la unanimidad es excepcional, también en estas materias.

Cascada de iniciativas, escaso efecto

Son muchas las iniciativas planteadas durante la legislatura, pero la inmensa mayoría son PNL o preguntas parlamentarias, y no suponen desarrollo normativo alguno. En lo que va de legislatura, el PSOE ha presentado cinco proposiciones no de ley sobre esta materia (entre otras, una sobre la prevención y atención a la conducta suicida); el PP también ha defendido PNL en comisión, como la que insta a desarrollar un plan global de salud mental; Vox ha registrado un par de PNL sobre salud mental y otras tantas preguntas escritas al Gobierno sobre la materia El PNV ha planteado una pregunta por escrito y dos solicitudes de informe al Ejecutivo sobre la estrategia de salud mental, y Más País recuerda su batería de PNL, preguntas escritas y orales al Gobierno, además de sus enmiendas a los PGE y resoluciones en el debate sobre el Estado de la Nación.

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Bildu no ha planteado iniciativas específicas en Madrid —sí en Euskadi—, pero ha apoyado las propuestas "aprobadas mayoritariamente". El PdeCAT avanza que presentará enmiendas a la ley de salud mental si finalmente sale del limbo, al considerar que fijar una ratio mínima de psicólogos supone invadir las competencias catalanas, y pide incrementar la financiación para salud mental. "Aún no se ha abordado de forma seria uno de los problemas principales bajo nuestro punto de vista: garantizar el acceso a una atención psicológica regular y gratuita para toda la población", advierten. "Nunca es suficiente mientras el problema persista, y mientras el presupuesto y los psicólogos no lleguen. Hay que pasar de las palabras a los hechos", abundan desde Más País.

Toda una cascada de iniciativas que apenas han tenido efectos concretos fuera del Palacio de las Cortes. Velasco recuerda que la comisión de reconstrucción tras la pandemia sí abordó distintas materias relacionadas con la salud mental, como la actualización de la estrategia, pero también planteó otras como el plan estratégico de prevención de suicidios, del que hoy "no sabemos nada". "La pandemia nos afloró la situación de salud mental de la sociedad española", apunta la diputada del PP.

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En este sentido, el psicólogo Guerrero asegura que el Covid sirvió para romper tabúes sobre las enfermedades mentales. El permiso de atención a personas en riesgo de suicidio es, en su opinión, una medida "necesaria, pero insuficiente", que avanza en materias como "reconocer la crisis suicida como una situación de vulnerabilidad"; "Reconoce al entorno como parte activa de la recuperación", abunda.

Entre los políticos, Velasco sostiene que "lo de menos es la iniciativa. Lo importante es unirnos todos ante el elevado número de suicidios y ver cómo se pueden prevenir". Hay excepciones: Vox identifica al Ejecutivo como responsable de agravar los problemas de salud mental con los confinamientos durante la pandemia, pero también votó a favor de la PNL de Errejón. Según el PSOE, "siempre han sido gobiernos socialistas los que han mejorado la atención a la salud mental", y el Ejecutivo actual "la sitúa con determinación en el centro de las políticas públicas sanitarias".

Con esta iniciativa, el Congreso solicita al Gobierno que aborde con los agentes sociales la creación de un permiso laboral retribuido de hasta dos semanas. La pelota queda ahora en el tejado del Ejecutivo, que ya se ha comprometido a actuar, y que lo ha hecho a solo tres meses de las elecciones municipales y autonómicas. Todas las fuerzas, incluido el socio minoritario, piden al PSOE dar pasos cuanto antes. Cada día de retraso cuenta 11 vidas.