El decreto anticrisis se atasca en el impuesto a las energéticas y la bonificación al transporte público

La prórroga de las medidas de contención de la inflación se atasca en el seno del Gobierno. Los equipos de María Jesús Montero y Yolanda Díaz negocian contrarreloj para llegar a una entente que permita aprobar este miércoles un nuevo real decreto anticrisis en la última reunión del Consejo de Ministros de este año. Los principales escollos, apuntan fuentes conocedoras de la negociación, están en la revisión del impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas —ya en vigor— y la bonificación al transporte público. El debate está principalmente en las iniciativas que tienen un mayor coste fiscal, mientras que las que no tienen impacto en los gastos del Ejecutivo tienen más posibilidades de seguir adelante en 2024. El pulso en el Ejecutivo llega a escasos días de que acabe el año, apenas una semana después de que se saldaran los choques a cuenta de la reforma de la prestación por desempleo.

"Las negociaciones siguen siendo intensas", explican las citadas fuentes, que aseguran que "el grueso" de las medidas se verán incluidas en el nuevo real decreto ley, que debe aprobarse este mes para que entre en vigor el 1 de enero. De no hacerlo, todas las medidas decaerán, automáticamente. En el ámbito impositivo, el foco está puesto en el citado impuesto a las energéticas, que en el Ministerio de Hacienda quieren "actualizar y revisar" para incentivar a las empresas. El plan pasa por "ayudar" a que las compañías inviertan sus beneficios en la "transformación energética", lo que hace pensar en posibles bonificaciones a cambio de inversiones que permitan reducir la dependencia del modelo energético de las fórmulas más contaminantes.

Aunque en el departamento de María Jesús Montero no confirman si los retoques en este tributo estarán incluidos en el decreto ley que se espera aprobar este miércoles, lo que sí dejan claro es que el impuesto a la banca no afrontará una remodelación inminente. "Mantenemos una evaluación y análisis permanente para asegurarnos de que nuestro sistema fiscal está en sintonía con el contexto y las necesidades económicas", apuntan desde Hacienda, donde señalan que los dos gravámenes han permitido recaudar unos 3.000 millones de euros para sufragar en parte estas medidas para luchar contra la inflación.

El plan presupuestario del Gobierno para 2024, enviado a Bruselas en octubre, contemplaba 1.440 millones de euros para la prórroga de alguna de estas medidas. Las más destacadas son las relacionadas con el transporte público. El propio jefe del Ejecutivo, durante la campaña electoral, avanzó que en 2024 los autobuses y ferrocarriles serían gratuitos para jóvenes, estudiantes y desempleados. Pero no está claro qué ocurrirá con la rebaja general, que llega incluso al 60% del precio. Hay que tener en cuenta que parte de la bonificación la ponen los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos.

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La negociación responde a las peticiones de Europa, que ha reclamado al Gobierno español y al resto de Estados miembros de la UE la eliminación paulatina de las medidas encaminadas a paliar el alza de la inflación. Esta decisión coincide con la reactivación de las reglas fiscales, recién reformadas y atenuadas en parte, que harán que los Ejecutivos tengan que apretarse el cinturón en las cuentas de 2024. El proyecto de presupuestos generales del Estado está en pleno proceso de aprobación y la intención de María Jesús Montero es que estén aprobados "lo antes posibles". La dificultad es combinar el menor margen de maniobra en materia de gasto con los distintos acuerdos de investidura alcanzados por el PSOE, así como el pacto de coalición con Sumar.

Acuerdo con Bildu para los desahucios

El decreto sí incluirá con total seguridad la prohibición de los desahucios para personas vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2024. Así lo ha anunciado EH Bildu en un comunicado hecho público este lunes, atribuyéndose el mérito de haber logrado mantener esta medida.

No es la única iniciativa avalada por la coalición radical que irá en la prórroga, ya que el partido de Arnaldo Otegi también ha incluido la prohibición de los cortes de suministros básicos (luz, agua y gas) para personas vulnerables y la ampliación de la tarifa regulada (TUR4) para calderas comunitarias. Este último punto no es baladí, si se tiene en cuenta que la excepción ibérica al precio del gas también expira en cuestión de días.

El PP reclama una reunión a Montero y Ribera

Por su parte, el PP ha cargado este lunes contra el Ejecutivo, reprochándole que haya hecho caso omiso a la lista de medidas en materia fiscal y energética que esgrimen desde abril de 2022. El portavoz económico de los conservadores, Juan Bravo, ha comparecido en la sede de la formación para reclamar una reunión con las vicepresidentas al frente de Hacienda y Transición Ecológica, la propia Montero y Teresa Ribera, a las que quiere convencer para que apliquen algunas de sus recetas. "Donde quieran y cuando quieran", apostillan fuentes de la dirección. Estas van desde la deflactación del IRPF, tantas veces reclamada, hasta la rebaja del IVA de alimentos básicos.

Lo que el PP no contempla hoy es facilitar la tramitación de este real decreto, que debe ser ratificado por el Congreso en un pleno extraordinario durante el mes de enero, en un plazo de no más de 30 días. No lo harán, aseguró Bravo, porque el Ejecutivo volverá a combinar en este decreto las medidas frente a la inflación con "todos los compromisos en Bruselas" suscritos y hasta ahora no incluidos en ninguna otra norma, entre ellas algunas a las que a todas luces se oponen los conservadores. "Ha tenido todo el año"; "Al PP no, tiene otros socios".