Sareb lanza un plan para ayudar a vulnerables y desahuciar a ocupas reincidentes
La sociedad, cuyo control acaba de tomar el Estado, lanza un plan dirigido a regularizar y/o mejorar la situación de casi 10.000 familias que residen en viviendas de la sociedad pública
El Estado empieza a dejar su impronta en Sareb. La compañía acaba de lanzar un plan, al que ha definido como un "nuevo modelo de gestión de las familias vulnerables", dirigido a regularizar y/o mejorar la situación de cerca de 9.800 familias que residen actualmente en viviendas de la empresa pública y que podrían acceder a un alquiler social o asequible.
Este nuevo esquema, entrará en vigor de manera progresiva en los próximos meses e incorporará gestores especializados en mediación y alquiler social. El objetivo que se persigue es que estos inquilinos consigan superar su situación de exclusión y, para conseguirlo, además, de ofrecerseles un alquiler asequible, se pondrá en marcha un programa de acompañamiento social y un plan de trabajo continuado.
El parque de casi 10.000 viviendas que ha identificado Sareb está formado por familias ya atendidas por los servicios sociales y, la mayoría, en situación irregular, ya sea porque debido a problemas económicos han dejado de pagar el alquiler o lo pagan sólo ocasionalmente o porque están en ocupando los pisos donde viven. De ahí que el plan se centre en intentar ayudar a los inquilinos a salir de la situación de exclusión, ayudando tanto con el pago de la renta como en el plano laboral.
Pero, en el caso de que haya inquilinos que rechacen la propuesta e insistan en permanecer ilegalmente ocupando las viviendas, Sareb activará los correspondientes procedimientos para instar el desahucio, según afirman fuentes conocedoras. La propuesta de ayuda que ofrecerá Sareb a esas casi 10.000 familias incluirá un plan de colaboración con las administraciones competentes en la materia, especialmente con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Además, ha contratado a Servihabitat y a las firmas especilizadas en mediación y reinserción laboral Sogemedi y Gesocin para gestionar el día a día. Estas tres entidades, juntas, acreditan una trayectoria de gestión de 23.200 familias en alquiler social o asequible y 4.700 contratos de acompañamiento social.
Este plan es adicional al compromiso de Sareb de conceder a las administraciones hasta 15.000 viviendas. Sin embargo, por el momento, los ayuntamientos y comunidades de toda España apenas le han pedido 3.300 unidades. Algunas de estas viviendas, no obstante, pueden solaparse con las 10.000 del nuevo modelo de gestión.
Sareb también tiene 15.000 viviendas a disposición de las administraciones, pero por el momento solo le han pedido 3.300 hogares
Por otro lado, Sareb ha puesto a disposición del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 885 viviendas para refugiados ucraniano, un tercio de las cuales pueden ser habitadas de inmediato. La mayor parte de los inmuebles ofrecidos están ubicados en comunidades del arco mediterráneo, donde se ha detectado una mayor necesidad. No obstante, también hay viviendas en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y La Rioja.
Para Javier Torres, presidente de Sareb, este nuevo sistema “reforzará la colaboración entre las administraciones, las entidades del Tercer Sector y las organizaciones sociales para coordinar las necesidades de las familias, aplicando criterios de vulnerabilidad transparentes y un modelo de gestión sostenible”. Pau Pérez de Acha, director de Gestión de la Vivienda Asequible y Social y Relaciones Institucionales, destaca que “Sareb sigue trabajando día a día con la Administración Pública para ayudar a constituir y consolidar un parque público de vivienda de alquiler sostenible en el tiempo, que permita dar soluciones a las familias vulnerables”.
El Estado empieza a dejar su impronta en Sareb. La compañía acaba de lanzar un plan, al que ha definido como un "nuevo modelo de gestión de las familias vulnerables", dirigido a regularizar y/o mejorar la situación de cerca de 9.800 familias que residen actualmente en viviendas de la empresa pública y que podrían acceder a un alquiler social o asequible.
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