La reforma del subsidio deja en el aire la cobertura a los parados de larga duración

Conjugar el refuerzo de la protección social a los parados e incentivar su participación en el mercado laboral requiere un equilibrio difícil. Casi tanto como el que se ha necesitado para aunar las voluntades de dos vicepresidentas, Yolanda Díaz y Nadia Calviño, en la primera gran reforma de la legislatura: la de la ayuda asistencial al desempleo, destinada a quienes no tienen derecho a la prestación contributiva o la hayan agotado.

Durante los últimos días, la mayoría de titulares ha glosado la victoria de la primera, a la sazón ministra de Trabajo, quien, pese a la insistencia en que la reforma es una decisión de todo el Gobierno, tampoco ha rehuido su condición triunfante en una entrevista en la Cadena SER. Efectivamente, la ayuda no solo no se recortará, sino que se incrementará durante el primer año y se extenderá a nuevos colectivos. Sin embargo, la letra pequeña pone en duda la versión oficial, según la cual en esta reforma, que ha simplificado las vías de acceso a la ayuda, todos han salido beneficiados.

Si el diablo se oculta en los detalles, los que contiene el real decreto publicado el pasado miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) dejan en el aire la cobertura a los colectivos más vulnerables que recibían el subsidio: los emigrantes retornados, los liberados de prisión y aquellos declarados capaces o inválidos parciales tras una mejora de su grado de invalidez. También la de los beneficiarios de la renta activa de inserción (RAI), a la que se podían acoger quienes ya lo hubiesen agotado, siempre que fueran parados de larga duración mayores de 45 años, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, doméstica o sexual y, una vez más, emigrantes retornados.

Como pretendía Calviño, estos grupos serán desviados al ingreso mínimo vital (IMV), otra prestación desarrollada por el Gobierno durante la pasada legislatura para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social. Pasarán, por tanto, de estar protegidos por una medida ligada al empleo a hacerlo por otra de carácter asistencial, según los deseos de Economía. Pero los requisitos para recibir ambas no son iguales, y esto puede generar lagunas en una cobertura que ahora llega a 110.000 personas. Las mujeres, especialmente en el sur de España, serían las más afectadas por un cambio que preocupa a los sindicatos —como se recoge en una nota conjunta enviada por UGT y CCOO esta semana— y del que aún se desconocen sus consecuencias definitivas.

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De momento, solo existe una certeza: quienes a 1 de junio del año que viene —fecha de entrada en vigor de la reforma— estén percibiendo, tengan suspendidos o hayan solicitado el subsidio o la RAI seguirán sujetos a la norma antigua, por lo que tendrán derecho a la protección en los mismos términos (480 euros durante un máximo de 30 meses, en el primer caso, y de 11, en el segundo), siempre y cuando continúen cumpliendo los requisitos. Cuando deje de ser así o hayan agotado el tiempo de la ayuda, se les facilitará una pasarela hacia el IMV, según recoge el BOE: "La entidad gestora del subsidio por desempleo remitirá a la entidad gestora del ingreso mínimo vital el consentimiento de los interesados, así como los datos que a tal efecto se determinen, con la finalidad de que dicha entidad gestora tramite, en su caso, la prestación de ingreso mínimo vital".

Los dos ministerios afectados, Trabajo —que gestiona el subsidio a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE, el antiguo INEM)— e Inclusión —que tramita el IMV por medio del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)—, se remiten al futuro desarrollo reglamentario del real decreto ley aprobado el pasado martes en el Consejo de Ministros para conocer cómo se realizará ese tránsito desde un sistema de protección laboral hacia otro meramente asistencial. La filosofía es que, cuando los perceptores estén a punto de perder el subsidio o la RAI, el SEPE envíe al INSS todos los perfiles para dar las mayores facilidades posibles.

Incertidumbre a partir del 1 de junio

Sin embargo, este esquema protege a quienes ya reciben las pagas, pero no a quienes las soliciten a partir de la entrada en vigor de la reforma. Y aquí se halla el gran problema que deja en el aire la cobertura de los colectivos vulnerables, especialmente los parados de larga duración. Si antes del 1 de junio no se modifica el IMV para establecer unas condiciones de acceso más laxas, proliferarán los casos de denegaciones de esta ayuda por incumplir los requisitos, cuando en realidad habrían podido acceder al subsidio o a la RAI con el modelo anterior. Un ejemplo: el límite de ingresos mensuales para una unidad familiar compuesta por una persona sin hijos es de 565 euros en el caso del IMV, pero asciende a 810 para el subsidio de desempleo o la renta de inserción. Esto hace que, si no hay cambios de aquí al verano, un parado de larga duración mayor de 45 años que viva solo y posea un piso por el que cobra una renta de 600 euros al mes no reciba cobertura. Ahora mismo, las personas que están en esa situación sí la tienen.

Un parado mayor de 45 años que viva con un hijo que cobre el SMI está protegido; si nada cambia, a partir del 1 de junio, su equivalente no lo estará

El agravio resulta más patente en el caso de las familias formadas por dos o más personas, ya que el método para calcular los umbrales resulta distinto para el IMV y la RAI. En el primer caso, se contabilizan los ingresos de todo el hogar y se aplica un coeficiente para incrementar los topes en función del número de personas, mientras que en el segundo, el umbral sigue siendo de 810 euros mensuales, pero se computan todas las rentas divididas entre el número de miembros. En otras palabras: el cabeza de una familia formada por dos adultos y un hijo podrá recibir el IMV si ese hogar tiene unas rentas inferiores a 904 euros, pero ahora puede recibir la renta de inserción con unos ingresos de hasta 2.430 euros.

Además, tanto la RAI como el subsidio son compatibles en estos momentos con el ingreso mínimo vital —y las tres con un empleo en determinadas condiciones—, por lo que enviar a los parados de larga duración mayores de 45 años o a los salidos de prisión al IMV no supone ninguna ventaja económica: con la norma vigente, ya pueden completar los 480 euros que reciben hasta llegar a la renta mínima garantizada.

La casuística resulta muy compleja (en los siguientes enlaces puede comparar los umbrales para el subsidio y la RAI con los del IMV), pero se resume en una paradoja: mientras Díaz alardea de extender la protección, e incorporará a unos 400.000 desempleados al subsidio, gracias a la cobertura para los menores de 45 años sin hijos y los eventuales agrarios de todas las comunidades —son cálculos de Trabajo—, la cobertura podría menguar por otro lado.

El sur y las mujeres

¿Cuántos parados se verían afectados? Con los datos disponibles, resulta imposible saberlo, ya que los informes del SEPE no desagregan la información por los ingresos de los perceptores, que es la principal barrera de entrada que puede dejar fuera a algunos. Sin embargo, las estadísticas actuales sí permiten establecer un retrato robot de los posibles damnificados a partir del 1 de junio. Al menos para la renta de inserción, ya que los beneficiarios del subsidio en los casos que se eliminan no constituyen una muestra representativa: son unos 7.000 liberados de prisión, 3.000 emigrantes retornados y 1.000 plenamente capaces o inválidos parciales.

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Si nada cambia, las mujeres constituirán el colectivo más perjudicado por las lagunas de la reforma. Según el último informe de prestaciones del SEPE, correspondiente a noviembre, la RAI roza, de media, los 98.000 perceptores en 2023, de los que más de 68.000 son de género femenino. Es decir, un 70%. La inmensa mayoría está formada por parados de larga duración y más de 45 años, aunque también hay 10.000 discapacitados y 16.000 víctimas de violencia de género.

El reparto de los beneficiarios por el territorio nacional no es nada homogéneo, hasta el punto de que Canarias acumula más que Madrid, pese a tener una población notablemente inferior. Los perceptores de la renta de inserción se concentran en el sur de España, que suele presentar unos mayores niveles de desempleo y exclusión social. De hecho, uno de cada tres vive en Andalucía, que, sumada a la Comunidad Valenciana, acapara casi la mitad del total. Solo en la provincia de Cádiz, 4.700 parados de larga duración mayores de 45 años gozan de la ayuda, más que en toda Cataluña. Si estas personas viven con un hijo que cobra el salario mínimo, pueden recibir la RAI; a partir del 1 de junio, los que estén en la misma situación y soliciten el IMV lo que recibirán es un no como respuesta, excepto que durante este tiempo se produzca un cambio en los requisitos.

En el real decreto, el Gobierno se compromete a elaborar, en colaboración con la patronal y los sindicatos, una "estrategia global para el empleo" para los parados de larga duración y mayor edad, que incluirá medidas en materia de empleo, formación, condiciones de trabajo y Seguridad Social, "con el objetivo de favorecer su reincorporación al mercado de trabajo o su mantenimiento en el mismo". Además, a los mayores de 45 años que cobren el subsidio se les asegurará a lo largo de 2024 un perfil individualizado para acceder a oportunidades de puestos de trabajo, emprendimiento o formación. De momento, a los que pidan el ingreso mínimo vital a partir del 1 de julio, nadie les garantiza que lo vayan a cobrar en las mismas condiciones en las que ahora podrían haber accedido a la RAI.