¿Perjudican las ayudas la búsqueda de empleo? El debate que enfrenta a dos vicepresidentas

La idea se repitió hasta la saciedad durante la campaña del PSOE para las generales del 23 de julio, durante los meses de negociaciones hasta la investidura del presidente Pedro Sánchez y, ya con el Ejecutivo formado, este mismo sábado en un encuentro empresarial en el Bajo Ampurdán (Girona): "Uno de los principales objetivos de esta legislatura es el pleno empleo efectivo". Este discurso, enarbolado por los socialistas como gancho electoral para arrebatarle el monopolio de la buena gestión económica al Partido Popular, no es solo un eslogan para la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño. Al contrario, constituye su gran apuesta estratégica para la legislatura: una vez hecha la reforma laboral —medalla para la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz—, la batalla contra la precariedad se considera encauzada, y la prioridad debe ser la mejora de la competitividad de la economía española.

Calviño y su equipo creen que es posible que el paro caiga al final del mandato hasta el entorno del 8%, la cuantificación para España de un concepto ambiguo como el pleno empleo, que varía en función de las características del mercado laboral en cada país. Sin embargo, se trata de un nivel todavía lejano: según la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre, la tasa actual es del 11,8%, y el Banco de España ve un estancamiento de la reducción observada durante la recuperación posterior a la pandemia. El Gobierno confía en que las reformas y las inversiones del plan de recuperación consigan resolver, por fin, el gran problema estructural que arrastra la economía española desde hace décadas.

Pero el sueño de la vicepresidenta, llamada a abandonar el Ejecutivo en las próximas semanas para acceder a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI), se encuentra con un obstáculo infranqueable: los 1,13 millones de parados de larga duración con los que cuenta nuestro país, es decir, los que llevan más de un año buscando trabajo y no lo encuentran. Son cuatro de cada 10 desempleados, según la EPA, o casi cinco puntos de la población activa.

De su inserción laboral depende la reducción del elevadísimo paro estructural con el que cuenta España y, por tanto, el seguir profundizando en la bajada de la tasa, ahora que el fuerte componente cíclico de los últimos dos años se empieza a agotar. Es la única manera de que el pleno empleo preconizado por Calviño sea posible. No hay que olvidar que una parte de los demás parados, de ese 60% que lleva solo unos meses sin trabajar, forma lo que se denomina desempleo friccional, que es el que se produce en el lapso de tiempo que se deja un puesto voluntariamente hasta que se encuentra otro, o cuando alguien se incorpora al mercado laboral. La rigidez y estacionalidad del mercado español hacen que esta cifra sea superior a la de otros países, donde el pleno empleo se alcanza con tasas de paro mucho más bajas.

TE PUEDE INTERESAR

Díaz choca con Calviño por la reforma del subsidio por desempleo: "No vamos a recortar derechos"

Alejandro López de Miguel

La polémica de las últimas horas entre los ministerios de Economía y Trabajo, entre Calviño y Díaz, a cuenta de la reforma de las prestaciones asistenciales para los desempleados no se entiende sin estos datos. Y, sobre todo, sin uno más: este tipo de ayudas, que se perciben cuando no se tiene derecho al subsidio de paro o ya se agotó, las reciben unas 700.000 personas en nuestro país, según los últimos datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), correspondientes al mes de octubre.

¿Cuántas de ellas estarían realmente trabajando si no recibiesen la prestación o si recibiesen una prestación más reducida? La respuesta se antoja incierta, y constituye el verdadero campo de batalla entre la representante de la parte más ortodoxa del Gobierno y la líder del ala izquierda del Ejecutivo, ahora constituida por Sumar.

Lo paradójico es que las dos vicepresidentas están de acuerdo en lo fundamental. El cruce de comunicados y las declaraciones de Díaz a las puertas del Congreso —Calviño estaba de viaje hacia Nueva York, donde le espera una intensa agenda para captar inversiones internacionales— han servido para constatar que ambas defienden ciertos principios básicos en la reforma de las llamadas políticas pasivas de empleo: racionalizar el entramado de subsidios asistenciales existente en estos momentos, acelerar su cobro, hacerlos compatibles con un puesto de trabajo durante el primer mes y ampliar su cobertura, de tal manera que se puedan beneficiar colectivos que hasta ahora se quedaban fuera, y que responden a las nuevas realidades socioeconómicas del país, como el de los menores de 45 años sin hijos, carne de precariado.

Díaz ha afirmado que la competencia es suya, pero Calviño puede incidir antes de que la nueva norma llegue al Consejo de Ministros

Al fin y al cabo, estas líneas son las que se habían comprometido con Bruselas en la reforma número 11 del componente 23 del plan de recuperación. Si no se lleva a cabo, España no podrá recibir el cuarto desembolso de los fondos europeos, de 10.000 millones de euros, que el Gobierno lleva semanas diciendo que va a solicitar de forma inminente. Este hecho, junto a la posible salida de Calviño hacia Luxemburgo, explica las prisas para llevar al Consejo de Ministros una reforma que ya quedó pendiente durante la pasada legislatura.

Díaz ha afirmado que la competencia es suya, pero lo cierto es que Calviño puede incidir en la nueva norma antes de que llegue a la reunión semanal del Ejecutivo, como ya ocurrió con otros proyectos de Trabajo durante la pasada legislatura. La presidencia de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que ostenta la coruñesa, y la Comisión General de Secretarios y Subsecretarios son algunas de esas vías. De hecho, fue el propio secretario de Estado de Economía y número dos de Calviño, Gonzalo García Andrés, el que inauguró la polémica en un evento de la consultora EY, al desvelar que la reforma trataría de potenciar los llamados acuerdos de actividad, que suscriben los perceptores con el SEPE, "para que el apoyo que hace la Administración para formarlos, darles un itinerario personalizado y facilitar su inserción en el mercado de trabajo tenga reciprocidad en la búsqueda activa de trabajo y en la aceptación de las ofertas adecuadas de empleo".

Sin embargo, los parados que reciben los subsidios ya se tienen que comprometer, en el sistema actual, a priorizar la búsqueda de empleo al cobro de la ayuda, so pena de perderla. Pero el sistema de intermediación público es tan deficiente que esta cláusula apenas tiene efectividad: el porcentaje de demandantes de empleo que encuentran trabajo a través de los servicios de colocación no llega al 1%, un dato que no ha mejorado tras la reforma del SEPE emprendida por Díaz durante la pasada legislatura.

TE PUEDE INTERESAR

El Banco de España desmonta la esperanza del Gobierno de alcanzar el 'pleno empleo'

Javier Jorrín

Se trata, por tanto, de un brindis al sol de Economía, que no servirá para mucho mientras los servicios públicos de colocación no funcionen de manera correcta para casar oferta y demanda. Sin embargo, al número dos de Calviño le ha servido para marcar posición respecto a otro tema que enfrenta a ambas vicepresidentas: las vacantes. El mensaje del ala socialista es claro, y va en línea con la preocupación expresada por la patronal, especialmente la de pequeñas y medianas empresas (Cepyme): en algunos sectores, existen dificultades para encontrar mano de obra, por lo que resulta necesario reducir los incentivos perversos que evitan que algunos trabajadores ocupen esos puestos.

El papel de las vacantes

Díaz y los sindicatos, por su parte, llevan muchos meses negando que exista un problema de vacantes. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y Eurostat, el número de puestos sin cubrir en nuestro país se sitúa alrededor de los 150.000, por debajo del 1% del total y uno de los datos más bajos de Europa. En cambio, es cierto que algunos sectores, como la construcción o la hostelería, están sufriendo escasez de mano de obra, en ocasiones con carácter estacional.

El gran temor de la ministra de Trabajo, y también de UGT y Comisiones Obreras, es que esto se convierta en una excusa para que Economía vaya más allá de lo pactado con Bruselas —y en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar— y emprenda una reforma ya no en la letra, sino en el espíritu del sistema de prestaciones asistenciales por desempleo. Un cambio de modelo como el que García Andrés sugirió este lunes, al afirmar que otros subsidios, como el ingreso mínimo vital (IMV), que se puso en marcha durante la pasada legislatura, ya sirven para atender las necesidades de apoyo a estos colectivos. Según este razonamiento, la prioridad de las ayudas para los parados debe ser su incorporación al mercado laboral para conseguir el ansiado pleno empleo. Algunos expertos también apuntan a la necesidad de centralizar todas las ayudas existentes en el IMV.

Una de las vías con las que se ha especulado es que la cuantías de las prestaciones asistenciales por desempleo se vayan reduciendo a lo largo del tiempo. Para algunos, se trata de evitar la llamada trampa de la pobreza. Para otros, se está lanzando la sospecha sobre todo un colectivo, cuando, según los datos de Trabajo, el 80% de los perceptores no llega a agotar la vida útil de este tipo de ayudas. Sindicatos y patronal piden que la controversia se discuta en el seno del diálogo social; de momento, se dirime en el Consejo de Ministros, con la búsqueda del pleno empleo como telón de fondo.