Las dudas del plan del Gobierno para salvar los 5.000 empleos españoles de Siemens Gamesa

España se dispone a tomar partido en el rescate de Siemens Energy. En la noche del martes, fuentes del Ministerio de Industria admitieron estar trabajando —a través de Cesce y con la participación de la banca— en una línea de avales para el grupo germano por valor de hasta 3.000 millones de euros, que irían destinados a respaldar la filial eólica del grupo germano, Siemens Gamesa.

El movimiento del Ejecutivo español, a rebufo del liderado por el Gobierno alemán, que ha ofrecido garantías de hasta 7.500 millones de euros para la concesión a la compañía de un respaldo de 12.000 millones por parte del sector bancario, vendría justificado por el papel "clave" de Gamesa para la “soberanía energética” del país.

De modo más práctico, el interés del Gobierno español en Gamesa se puede explicar a partir de los alrededor de 5.000 puestos de trabajo directos que la compañía genera en el país —con especial foco en País Vasco y Navarra—, sin olvidar la amplia cadena de proveedores que tienen en el fabricante de aerogeneradores con sede en Zamudio un cliente esencial.

De concretarse, el de Siemens Gamesa estaría lejos de ser un caso excepcional en la política industrial española, que ha recurrido con relativa frecuencia a ayudas de muy diverso tipo para atender las necesidades de empresas consideradas de especial relevancia y que atravesaban periodos de dificultad, con la crisis del coronavirus como gran impulsor reciente de este tipo de soluciones.

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Conviene no perder de vista, además, que las garantías concedidas no supondrían, a priori, la inyección de ayudas a fondo perdido, sino que representarían un respaldo temporal que, salvo descalabro financiero del negocio, no deberían traducirse en un quebranto para las arcas públicas.

La propia Siemens Energy indicaba en la nota publicada este mismo miércoles, en referencia a las ayudas aportadas por Alemania, que este tipo de garantías representan un instrumento habitual en la industria, pero que raramente se recurre a ellas. "Según un estudio realizado por la Cámara de Comercio Internacional en abril de 2022, la media del sector en cuanto a impago de garantías es del 0,2%", añadía.

Sería razonable que la ayuda conllevara el compromiso de la empresa de limitar recortes

En este caso, no obstante, subyacen una serie de factores que empujan a cuestionarse la conveniencia del apoyo. La primera, obviamente, lleva a poner el foco en el hecho de que el receptor de estas ayudas sería un grupo de capital mayoritariamente alemán, por mucho que su origen español se refleje aún hoy en una presencia muy destacada en nuestro país.

Parece lógico esperar que cualquier medida de respaldo público por parte del Gobierno español vaya precedida de ciertas garantías por parte de la empresa para evitar recortes en sus instalaciones en el país. Pero es importante tener en cuenta que Siemens Gamesa concentra una parte esencial de sus factorías entre Alemania y España y es de suponer que el Gobierno germano habrá tratado de arrancar compromisos similares, al ofrecer su apoyo a la matriz Siemens Energy.

De momento, desde la compañía se han limitado a señalar que no existen planes concretos de recortes. Pero el de Gamesa es un negocio que viene sufriendo pérdidas millonarias y que no se prevé que regrese a beneficios hasta al menos 2026, por lo que no parece lógico descartar que sean precisas medidas contundentes de ajuste. En este escenario, taponar con motivaciones políticas las que pudieran ser las vías más eficientes para reequilibrar las cuentas podría acabar siendo una medida contraproducente, que acabara agrandando los problemas.

Problema temporal o estructural

En todo caso, lo que, desde un punto de vista económico, haría más o menos razonable la prestación de respaldo público a Gamesa es la consideración que se haga de la naturaleza de sus problemas. Esto es, si se entiende que el grupo originario de Vizcaya atraviesa una crisis de carácter coyuntural o si se piensa que las dificultades que experimenta son más estructurales.

En este sentido, es posible plantear argumentos para cada posición. Porque es cierto que el grueso de los problemas a los que se enfrenta Siemens Gamesa pueden echarse a los errores técnicos que han afectado a su plataforma onshore 5X. Pero también lo es que el sector europeo de las turbinas se enfrenta dificultades generalizadas, que también han hecho mella en las cuentas de sus rivales, como Vestas o Nordex.

El grueso de los problemas a los que se enfrenta Siemens Gamesa pueden echarse a los errores técnicos que han afectado a 5X

El encarecimiento y la dificultad de acceso a materias primas, la dura competencia de rivales procedentes de otras geografías, como China, o la mayor eficiencia de otras fórmulas de generación de energía renovable, entre otros problemas, han puesto bajo presión la capacidad de la industria eólica para generar crecimiento rentable.

La propia Comisión Europea se hacía eco de estos problemas en un documento reciente en el que resaltaba que, "si bien el sector de la energía eólica es una historia de éxito histórico de la UE, su trayectoria de crecimiento futuro se enfrenta a un conjunto único de desafíos que incluyen una demanda insuficiente e incierta, permisos lentos y complejos, falta de acceso a materias primas, inflación y precios elevados de las materias primas, un diseño de las licitaciones nacionales poco favorable, mayor presión de los competidores internacionales y riesgos sobre la disponibilidad de mano de obra cualificada".

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Sin embargo, en el sector se sigue confiando en la capacidad de revertir esta tendencia negativa en el medio plazo y el director ejecutivo de Siemens Energy, Christian Burch, descartaba este miércoles en una entrevista concedida a Bloomberg, cualquier intención de desprenderse de su negocio eólico.

El citado documento de la Comisión Europea introduce un claro componente político que parece ayudar a entender el paso dado por el Gobierno alemán en beneficio de Siemens Energy y el que parece dispuesto a prestar España a Siemens Gamesa.

En el mismo, se señala la necesidad de "una acción inmediata" (plasmada en el llamado Plan de Acción Europeo sobre Energía Eólica) con el fin de "mantener una cadena de suministro de energía eólica sana y competitiva, con una cartera de proyectos clara y segura, atrayendo la financiación necesaria y compitiendo en igualdad de condiciones a nivel mundial".

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Y se plantea, entre otros objetivos, la mejora de las posibilidades de acceso a la financiación de las compañías del sector, animando a los estados miembros a "hacer pleno uso de la flexibilidad que ofrece el Marco de Transición y Crisis de Ayudas Estatales Temporales, modificado para apoyar la fabricación de energía eólica en la UE".

Un mensaje que parece derivar de la mayor sensibilidad instalada en Bruselas en los últimos años sobre la conveniencia de asegurar un mayor grado de soberanía en sectores estratégicos —como sería el energético— y aplicar una mayor flexibilidad en su política industrial, después de años de una regulación rigurosa que ha contribuido a ajar el peso de la industria en la región.

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Si a todos estos factores se añaden los que, presumiblemente, pueden empujar a España a actuar también en este asunto en pro de sus relaciones con el Gobierno alemán, la suma de factores parecen empujar a favor de la prestación de la ayuda, por mucho que no sean los elementos puramente económicos los que más empujen en este sentido.

Quedaría por comprobar, no obstante, que este tipo de soluciones surgen como parte de una estrategia política razonada, coherente y cohesionada y no acaban revelándose como un parche aislado para un problema con capacidad de generar unos quebraderos de cabeza políticos y sociales que interesa evitar por ahora.