La ampliación del subsidio amenaza con 'atrapar' en el desempleo a 300.000 personas

El Gobierno está inmerso en la reforma del subsidio de desempleo con un objetivo claro: mejorar la protección de los parados y elevar su renta. Sin embargo, las fórmulas para conseguirlo difieren entre los ministerios de Trabajo y Economía. Trabajo propone mejorar la cobertura y las cuantías del subsidio para llegar a más parados y elevar sus ingresos, aunque sigan siendo bajos. Por el contrario, Economía considera que la prioridad es establecer incentivos al empleo de estos trabajadores, permitiendo que compatibilicen los ingresos salariales con el subsidio para que así aumenten realmente su renta.

La propuesta del Ministerio de Trabajo permitiría reducir rápidamente el número de desempleados que no cobran un subsidio (más del 40% del total), pero corre el riesgo de conducirles a la trampa de la pobreza. Esto es, que la existencia del subsidio desincentive su búsqueda de trabajo, aunque sus ingresos no sean suficientes para salir de una situación de pobreza. O, en el peor de los casos, supone un incentivo para que entren en la economía sumergida.

No es la primera vez que una medida bienintencionada tiene un efecto perverso. De hecho, esta es una política que está muy estudiada por los investigadores y sobre la que hay pocas dudas: los subsidios altos y duraderos aumentan la probabilidad de permanencia en el desempleo. La propuesta del Ministerio de Trabajo corre el riesgo de aumentar el número de parados en más de 300.000 personas de forma estructural. Unos 90.000 del desincentivo por el aumento de las ayudas y otros 210.000 como consecuencia de la ampliación del subsidio a nuevos colectivos. Además, unos 35.000 podrían terminar en la economía sumergida al eliminarse la complementariedad de las ayudas a más allá de los primeros 45 días. Esto supone elevar de forma permanente en más de un punto porcentual la tasa de desempleo de España. Un riesgo que no puede permitirse el país con más paro de la eurozona. Este está siendo el foco de las discusiones entre los dos ministerios, que llevan varias semanas intercambiando papeles con posibles medidas y la cuantificación de su impacto sobre el empleo y la tasa de cobertura, explican fuentes próximas al Gobierno.

La propuesta del Ministerio de Trabajo se centra en tres pilares: la ampliación de la cobertura en unas 400.000 personas para desempleados de menos de 45 años y agrarios; la ampliación de la cuantía media del subsidio cerca de un 21% y la limitación de la compatibilización del empleo con el subsidio a 45 años. El incremento de las coberturas y las cuantías supone un desincentivo al empleo, como muestra la evidencia científica, con un impacto que es muy relevante.

La evidencia científica

Uno de los estudios más recientes del caso español lo elaboraron Yolanda Rebollo-Sanz y Núria Rodríguez-Planas, que analizaron el impacto del recorte del subsidio aplicado en el año 2012, en plena crisis financiera. En concreto, el Gobierno de Mariano Rajoy recortó el subsidio un 17% para parados de más de dos años en el desempleo. El objetivo de la medida era reducir el gasto público, pero tuvo un efecto positivo adicional, que fue el incentivo del empleo. En concreto, aumentó la posibilidad de encontrar un trabajo en nada menos que un 41% respecto a los que siguieron recibiendo la prestación previa.

Esto supuso que el periodo de permanencia en el desempleo se redujo un 14%, casi un mes y medio menos en el paro. Los datos son tan contundentes que confirmaron el gran desincentivo que suponen los subsidios a la hora de fomentar la búsqueda de trabajo por parte de los desempleados. Las autoras lo explicaron así: "Localizamos fuertes efectos de comportamiento, ya que la reforma redujo la expectativa de duración del desempleo desde el inicio del periodo de prestación".

La propuesta de Trabajo va en la dirección opuesta: aumentar un 21% la cuantía total de la ayuda, al aplicar tasas superiores del IPREM. Si se extrapola la relación de ese estudio, este incremento implica un aumento de la duración del desempleo del 19%, esto es, unos 79 días más en el paro, cobrando la prestación.

La permanencia en el desempleo genera otro efecto negativo: reduce la empleabilidad de los trabajadores. Por ejemplo, en España la posibilidad de salir del desempleo de los trabajadores que llevan menos de un año en el paro es del 33%, pero si pasan más de dos años, el porcentaje se reduce drásticamente hasta el 11%, según los datos publicados por Eurostat. O, lo que es lo mismo, la probabilidad de no encontrar empleo para los parados es del 66% si llevan menos de un año, pero sube hasta el 89% si son desempleados de larga duración.

Con una relación lineal, 79 días más en el paro como consecuencia del incremento de las ayudas aumenta el riesgo de no encontrar un empleo casi un 16%. Este porcentaje, para los casi 570.000 beneficiarios actuales del subsidio, supone aumentar el paro de forma estructural en unas 90.000 personas.

Más beneficiarios

Otro de los desincentivos de la ayuda es que extiende la cobertura del subsidio a unas 400.000 personas, según los cálculos del Ministerio de Trabajo. Si se emplean las tasas de Eurostat de riesgo de permanencia en el paro, de los 250.000 eventuales agrarios, unos 160.000 estarían en esta situación. Y de los 150.000 nuevos beneficiarios menores de 45 años sin cargas familiares, como el periodo de subsidio propuesto es menor, el riesgo de no incorporación se reduce a casi la mitad, lo que mantendría a unos 50.000 en el paro de forma permanente. En total, son unos 210.000 parados con riesgo de quedar atrapados en el subsidio durante más tiempo.

Por último, la tercera medida que pretende impulsar Trabajo es la limitación de la compatibilización del subsidio y la prestación a 45 días. Esto supone que los 35.000 beneficiarios perderían la ayuda pública un mes y medio después de la entrada en vigor de la reforma y tendrían que renunciar a una de las dos, la ayuda o el empleo. U optar por una tercera solución: pedir a su empresa trabajar en negro.

El pleno empleo

Todas estas medidas tienen potencial para retener a los trabajadores en el desempleo por más tiempo, reduciendo también su empleabilidad. Los ministerios de Economía y Trabajo están analizando el impacto que pueden tener estos desincentivos para no complicar el otro reto que se ha fijado el Gobierno: alcanzar el pleno empleo en esta legislatura. La meta es ambiciosa, pero más aún si se ponen trabas a que los parados busquen un empleo.

Las empresas llevan meses reclamando que faltan trabajadores, sobre todo en regiones en las que la tasa de paro ya se ha reducido mucho. En nueve de las 17 provincias de España, el desempleo ha caído por debajo del 10%. El caso más extremo es el de Baleares, que tiene un paro del 5,7%, lo que significa que ya está en pleno empleo. Además, Aragón y Cantabria tienen un desempleo inferior al 8% y en País Vasco y Cataluña no llega al 9%.

Se trata de mercados laborales que ya están empezando a tensionarse por la falta de mano de obra y el surgimiento de vacantes. En definitiva, se está frenando la creación de empleo. La reactivación de los trabajadores que están actualmente en el paro es la opción más sencilla para cubrir esos puestos de trabajo, y es lo que piden las empresas. En algunas de estas comunidades autónomas, la escasez de trabajadores disponibles lleva a que no se creen esos empleos.

Según las previsiones del Gobierno, en los dos próximos años se crearán casi 600.000 empleos. Pero para ello es necesario que exista una oferta de mano de obra que los ocupe. Un encaje difícil si se perpetúa la permanencia en el desempleo de más de 300.000 personas. Un debate que mantendrá en liza a los ministerios de Economía y Trabajo.