Guerra total entre Trabajo y Economía por el subsidio asistencial de desempleo

La reforma del subsidio asistencial de desempleo, una ayuda no contributiva que reciben los parados que agotan la prestación o no tienen derecho a ella, ha provocado el primer enfrentamiento serio entre dos vicepresidentas, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, durante esta legislatura. No entre el PSOE y Sumar, aclaran desde el Ministerio de Trabajo, donde se esfuerzan por presentar a Calviño, a la sazón ministra de Economía, como un verso suelto que actúa por libre, sin el aval del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y movida por prejuicios ideológicos. Aunque las tácticas se antojan distintas —más visible y pública la de Trabajo y más discreta y sibilina la de Economía—, la guerra entre ambos departamentos es total, y recuerda a la que se produjo durante la primera mitad de la pasada legislatura, con la reforma laboral como protagonista. Entonces, Calviño se impuso, con una nueva norma descafeinada que limó la propuesta inicial de Trabajo, para satisfacción de los empresarios. Díaz, en cambio, pudo venderla con éxito, y hoy sus resultados son un activo para la actual coalición de gobierno.

Si se tienen en cuenta las magnitudes de personas afectadas, el tema es de menor envergadura. Alrededor de unos 700.000 ciudadanos se benefician de estos subsidios, con una cuantía de 480 euros al mes, mientras que la reforma laboral afectaba a 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. Pero las chispas están saltando con igual o mayor fiereza. En el fondo, existen dos visiones totalmente contrapuestas de la utilidad de estos instrumentos, y del propio funcionamiento del mercado de trabajo: una, defendida por Calviño, que considera que el diseño actual de las ayudas desincentiva la inserción laboral de sus perceptores; la otra, abogada por Díaz, que no quiere dar ni un paso atrás, y equipara cualquier endurecimiento de los requisitos al retorno de los recortes que emprendió el Partido Popular durante la Gran Recesión.

Al menos así lo ven desde el Ministerio de Trabajo, que ha tensionado la batalla durante las últimas horas, con discursos públicos notablemente combativos —aún más en privado— e incluso filtraciones a los medios sobre la propuesta de Economía para la reforma del subsidio.

Ambas ministras, Calviño y Díaz, están de acuerdo en lo fundamental: racionalizar el complejo modelo actual, flexibilizar la obtención de la ayuda, hacerla compatible con el desempeño de una actividad laboral —Trabajo propone que sea durante 45 días— y ampliarla a algunos colectivos que hasta ahora no la recibían, como el de los menores de 45 años sin hijos. Estos aspectos van en la línea de lo pactado con Bruselas en la reforma número 11 del componente 23 del plan de recuperación, cuyo cumplimiento resulta imprescindible para la obtención de 10.000 millones de euros del cuarto pago de los fondos europeos.

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Sin embargo, Economía quiere ir mucho más allá, y aprovechar esta ventana de oportunidad para reformar a fondo las políticas pasivas de empleo. Lo expresó el número dos de Calviño, Gonzalo García Andrés, este lunes, dando inicio a las hostilidades. Y, por si quedaba alguna duda, la coruñesa lo ha confirmado este jueves desde Nueva York, al hablar de un nuevo sistema "que pase de subsidiar el paro a apoyar el empleo". La vicepresidenta primera insiste en que todo el Gobierno está alineado, y que se ha emprendido un trabajo técnico entre los equipos de ambos ministerios para llegar a la mejor reforma posible, como ya ocurrió con la laboral. Pero Díaz se muestra inflexible: la competencia, ha dicho, es única y exclusivamente suya.

Tras la reclamación de sindicatos y patronal, el Ministerio de Trabajo convocará en los próximos días a los agentes sociales, pero solo está abierto a introducir pequeñas modificaciones una vez negocie con ellos. La base de la propuesta, argumentan, no se discute, pues ya se ha hecho con la Comisión Europea, sin que Economía, afirman, tenga nada que decir. De hecho, fuentes de ese departamento denuncian que la propuesta de Calviño sería del agrado de algunos partidos de la derecha, y la acusan de oponerse a propuestas como el Mecanismo de Alerta Social Europea, que Díaz impulsó con el apoyo del entonces ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, para que la Comisión revise los indicadores de protección social de los Estados, no solo los económicos.

El traer a colación aquella iniciativa, refrendada en mayo por el Parlamento Europeo con el apoyo del PP, es un ejemplo de cómo Trabajo pretende situar a Calviño como un halcón neoliberal que actúa por libre. Pero lo cierto es que, hasta ahora, la todavía vicepresidenta primera ha tenido el apoyo de Pedro Sánchez a la hora de la verdad, que a menudo se ha dirimido con soluciones de compromiso entre ambas. Con Calviño de salida hacia la presidencia del Banco Europeo de Inversiones, el movimiento de Díaz también se puede interpretar como una forma de marcar territorio para que se hagan cumplir los pactos con el PSOE —la reforma del subsidio, en la línea defendida por Trabajo y contemplada en el plan de recuperación, quedó plasmada negro sobre blanco en el acuerdo del Gobierno de coalición— y garantizar un perfil propio para Sumar.

Trabajo acusa a Economía de tratar a los perceptores como defraudadores en potencia

Maquillaje de las cifras de paro

Desde el entorno de la vicepresidenta segunda, incluso se llega a aceptar como hipótesis la idea de que una de las motivaciones de Economía para querer endurecer el cobro de los subsidios sea maquillar las estadísticas de paro. El argumento es el siguiente: como para recibir las prestaciones hay que estar dado de alta en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el hecho de que el número de beneficiarios se reduzca provocaría que esos antiguos perceptores dejasen de estar inscritos, por lo que el dato del paro registrado bajaría. Es lo que se conoce como limpiar la serie.

Sin embargo, esto se compadece mal con la tesis principal de Trabajo, según la cual las ayudas no suponen un incentivo perverso que aleja los trabajadores de la búsqueda de un empleo. No hay que olvidar que uno de los objetivos de Economía para esta legislatura es la obtención del que Calviño llama “pleno empleo efectivo”, que sitúa en el 8%, aunque los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre (11,8%) todavía se hallan muy lejos de esa cifra.

Trabajo también acusa a Economía de tratar a los ciudadanos que reciben estas pagas como defraudadores en potencia, que intentarían compatibilizarlas con una actividad en la economía sumergida. De hecho, Calviño sugirió este jueves desde Nueva York que la reforma propuesta por Economía contribuirá a luchar contra esa lacra.

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La principal discrepancia entre ambos departamentos se ha puesto de manifiesto en las últimas horas, después de que el equipo de Díaz filtrase a los medios las líneas maestras del borrador de Economía, para evidenciar las bondades de la reforma de la vicepresidenta segunda frente a la supuesta contrarreforma de la vicepresidenta primera.

Aunque en Economía no quieren entrar en detalles, sí niegan rotundamente dos acusaciones directas. La primera es haber propuesto —ni siquiera en una primera fase de la negociación, como dicen desde Trabajo— que la vía de acceso al subsidio para los mayores de 52 años solo quedase disponible a partir de ahora para los mayores de 60. Con esta denuncia, la líder de Sumar quiere evidenciar que Calviño es más dura que el PP: durante el Gobierno del popular Mariano Rajoy, el umbral ya se había elevado de 52 a 55 años, y volvió al valor actual en 2019, en una reforma reclamada por la propia Díaz, entonces desde la oposición, y que emprendió la socialista Magdalena Valerio.

La segunda filtración tiene que ver con la extensión y la cuantía del subsidio. Según Trabajo, Economía propone que solo dure 12 meses, en contraste con los 30 actuales, y que el ingreso sea decreciente con el paso del tiempo: del 100% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem) en el primer trimestre, del 80% en el segundo, del 65% en el tercero y de la mitad en el cuarto. En otras palabras: aunque al principio la cuantía sería más alta que ahora (80% del Iprem), al final del periodo bajaría considerablemente, hasta unos 300 euros al mes que, a todas luces, resultan insuficientes para sobrevivir.

El entorno de la vicepresidenta segunda no aclara cuánto costará el nuevo modelo

En Trabajo, consideran que tampoco desincentivan la búsqueda de un empleo, y por eso son mucho más ambiciosos con su propuesta. No solo defienden mantener la vida útil de la ayuda durante los 30 meses actuales, sino incrementar las prestaciones. Pero copian la idea decreciente de Economía: un 110% del Iprem los seis primeros meses (660 euros), un 90% los seis siguientes (540 euros) y un 80% el resto del tiempo (480 euros). Las cuantías se actualizarían con la revisión al alza del Iprem, que Trabajo pretende introducir en los presupuestos del año que viene. La intención del ministerio es que el nuevo esquema de ayudas entre en vigor en junio, tras un período de adaptación.

El cambio del subsidio por el IMV

Economía solo aclara que su propuesta va menguando con el paso de los meses y que durante el primer trimestre se elevaría al 110% del Iprem. Pero ni siquiera así se evitaría un recorte de la prestación —al menos, según la filtración de Trabajo—, motivado, principalmente, por la reducción de su extensión a un solo año, además de por un montante medio inferior durante esos 12 meses de vida útil (457,5 euros, frente a los 480 actuales). Más allá del periodo exacto, lo que sí ha reconocido el propio secretario de Estado es que el objetivo de su ministerio es que, llegado un punto, los perceptores abandonen el subsidio y pasen a ser atendidos por el ingreso mínimo vital (IMV), otra ayuda no contributiva para personas en riesgo de exclusión social que el Gobierno puso en marcha durante la pasada legislatura. Esta es una línea roja para Trabajo, que acusa a Economía de sacar a esos beneficiarios de un sistema de protección vinculado el empleo para meterlos en otro de carácter meramente asistencial.

Y no solo eso: desde el departamento de Yolanda Díaz, también denuncian que Calviño pretende cerner la sombra de la sospecha sobre estas personas, al obligarlas a acreditar mensualmente que cumplen las condiciones para recibir la ayuda. Desde Economía, reconocen que su propuesta busca reforzar el control, pero no desvelan plazos; Trabajo, por su parte, considera que una revisión cada tres meses resulta suficiente, y evitaría un via crucis para los solicitantes y un gasto extra para la Administración.

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El entorno de la vicepresidenta segunda no aclara cuánto costará el nuevo modelo, que no solo contempla cuantías mayores, sino que incrementará el número de beneficiarios, al incluir a 150.000 de menos de 45 años sin hijos y a 250.000 eventuales agrarios, que hasta ahora solo podían gozar de la ayuda en Extremadura y Andalucía. En total, la cifra de perceptores se situaría en torno a 1,1 millones, un registro similar al de parados de larga duración. España encabeza esta estadística en el ámbito europeo, que Economía quiere dejar atrás durante esta legislatura.

Desde Trabajo, defienden que casos como la reforma laboral constatan que una mejor regulación permite aumentar la protección social sin dañar las cuentas públicas. Y, en cualquier caso, aseguran que el coste derivado de la exclusión resulta superior al de prevenirla. Además, existiría margen para una mayor generosidad: el SEPE, revelan, goza de un superávit de 4.800 millones de euros.

Pero Calviño —y Bruselas— tiene la mosca detrás de la oreja. En un momento de recuperación de las reglas fiscales, cuya reforma impulsa la propia ministra de Economía a través de la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, resulta muy difícil justificar ante los países acreedores un refuerzo de las partidas para subsidios por desempleo. Aunque el control que hasta ahora ha ejercido la Comisión excluye de la contabilización de los objetivos de incremento de gasto primario neto aquel relacionado con el desempleo cíclico, parece difícil que a partir de 2024 no se mire con lupa un desembolso no contributivo que tiene mucho más que ver con el paro estructural.

¿Cuestión de dinero o de ideología? A falta de saber los motivos reales de la controversia, lo cierto es que Díaz le ha lanzado un último órdago a Calviño, ahora que la coruñesa enfila la rampa de salida hacia Luxemburgo. Sánchez, que hasta la fecha ha sentado a Calviño a su derecha y seguirá flanqueado a su izquierda por Díaz mientras dure la legislatura, tendrá, como siempre, la última palabra.