ULTIMA LOS CAMBIOS CON PATRONAL Y SINDICATOS

Trabajo derogará las partes "más lesivas" de la reforma laboral en un plazo de dos meses

Yolanda Díaz ultima en la mesa de diálogo social el primer paquete de medidas derogatorias para desarticular la reforma laboral del PP. Un proceso que se realizará en dos grandes fases

Foto: La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, antes de una reunión con el dirigente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi (d), y del sindicato CCOO, Unai Sordo (i). (EFE)
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, antes de una reunión con el dirigente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi (d), y del sindicato CCOO, Unai Sordo (i). (EFE)
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La reforma laboral del PP tiene los días contados. En un plazo máximo de dos meses se consumará la primera fase de su derogación consistente en suprimir los artículos que desde el Gobierno de coalición se consideran más lesivos, comenzando con el referente al despido por enfermedad no laboral, según confirman fuentes cercanas a la ministra de Trabajo Yolanda Díaz. Este departamento está ultimando en la mesa de diálogo social con sindicatos y patronal el primer paquete de medidas derogatorias para desarticular la reforma que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, un proceso que se realizará por partes. La segunda fase será la legislativa, según aclaran las mismas fuentes, y consistirá en el redactado de nuevos artículos, modificación de otros y elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. En cuanto al despido, se pondrá más el acento en las causas y no tanto en las indemnizaciones porque se considera que así se sitúa mejor el foco en la protección del trabajador.

Trabajo derogará las partes "más lesivas" de la reforma laboral en un plazo de dos meses

La fase de derogación no se planteará en un mismo paquete, aduciéndose para ello tanto las urgencias como el consenso en la mesa de diálogo. Así, este mismo jueves se analizará en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios la supresión de artículo 52.D del Estatuto de los Trabajadores, correspondiente al despido por enfermedad que no se considere grave u obedezca a un tratamiento médico de cáncer, para poder aprobar esta medida en el Consejo de Ministros del próximo martes.

Esta derogación era la más prioritaria para el departamento liderado por Díaz y ya había pasado todos los trámites por lo que se ha decidido desligarla del resto de iniciativas derogatorias. Asimismo, se trata de una de las principales reivindicaciones de los sindicatos, que han criticado con dureza el despido justificado en la actual reforma laboral cuando la baja médica del trabajador supere "el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos" y "siempre que el total de faltas de asistencia en los 12 meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles" o "el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de 12 meses".

Se pondrá más el acento en las causas del despido que en las indemnizaciones

En la mesa de diálogo social se está ultimando también que en esta primera fase de desarticulación de la reforma laboral se derogue la parte que da prioridad a la aplicación de los convenios de empresa sobre los sectoriales y las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo -ultraactividad-, según fuentes presenciales de la mesa de negociación. Otras de las prioridades marcadas por Trabajo pasan por establecer limitaciones a la empresa a la hora de modificar de forma unilateral las condiciones del contrato laboral, revisar los mecanismos de no aplicación de los convenios colectivos limitándolos al descuelgue salarial por causas económicas graves y modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores -mientras se redacta uno nuevo- para limitar la subcontratación a servicios especializados que no sea la actividad principal de la empresa en cuestión.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el Senado. (EFE)
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el Senado. (EFE)

El peso del Gobierno en la mesa de diálogo lo está llevando el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, y desde la patronal ya han deslizado su interés, con escaso éxito, por interlocutar con la vicepresidenta económica Nadia Calviño, a quien consideran más comprensiva con los intereses que defienden. Sin embargo, hace escasamente tres semanas que consensuaron con este departamento dirigido por Unidas Podemos la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 950 euros.

Fue el primer pacto con los agentes sociales de la legislatura, que llevaba tiempo negociándose, incluso con reuniones previas a la investidura, y con posturas que en un inicio estaban muy alejadas entre sí. Un acuerdo de mínimos por ambas partes pese al que el Ejecutivo mantiene su pretensión de situar el SMI al final de la legislatura en el 60% del salario medio, conforme a las indicaciones de la Carta Social Europea.

Entonces, el presidente del Gobierno reforzó su confianza en la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a quien felicitó personalmente llamándola desde Davos. La supresión del despido por enfermedad que aprobará este martes el Consejo de Ministros será por tanto la segunda medida estrella que sacará adelante este ministerio. Una "gran noticia", según lo califican, aduciendo que se dejarán de vivir situaciones degradantes para los trabajadores que puedan perder su trabajo estando en situación de vulnerabilidad.

El pasado mes de octubre el Tribunal Constitucional se dividió en el fallo a favor de la empresa ante el recurso de una trabajadora que fue despedida tras ausentarse nueve días hábiles (ocho de ellos con justificación médica) aquejada de una hernia discal. Lo hizo con tres votos particulares a la sentencia, que pusieron en evidencia la reticencia de algunos magistrados a permitir que las empresas puedan despedir si un trabajador falta al trabajo por enfermedad. El TC reconoció que este artículo del Estatuto de los Trabajadores que ahora se derogará puede empujar a los asalariados "a acudir al trabajo pese a sufrir una enfermedad o indisposición, con el riesgo de comprometer su salud", aunque considerando que no se está "desprotegiendo la salud de los trabajadores". Esto es, que la normativa pueda forzar a un trabajador a acudir a su puesto de trabajo en una situación de enfermedad para no perder su empleo, pero sin que por ello pueda considerarse que se están vulnerando sus derechos.

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