España, mucho desempleo, pero nadie cambia de región para buscar trabajo

España tiene un triple, y desgraciado, récord en su mercado laboral. Es el país con mayor tasa de desempleo de la Unión Europea (14,5% de la población activa en octubre); es el segundo —tras Grecia— donde el paro juvenil es el más elevado (30,3%), y, por último, está a la cola en tasa de actividad (59,1% para los mayores de 16 años). De forma intuitiva, se podría pensar que este escenario tan adverso sería un incentivo para buscar un empleo fuera del ámbito territorial del parado en busca de un empleo, pero no. Sucede justamente lo contrario.

Así lo pone de relieve un trabajo académico publicado por cuatro economistas que trabajan para la OCDE, en el que España se sitúa en el puesto 25 de los 29 países analizados en cuanto a movilidad laboral regional. Solo en Eslovaquia, Polonia, Italia y la República Checa la movilidad es menor, pero hay que tener en cuenta que en esos países la tasa de desempleo es sustancialmente menor. El desempleo en Chequia se sitúa en el 2,6% de la población activa, mientras que en Polonia es del 3,4%, por lo tanto, pleno empleo. En Eslovaquia, por su parte, es del 6,3%. Incluso Italia (9,4%) tiene un desempleo significativamente menor. Es decir, en estos países hay menos incentivos para cambiar de residencia en busca de un empleo que en España. En países de alta movilidad, como Hungría y Corea, alrededor del 5% de la población se traslada a otra región cada año, cinco veces más que aquí. Grecia y Portugal tendrían menos movilidad, pero en este caso, a la luz de la clasificación que hace la OCDE, esto se debe a que sus regiones son más grandes y coinciden prácticamente con el país.

El estudio parte de una premisa: la migración interregional puede ayudar a casar oferta y demanda en el mercado laboral. Es decir, allí donde falta mano de obra —un problema cada vez más intenso en algunas economías— se puede cubrir con ocupación procedente de otras regiones con mayor nivel de desempleo. Es más, como sostiene el estudio, la movilidad entre regiones también puede contribuir a escalar posiciones en el ascensor social, por ejemplo, al permitir que los trabajadores salgan de zonas desfavorecidas o de sectores en declive.

A la hora de trasladar esta evidencias a la situación concreta de cada país, sin embargo, se producen restricciones. Y los autores del estudio citan, en concreto, los precios de la vivienda, que hacen que muchos trabajadores parados o que desearían mejorar sus condiciones laborales renuncian a cambiar de región. Este es el caso de España, que se sitúa entre los países donde la vivienda es un claro desincentivo para cambiar de residencia en busca de un empleo. En palabras del estudio, “la asequibilidad de la vivienda es una barrera importante para la migración en países que han experimentado fuertes aumentos en los precios”.

Oferta de vivienda

La evidencia que han encontrado es que allí donde la oferta de vivienda es más flexible, la migración interregional responde mejor a las condiciones económicas locales. Es por ello por lo que se propone una reducción de las barreras de acceso mediante la reforma de la gobernanza del uso del suelo y la puesta en marcha de políticas de planificación en aras de reducir las diferencias de precios de la vivienda entre regiones. El precio medio de la vivienda en España, según la tasadora Tinsa, es superior a 3.000 euros por metro cuadrado en San Sebastián, Barcelona o Madrid, mientras que en seis provincias (Lugo, Soria, Palencia, Ciudad Real, Castelló y Cáceres) es inferior a 1.000 euros.

El trabajo —elaborado por los economistas Orsetta Causa, Maria Chiara Cavalleri, Michael Abendschein y Nhung Luu— advierte de que las regulaciones del alquiler muy estrictas tienden a desincentivar la movilidad regional laboral, así como la existencia de inseguridad jurídica sobre la propiedad. La conclusión que sacan los autores del trabajo es que el desafío político es lograr el “equilibrio adecuado” entre los intereses de los inquilinos y de los propietarios. Es decir, entre garantizar una seguridad de tenencia adecuada y fomentar la oferta de viviendas de alquiler para todos los grupos socioeconómicos.

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El trabajo, igualmente, encuentra evidencias de que las transferencias sociales públicas relacionadas con la vivienda pueden también influir de forma negativa en la movilidad. Los autores lo llaman ‘efecto de bloqueo’, que se produce cuando quienes tienen acceso a esas ayudas son reacios a cambiar de residencia en busca de mayores oportunidades laborales o económicas porque pueden perder sus derechos a acceder a las subvenciones.

Salarios y movilidad

Muy al contrario, la evidencia a la que han llegado los economistas de la OCDE muestra que los altos ingresos regionales son la principal fuente de atracción para cambiar de territorio. Algo que puede explicar, en parte, el proceso de despoblamiento que se produce en muchos territorios por los salarios que se pagan en las grandes ciudades, sustancialmente más elevados.

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En Extremadura, por ejemplo, la ganancia media por trabajador en 2019 fue equivalente a 19.940 euros, mientras que en la Comunidad de Madrid ascendió a 27.817 euros. Otra evidencia que han encontrado los autores del estudio es que las reformas destinadas a fomentar el espíritu emprendedor incentivan la búsqueda de empleo en otra región, al igual que eliminar las barreras de entrada a determinadas profesiones que hoy tienen restricciones legales.

Según el estudio que elabora anualmente el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), el retrato robot de quienes cambian de región para encontrar un empleo es un hombre con edad comprendida entre 25 y 45 años. Uno de cada tres es extranjero y dos tercios no han superado el nivel formativo de educación secundaria. Igualmente, está contratado en empresas del sector agrícola o del sector servicios. En particular, en ocupaciones elementales, como servicios de restauración, ayuda personal, seguridad o comercio. Por el contrario, la movilidad entre trabajadores cualificados o con empleo estable y salarios más elevados es muy reducida, aunque ello suponga ganar más.

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En 2020, aunque este año es especial a causa de la pandemia, de los casi 16 millones de contratos que se firmaron —la inmensa mayoría temporales—, 2,3 millones supusieron un cambio de provincia, aunque en este caso hay que tener en cuenta el llamado efecto frontera. Es decir, trabajadores que viven, por ejemplo, en Guadalajara, en una localidad próxima a Madrid, pero que trabajan en la capital de España.

Esto explica, según los datos del SEPE, que el año pasado cinco comunidades realizaran más contratos de entrada que de salida y fueran, por lo tanto, comunidades receptoras. Esto es, con saldo positivo. Este hecho significó cierta concentración de los destinos a nivel autonómico, toda vez que el año anterior fueron siete las comunidades receptoras. La que presentó el saldo más elevado fue la Comunidad de Madrid, seguida de Murcia, Navarra, Cataluña y País Vasco. Todas ellas ya presentaban saldo positivo en 2019 y las únicas que lo aumentaron fueron la comunidad murciana y la navarra.