Nuevas medidas anticrisis: regresan los impuestos energéticos y se extiende la tasa bancaria

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este miércoles el octavo paquete de medidas para hacer frente a los efectos económicos de la pandemia de covid, primero, y de la guerra en Ucrania, después. Como era de esperar, algunas de las que estaban vigentes hasta ahora han decaído o se han modificado para reducir su coste para el erario público, ante el ajuste obligado por la recuperación de las reglas fiscales europeas en 2024 y el consenso de todos los organismos internacionales sobre la necesidad de focalizarlas en los más necesitados. La que más se notará en el bolsillo será la subida del IVA de la luz. Estas son todas las novedades.

El IVA de luz sube al 10%

El Gobierno prorrogará la rebaja del IVA del gas y de la electricidad, que tradicionalmente ascendían al 21%, y fueron reducidos al 5% durante la crisis energética. El tipo impositivo de la electricidad pasará ahora al 10%, y se quedará así durante todo el año, lo que implicará una subida en las facturas de los consumidores. En el caso del gas, se situará en el 10% solo hasta el 31 de marzo, cuando acaba la temporada de invierno, y a partir de ahí regresará al 21% habitual.

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La medida se toma en un momento de mayor estabilidad de los precios de la electricidad y el gas en los mercados internacionales, tras los récords marcados en los meses posteriores al estallido de la guerra en Ucrania. Numerosos estudios han demostrado que la reducción del IVA a la electricidad y el gas tiene un carácter regresivo, ya que afecta por igual a todos los consumidores, independientemente de su nivel de renta.

Regresan los impuestos a la electricidad

El impuesto sobre la generación eléctrica, que llevaba dos años suspendido para hacer frente a los récords de la luz, regresará progresivamente, lo que también contribuirá a incrementar la factura. Antes de la crisis, su tipo era del 7%; ahora, se situará en el 3,5% en el primer trimestre y en el 5,25% en el segundo, hasta alcanzar la normalidad a partir de julio, excepto que el Gobierno decida extender la medida. De la misma manera, el impuesto especial sobre la electricidad, que durante este tiempo se ha reducido al mínimo establecido por Bruselas (0,5%), se irá incrementando hasta situarse, previsiblemente, el 5,11% durante la segunda mitad del año. En el primer trimestre, será del 2,5%; en el segundo, del 3,8%.

Además, fuentes gubernamentales informan que se extenderá la limitación a las subidas del precio de la tarifa regulada del gas, la conocida como TUR, y de la bombona de butano. Para la industria, se prorrogará la reducción al 80% de los peajes eléctricos en el caso de las empresas electrointensivas y la flexibilidad en los cambios de contratos de suministro eléctrico.

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Prórroga de los impuestos extraordinarios

La caída de los precios de la energía, sin embargo, no ha valido como argumento para que el Gobierno elimine el impuesto extraordinario sobre la facturación, que no los beneficios, de las empresas del sector. Este tributo, que en un principio se iba a aplicar con cargo a los ejercicios de 2022 y 2023, se extiende un año más, hasta 2024, con la intención de hacerlo permanente, según fuentes gubernamentales.

"El texto plantea, además, el establecimiento en la Ley de Presupuestos Generales de 2024 de un incentivo para que los obligados al pago en el sector energético accedan al mismo si realizan inversiones estratégicas desde 1 de enero de 2024", asegura Hacienda en una nota de prensa. Esta posibilidad, que premiará los proyectos ligados a la descarbonización de la economía, pretende despejar las dudas que han mostrado algunas empresas, como Repsol, sobre sus inversiones en España.

El impuesto a la banca también se extenderá durante un año y se revisará después con la intención de convertirlo en permanente, pese a la previsible bajada de los tipos de interés, que es muy probable que comience antes del verano. Su prórroga constituía una línea roja para Sumar, que ha mantenido duras negociaciones al respecto con el ala socialista del Gobierno. Ambos impuestos se integrarán en el régimen foral del País Vasco y Navarra, según ha pactado el Gobierno con el PNV.

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Por otra parte, Hacienda ha informado de la extensión del conocido como impuesto de solidaridad, que grava a las grandes fortunas, "mientras no se produzca la revisión de la tributación patrimonial en las CCAA", una posibilidad que ya prevén las autonomías gobernadas por el PP, para evitar que el Estado se quede con la recaudación.

Rebaja del IVA de los alimentos

Como era de esperar, el Gobierno prorrogará durante seis meses más la supresión del IVA en alimentos básicos (pan, leche, huevos, frutas, verduras, etc.) y la reducción al 5% de ese impuesto para el aceite y la pasta. Esta medida no es tan regresiva como la del IVA de la electricidad y el gas, debido al mayor peso de esos gastos en el presupuesto de las familias más necesitadas. El Partido Popular y los sectores implicados piden desde hace tiempo que se extienda a la carne y el pescado, pero el Ejecutivo ha vuelto a desoír esta reclamación.

La extensión de la reducción del IVA de los alimentos era un asunto muy sensible para Sumar, que ha conseguido mantener la medida. El pretexto es sencillo: a diferencia de los precios energéticos, los comestibles han seguido subiendo con fuerza en los últimos meses, y todavía son un 9% más caros que hace un año.

Prórroga del contrato de relevo

El contrato de relevo para la industria, que permite que un empleado que se jubile parcialmente sea sustituido por un nuevo trabajador, se prorrogará durante un año. Esta medida, que depende del Ministerio de Seguridad Social y cuya incertidumbre se ha mantenido hasta el final, se estableció en 2019, y expiraba el 31 de diciembre. El Ejecutivo ha tomado la decisión a espaldas del diálogo social, tras un acuerdo con el PNV. El contrato de relevo es esencial para incorporar a trabajadores jóvenes en la industria y garantizar, así, el relevo generacional, una cuestión muy sensible en la economía vasca.

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El funcionamiento es el siguiente: cuando un trabajador se acerca a la edad de jubilación, puede reducir el número de horas que trabaja y empezar a recibir parte de su pensión. El tiempo correspondiente a ese puesto lo completa un empleado más joven, que accederá a un contrato indefinido cuando la persona a la que sustituye se retire completamente.

Se mantienen las ayudas al transporte

Finalmente, Sumar ha conseguido que el Gobierno mantenga todas las ayudas al transporte público. Así, seguirá siendo gratuito para los usuarios habituales de los trenes de cercanías, Rodalies, media distancia y las líneas estatales de autobús. Los Avant también mantendrán sus descuentos. Además, el Ejecutivo prorrogará la bonificación del 30% para aquellos servicios prestados por las comunidades autónomas y los ayuntamientos, siempre que estos pongan otro 20%, hasta llegar a costear al menos la mitad.

En un primer momento, el Gobierno consideró las rebajas al transporte público como una medida transitoria para hacer frente a la crisis inflacionista. Sin embargo, el incremento del número de usuarios y la necesidad de la descarbonización de la economía la han convertido en una medida estructural que, con un diseño u otro, ha llegado para quedarse. De hecho, es la única partida del escudo anticrisis que ya contemplaba extender en el plan presupuestario enviado en otoño a Bruselas. Todas las demás no se incluyeron en la ecuación para cuadra las cuentas, lo que obligará a hacer un encaje de bolillos en los presupuestos para el año que viene.

Los mayores descuentos del bono social para pagar la factura de la luz también se extenderán

Los desahucios y el despido, prohibidos

A diferencia de lo que pasa con las medidas de gasto y las rebajas fiscales, que suponen una carga para el erario público, las que no tienen coste alguno no han dado tantos problemas. Un ejemplo es la moratoria para los desahucios a las familias sin alternativa habitacional, que el Gobierno aprobó durante la pandemia. Tras un pacto con EH Bildu, el Ejecutivo prorrogará esta prohibición durante todo 2024, aunque la exigencia de los requisitos hace que muchas familias en una situación vulnerable no puedan acogerse a la misma. Lo mismo ocurre con el corte de los suministros esenciales.

Por su parte, el veto a los despidos se prorrogará durante seis meses. Esta medida impide a las empresas que hayan recibido ayudas públicas realizar despidos objetivos alegando el incremento de sus costes energéticos. Tampoco lo podrán hacer aquellas que se hayan acogido a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y se hayan beneficiado de bonificaciones sociales en los últimos 12 meses.

Otra medida sin coste para las arcas públicas es la extensión de los mayores descuentos del bono social para pagar la factura de la luz, que sufragan las empresas eléctricas. Durante la crisis energética se relajaron los umbrales para que pudiesen acceder más familias, aunque con un éxito limitado. También se incrementaron los descuentos en la factura de la luz, que seguirán entre el 65% y el 80%, en función del grado de vulnerabilidad de los hogares. Además, se cederá la gestión del ingreso mínimo vital a las autonomías del régimen común que lo soliciten. Actualmente, ya lo gestionan el País Vasco y Navarra, que gozan de un régimen fiscal propio.

Sin comisiones bancarias

Por último, el real decreto que se publicará este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) contendrá algunas medidas nuevas, aunque pocas. La eliminación de las comisiones bancarias por la retirada de efectivo en ventanilla para personas mayores y con discapacidad es una de ellas.

En ese ámbito, también se extenderá la eliminación de las comisiones o compensaciones bancarias por amortización anticipada de créditos a tipo variable, que caducaba el 31 de diciembre, y se incrementará el umbral de renta para acogerse a las medidas del Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios, de tal manera que se puedan acoger los hogares con una renta anual de hasta 38.000 euros.