Todo lo que separa a Sánchez y Feijóo para desbloquear el Poder Judicial

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo llegaban a la reunión de este viernes en el Congreso con las expectativas bajas. Pero la cita se saldó con más entendimiento del que esperaban los dos líderes. PSOE y PP registrarán una proposición de ley conjunta antes de que finalice el mes para eliminar el término disminuido de la Carta Magna, una reforma quirúrgica, pero relevante porque implica la apertura del melón constitucional en un momento en que la desconfianza entre los dos grandes partidos había escalado al máximo nivel.

No fue el único acuerdo de la jornada. El jefe del Ejecutivo y el de la oposición acercaron posturas para retomar el desbloqueo del Poder Judicial. Las bases del enésimo intento de renovación del CGPJ están colocadas, pero a Sánchez y a Feijóo les siguen separando cuestiones que amenazan con dinamitar otra vez el perseguido pacto.

Mediación de la UE

La propuesta del PP de impulsar una nueva ronda de conversaciones con la mediación de la Comisión Europea ha permitido el mayor éxito del encuentro. Pero queda mucho camino por andar. El Gobierno no esperaba que Feijóo recurriera a esta fórmula, que en España se vincula ahora con el facilitador que Junts y ERC han impuesto al PSOE en sus respectivas mesas de diálogo. "¿Alguien en este país podía pensar que Feijóo lo plantearía?", ironizaban ayer en la Moncloa.

El presidente popular ha justificado su idea en que si los socios de Sánchez no se fían de él, tampoco lo va a hacer el PP. Pero se ha visto obligado después a explicar que no tiene nada que ver con el verificador internacional acordado con los independentistas. En el Ejecutivo lo perciben como el único modo que ha encontrado para salir del "callejón sin salida" en el que se ha convertido su negativa a actualizar el CGPJ. Ahora hay que escoger al mediador. El PP prefiere al comisario de Justicia, Didier Reynders, mientras que el Gobierno introduce el nombre de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová.

El veto a Bolaños

Los precedentes no ayudan pero, posiblemente, porque el CGPJ ha cumplido cinco años con el mandato caducado y por la intervención directa de Bruselas es casi inevitable que haya acuerdo. El ambiente entre el PP y el Gobierno está muy enrarecido. Feijóo reclamó apartar al ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, de la negociación porque sostienen que les mintió, en las últimas conversaciones en octubre de 2022, al mantener que no iban a eliminar el delito de sedición.

Sánchez se negó y Bolaños será su interlocutor. La tensión en torno al ministro no quedó ahí. Desde su equipo se defendió que era público que el Gobierno trabajaba en esta reforma y que incluso la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, dijo en rueda de prensa que no interfería en las negociaciones. "La ruptura obedeció a las presiones (internas y externas) que padeció el propio Feijóo", sostienen en el Ejecutivo. En Génova amenazan con hacer públicos algunos de los mensajes enviados por Bolaños, que certificarían su tesis de que les engañó, y se reafirman en que "no es la persona indicada".

La reforma del sistema de elección

El PP se aferra a que su condición sine qua non para desbloquear el órgano de gobierno de los jueces pasa por pactar, con la supervisión de la UE, una reforma del sistema de elección de los vocales para ahondar en su "independencia". En 2022, ya bajo el mando de Alberto Núñez Feijóo, Génova accedió a pactar la mencionada reforma en un plazo máximo de seis meses tras el desbloqueo del Poder Judicial y a solicitar un informe al propio CGPJ para dar luz verde al nuevo texto legal. Pero en esta ocasión, la dirección del PP no está dispuesta a esperar. Advierten que sin una reforma paralela, "simultánea", dijo Feijóo, no firmarán ningún acuerdo con el PSOE. "No vamos a marear la perdiz", añaden.

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En Moncloa niegan tajantemente que se vaya a pactar un nuevo modelo de designación de los miembros del CGPJ y, sobre todo, que la renovación esté vinculada a esta reforma. En este punto existe una discrepancia de base porque Gobierno y PP mantienen posturas totalmente distintas. Los socialistas admiten que se debatirá sobre ello, pero sin que eso presuponga alumbrar un cambio. "No podemos aceptar imposiciones", aseguran fuentes gubernamentales. "Estamos dispuestos a hablar, sí". Eso solo significa que "nos sentamos" con la mediación de la Comisión. "Lo que salga de ahí no se sabe". El Ejecutivo entiende que la posición pública de Reynders avala su posición: primero la renovación y luego modificar la ley.

La base del anterior acuerdo

Por muchas piedras que parece haber en el camino, la realidad es que en octubre de 2021 el Gobierno y el PP llegaron a un acuerdo para renovar el CGPJ, con 20 nombres y 20 suplentes. "Esta es una propuesta que ya está ahí", recuerdan en el Ejecutivo. También se pactó impulsar una nueva regulación para los jueces y magistrados que se metan en política y ocupen cargos, no puedan volver de manera inmediata a sus puestos tras su cese. Pero con la excepción de que no se aplicaría de forma retroactiva a los tres ministros de entonces que son jueces, Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y Pilar Llop (ya no está en el Gabinete). Otra de las iniciativas que se consensuaron es modificar el Estatuto Fiscal para que no se repita que una ministra de Justicia, como sucedió con Dolores Delgado, se pueda convertir en fiscal general del Estado. Todo este trabajo ya está hecho.

Los cambios en el sistema de mayorías

Génova recela desde hace tiempo de la posibilidad de que el Gobierno impulse una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para rebajar el sistema de elección de los vocales de la mayoría reforzada —210 diputados— a la absoluta —de 176—, esquivar así al PP y desatascar la renovación. Por ese motivo, Feijóo ha exigido a Sánchez el compromiso de que no alterará las mayorías de elección parlamentaria y su palabra de que tampoco tocará el peso de elección del Congreso y del Senado —con el sistema actual, cada Cámara elige a diez vocales— por la mayoría absoluta con la que el PP cuenta en la Cámara Alta. El jefe del Ejecutivo ha repetido, ya lo había dicho con anterioridad, que no está pensando en cambiar las mayorías —ya amagó con hacerlo y Bruselas lo tumbó— y que tampoco esquivará a la Cámara Alta.

Contactos inmediatos

A pesar del cuestionamiento de Bolaños, en el Gobierno aseguran, como ya transmitió Sánchez a Feijóo, que "el ministro de Justicia va a estar ahí". Su intención, explican, es ponerse en contacto de forma inmediata con el negociador del PP, Esteban González Pons. A partir del martes, sin descartar incluso que pudiera hacerlo ayer viernes. Su primera misión es pactar la metodología de trabajo y cómo solicitar formalmente a la Comisión Europea su mediación. Si lo hace el Gobierno o los populares, que ya han sondeado previamente su disposición, prefieren otra fórmula.

Después se establecería un calendario de "reuniones a tres en España, con la presencia de autoridades públicas comunitarias", en referencia al verificador de la UE, algún comisario u otra persona. Al Ejecutivo le gustaría cerrar un pacto sobre la actualización del CGPJ "cuanto antes" pero el calendario es laxo. El plazo máximo de ambos partidos son las elecciones europeas de junio de 2024. Pero nadie entendería, sobre todo los propios jueces, que se demore tanto.

La línea abierta entre Génova y Moncloa tiene otra consecuencia sobre Feijóo: la presión in crescendo de Vox, que ha encontrado una vía libre para explotar en solitario la oposición sin cuartel al "golpe" de Sánchez mientras acusa al líder del PP de "rendirse" y de "estafar" a sus electores por ofrecerle acuerdos al "traidor". "La ocurrencia de proponer un mediador extranjero le va a servir a Sánchez (por eso ha aceptado) para legitimar su golpe y la amnistía", censuró Abascal en redes sociales. En Génova, de momento, hacen caso omiso: "Feijóo ha hecho lo que tenía que hacer".