Sánchez y Feijóo pactan un mediador de la UE para negociar la renovación del CGPJ

El Gobierno y el PP han acordado retomar las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial y que sea la Comisión Europea quien supervise esas conversaciones. Es uno de los puntos que se han abordado en la cita que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han mantenido en el Congreso de los Diputados este viernes, y que se ha alargado durante dos horas. La propuesta lleva el sello del Partido Popular, que ve como una garantía que la el Ejecutivo comunitario actúe como una suerte de mediador en sus conversaciones con el PSOE para "garantizar" que se cumplen las condiciones de independencia que "exige la UE".

Según Génova, el modelo de trabajo pasaría por celebrar "reuniones a tres en España" entre un representante del PP, el del PSOE y un comisario europeo de "perfil incontrovertible". Los populares aseguran que Sánchez se ha mostrado "dispuesto" a abordar esta posibilidad, aunque en la Moncloa no confirman aún este escenario. El presidente del PP ha trasladado además al jefe del Ejecutivo que "reflexione" acerca de la idoneidad de Félix Bolaños como interlocutor para negociar el desbloqueo del Poder Judicial, aunque no vetarán su elección. Sánchez, de hecho, apuesta por el ministro de Presidencia y Justicia para el nuevo intento de negociación y, del mismo modo, el PP confiará esa responsabilidad al mismo interlocutor: el vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons.

El PP insiste en sus condiciones para renovar el Consejo, aunque esta vez, y con la participación de la UE, se ha mostrado más optimista sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo incluso antes de las elecciones europeas, previstas para el próximo 9 de junio. La renovación debe ir acompañada necesariamente de una proposición de ley registrada de forma paralela en el Congreso para cambiar el sistema de elección. Los populares recuerdan que es un requisito que exige tanto la Comisión Europea como el Informe sobre el Estado de Derecho en España. Hasta la fecha, el PSOE se negaba a esa posibilidad y exigía a Feijóo dejar las "excusas" y cumplir con el mandato constitucional.

En rueda de prensa posterior a la cita con Sánchez, Feijóo ha desvelado que el PP ya ha tanteado a la Comisión Europea para que actúe de supervisor en la negociación, y que esta se ha mostrado "dispuesta" a aceptar el encargo. "Si esto lo acepta el Gobierno, nosotros cumpliremos con nuestra parte", insistía. Ha apuntado, además, a que el comisario de Justicia, Didier Reynders, sería un buen perfil para garantizar que el CGPJ se renueva con "perfiles independientes" y para revisar el nuevo texto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que a priori debería contar con la firma de PSOE y PP.

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“Este acuerdo es un buen punto de partida”, ha dicho Pilar Alegría en su comparecencia posterior a la reunión, en el Palacio de la Moncloa. La ministra portavoz ha explicado que Pedro Sánchez ha aceptado la propuesta de Feijóo respecto al CGPJ. Y ha asegurado que se trata de “una buena noticia” después de más de 1.800 días con el órgano de gobierno de los jueces bloqueado. Alegría no se ha pronunciado sobre la idoneidad de Didier Reynders, comisario de Justicia, como verificador, como ha propuesto el líder popular. “Vamos a ser respetuosos con lo que la Comisión Europea decida”, ha dicho Alegría, que ha recordado que ya se cerró un acuerdo que encalló a última hora.

Ese es el punto al que el Gobierno quiere volver. Esto significa que la intención de la Moncloa es renovar primero la composición actual del CGPJ, que data de 2013, y luego abordar una reforma de la ley orgánica de elección de los jueces, que es lo que propone el PP. “Lo importante es dar normalidad institucional y constitucional al órgano de gobierno de los jueces”, ha insistido Alegría, que cree que se abre la puerta a hacerlo posible. “Bienvenidas sean las fórmulas que sean para hacerlo posible”, ha añadido después de lanzar un dardo a Feijóo por haber sugerido que no confía en Félix Bolaños, el principal negociador del Ejecutivo en esta materia como ministro de Justicia y Presidencia.

Feijóo ha aplaudido que Sánchez se haya comprometido durante la cita a no alterar las mayorías, para sortear al PP en la renovación del órgano, en alusión al sistema de elección parlamentaria de los vocales del órgano por tres quintos de la Cámara, una posibilidad que también rechazaba Bruselas. Según el líder del PP, Sánchez también habría dado su palabra de que no tocará el peso de elección del Congreso y del Senado por la mayoría absoluta con la que cuenta el PP en la Cámara Alta. El sistema actual establece que cada Cámara elige a 10 representantes judiciales por mayoría cualificada.

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Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha calificado de "estafa" a sus electores la reunión entre ambos dirigentes. "Lamento que Feijóo haya decidido rendirse, estafando a sus electores, y despreciando la indignación popular en la calle", ha expresado en redes sociales. "Acudir donde Sánchez a ofrecerle más pactos en mitad de su golpe a la Nación es mucho más que un error. La ocurrencia de proponer un mediador extranjero le va a servir a Sánchez (por eso la ha aceptado) para legitimar su golpe y la amnistía", ha opinado Abascal.

Acuerdo para renovar el artículo 49

Sánchez y Feijóo han llegado también a un acuerdo para reformar el artículo 49 de la Constitución, que dará respuesta a una histórica reivindicación en la que siempre ha existido consenso, pero que siempre se ha guardado en un cajón por la crispación política y la desconfianza entre las distintas fuerzas parlamentarias: la eliminación del término disminuido de la carta magna. El líder del PP ha anunciado que antes del 31 de diciembre habrá una proposición de ley conjunta para abordar esa reforma quirúrgica, que podría ver la luz de forma definitiva el próximo mes de enero en un pleno monográfico, según ha explicado después Pilar Alegría.

La proposición de ley irá acompañada de otro acuerdo por el que PSOE y PP se comprometen a no aceptar ninguna enmienda que presenten el resto de socios parlamentarios aprovechando la apertura del melón constitucional sin que ambas fuerzas estén de acuerdo. El dirigente popular ha exigido en este punto al jefe del Ejecutivo que "teste" su "capacidad de mando" y garantice que Sumar se circunscribirá también a una modificación quirúrgica del citado artículo y no lo utilice "para otros fines". "A todo esto, el presidente me ha dicho que sí", aseguraba Feijóo.

Las reticencias de Génova tienen justificación. Si se abre el texto constitucional, y tal como estipula el artículo 167.3 de la carta magna, un mínimo de 35 diputados pueden someter esa modificación a un referéndum, lo que permitiría a los partidos independentistas someter a votación la vigencia del texto constitucional. Junts, ERC, PNV, EH Bildu, Podemos y el BNG suman, en conjunto, 31 diputados, por lo que necesitarían del concurso de Yolanda Díaz para llevar a cabo ese desafío. Lo que exige el PP es una garantía escrita a Sánchez de que logrará atar en corto a su socio de coalición.

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Sánchez tenía también como prioridad de la reunión el debate de la financiación autonómica, aunque esta cuestión se ha quedado sin respuesta. Génova cree que este asunto no debería tratarse en una cumbre bilateral entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, sino despacharse de forma directa con las comunidades autónomas. Feijóo ha planteado a Sánchez que trate esta cuestión de forma "multilateral" con los presidentes regionales, y ha lamentado que, según ha podido comprobar en su encuentro con el jefe del Ejecutivo, que el Gobierno no vaya a esperar a un acuerdo para reformar el sistema de financiación para ejecutar la condonación de la deuda catalana.

Pilar Alegría también se ha referido a este asunto en su comparecencia y ha lamentado que Feijóo "no esté interesado" en hablar del sistema de financiación autonómica, que este año cumplirá una década caducado. La ministra portavoz ha puesto el foco en que debe ser el líder popular quien ponga de acuerdo a los 11 dirigentes autonómicos de su partido, ya que dentro del PP hay prioridades distintas. Hay barones, como Juanma Moreno y Carlos Mazón, que abogan por que la población sea el principal parámetro a tener en cuenta, pero esta postura está muy alejada de los dirigentes populares del norte del país, como Alfonso Rueda o María José Sáenz de Buruaga. Es ahí donde el PSOE mete el dedo en la llaga cuando defiende que los grandes partidos deben ponerse de acuerdo para abordar esta reforma.

Este desacuerdo ha provocado que la propuesta del Gobierno de poner en marcha una comisión negociadora haya naufragado. Los socialistas habían propuesto a María Jesús Montero, Santos Cerdán y Félix Bolaños como miembros de ese equipo que ya no se creará.

La amnistía y Pamplona

Feijóo ha lamentado que se haya encontrado con una pared cuando ha planteado al presidente del Gobierno que retire la ley de amnistía o que dé marcha atrás "hoy mismo" en la moción de censura en Pamplona. "Le he intentado hacer ver que es un error histórico y una amoralidad entregar una institución al partido que llevó en listas a condenados por terrorismo", pero "me ha dicho que no", lamentaba. Tampoco ha obtenido respuesta cuando el líder popular le ha preguntado si está dispuesto a "indultar a presos etarras" a cuenta de un "pacto oculto" con EH Bildu.