Moncloa pacta con el PP una reforma quirúrgica de la Constitución ceñida al artículo 49

Gobierno y Partido Popular han alcanzado este miércoles un principio de acuerdo para modificar el artículo 49 de la Constitución y dar respuesta al compromiso de sustituir en la Carta Magna el término "disminuidos" por "personas con discapacidad", una antigua reivindicación del sector en la que siempre ha existido un consenso aparente entre los dos grandes partidos, pero que sin embargo cuenta con años de retraso. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños; y la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, han mantenido una reunión de algo más de una hora en la Cámara Baja, y han coincidido en que el acuerdo definitivo puede firmarse en las próximas semanas, una vez se haya trasladado la propuesta al resto de grupos parlamentarios para lograr un "amplio consenso" de la Cámara.

El PP acudía a la reunión con dos condiciones: que el nuevo texto tuviese como base el dictamen del Consejo de Estado; y que la reforma se limitase única y exclusivamente al artículo 49 de la Constitución, un extremo en el que Génova tenía serias dudas por la intención de los socios del Ejecutivo de aprovechar el melón abierto de la Carta Magna para 'colar' otras enmiendas. Por ejemplo, el PNV quería aprovechar el trámite para introducir en la Constitución el "derecho a decidir", así como introducir limitaciones a la inviolabilidad del Rey.

TE PUEDE INTERESAR

El PNV presenta una enmienda para incluir el derecho a decidir en la Constitución

EFE

No obstante, la cita ha finalizado con el compromiso de la Moncloa a "ceñirse" a la reforma del artículo referente a la discapacidad, comprometiéndose con el PP a que no aceptará enmiendas de sus socios que tengan que ver sobre cualquier otro asunto. Esta circunstancia tiene otra consecuencia, y es que Gobierno y PP no aprovecharán la reforma constitucional para recuperar el derecho civil valenciano, una reclamación que, pese al consenso entre izquierda y derecha, se quedará fuera del proceso de apertura de la Carta Magna.

El pasado verano, PP, PSPV-PSOE, Podem y Compromís dejaron una imagen poco usual en las Cortes Valencianas uniéndose para reclamar al Congreso de los Diputados que aprovechase la reforma de la Carta Magna para incluir un párrafo en la disposición adicional segunda que reconozca la capacidad legislativa en materia civil a todos aquellos territorios que tengan en sus estatutos esa competencia conforme a su derecho civil histórico o foral, una prerrogativa con la que ya cuentan Navarra, País Vasco o Aragón y por la que la Comunidad Valenciana lleva peleando años, de momento, sin éxito.

TE PUEDE INTERESAR

La guerra entre Sánchez y Feijóo anula el histórico compromiso con la discapacidad

Ana Belén Ramos

El ruido político y la guerra partidista se ha impuesto siempre en la consecución de un pacto de Estado que PSOE y PP siempre han defendido y reivindicado por separado. Cuando Feijóo llegó a la dirección de Génova, en abril de 2022, se comprometió a retomar este compromiso con la Moncloa, y llevó esta reivindicación a su primera cita oficial con Pedro Sánchez. Poco después, en junio, el líder del PP se presentó en la sede del Centro Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) con ese compromiso bajo el brazo. Pero la primera reunión oficial en que se han constatado poderosos avances para alumbrar la reforma no ha llegado hasta este mismo miércoles.

Gobierno y PP se culpan mutuamente de los retrasos en la tramitación de la modificación. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha recordado cómo los populares, bajo la dirección de Pablo Casado, ya presentaron en su día una enmienda a la totalidad y forzaron la devolución del proyecto cuando Sánchez quiso abrir ese melón. "Si se abre el edificio constitucional a una reforma puntual, puede abocar a intentos de voladura de toda la arquitectura", justificó entonces el PP, poniendo de manifiesto su temor a que la introducción de lo que hoy califican como "enmiendas intrusas", y que hoy el Gobierno cierra la puerta a aceptar.

TE PUEDE INTERESAR

Amplios sectores de la Justicia se mueven para forzar un pacto entre PP y PSOE tras las autonómicas

Beatriz Parera Iván Gil

"Nos felicitamos de que el PP haya cambiado de criterio y se avenga a reformar el artículo", celebraba Bolaños, que evidenció también su intención de que todos los grupos del arco parlamentario participen en esa modificación legislativa. El marco en que se mueve la Moncloa es el de evitar que el acuerdo sea concebido como un pacto de Estado entre PSOE y PP, para evitar otorgar a Feijóo el papel de 'socio' del Ejecutivo en esta cuestión. "Vamos a trabajar por un acuerdo amplísimo de la Cámara", reiteraba el ministro de Presidencia.