Amplios sectores de la Justicia se mueven para forzar un pacto entre PP y PSOE tras las autonómicas

La reciente renovación del Tribunal Constitucional ha dejado la sensación de que aún quedan cosas por hacer y algo más: que son posibles. La salida del atasco del órgano de garantías centra todas las miradas en el Consejo General del Poder Judicial. Amplios sectores de la Justicia han comenzado a moverse para empujar al Partido Popular (PP) y al PSOE a un pacto que saben difícil. Diversas fuentes consultadas hablan de contactos en privado con ambas formaciones dirigidos a empujarlas a que den el paso tras las elecciones autonómicas.

Las esperanzas —que no certezas— se sitúan en el próximo mes de junio, cuando se unirán dos factores que pueden ser propicios. Por una parte, por entonces se habrá superado la primera cita con las urnas, un test en toda regla en el que socialistas y populares medirán fuerzas. Por otra, en el segundo semestre del año, España asume por quinta vez la presidencia del Consejo de la Unión Europea, que es rotatoria. El tremendo atasco en la renovación del Consejo es una mala carta de presentación que, además, ya ha sido criticada desde Bruselas.

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El obstáculo más complicado de superar es la oposición del PP a plegarse a un acuerdo después de que las anteriores conservaciones fracasaran por la reforma de la sedición y la malversación. Desde el fiasco del último intento de negociación, Alberto Núñez Feijóo ha dado nuevos pasos que, sin embargo, no han sido acogidos con ningún entusiasmo desde la parte contraria. A principios de mes, el partido registró en el Congreso una proposición de ley que busca cambiar el sistema de elección de 12 de los 20 miembros del Consejo, para que sean seleccionados por jueces y magistrados de toda España. Las otras ocho plazas, correspondientes a juristas de reconocido prestigio, serían elegidas según esta propuesta por las dos Cámaras, siguiendo el sistema actual.

Mientras tanto, el Ejecutivo, y sobre todo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños —que ha encabezado hasta tres intentonas—, han arrancado el año incrementando la presión. Bolaños no desaprovecha ninguna ocasión para recordar que el Consejo sigue sin renovar, que acumula más de cuatro años de retraso y que su situación es una anomalía inconstitucional que achaca a cálculos partidistas del PP. Tras las autonómicas vienen las generales y, si la situación no se remedia, el estado del CGPJ se convertirá en munición de campaña y en la insistencia de reproches cruzados ya conocidos por habituales.

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Fuentes del Gobierno cercanas a las negociaciones reconocen que no ha habido ningún contacto con el PP para abordar la renovación desde que se suspendieron las conversaciones el pasado mes de octubre. Estas mismas fuentes insisten en que el acuerdo estaba cerrado y animan a retomarlo en los mismos términos. Solo se trata de sentarse a firmarlo, subrayan, aunque cada vez con más pesimismo. Los más de 1.500 días de bloqueo desde que caducó el mandato del órgano del poder judicial son para los socialistas una realidad inasumible de la que culpan a los populares. De ahí que enumeren sus "excusas" y no vean probable que en Génova se abran a la renovación en el mes de junio. Otras fuentes de la Moncloa señalan que el PP "ha renunciado" a renovar el CGPJ en esta legislatura.

El ciclo electoral aleja todavía más las posibilidades del acuerdo, mientras que los puentes entre el Gobierno y Génova llevan semanas rotos. Un contexto en el que los ataques comienzan a redoblarse. Tanto es así, que desde Ferraz se está abonando la hipótesis de que Alberto Núñez Feijóo no será el candidato de Génova si el PP pierde las municipales frente al PSOE. Una lectura. "Si el resultado que prevé el adversario político no se produce, presidentes como Moreno Bonilla o Ayuso podrían ser un recambio que solicitasen muchas voces en el PP", señalaba el PSOE en el documento con las conclusiones de su última ejecutiva. La renovación del CGPJ en estas fechas, por tanto, no es una tesis que manejen ni en el Gobierno ni en Ferraz.

Un Consejo atado de pies y manos

Las fuentes consultadas aseguran que las asociaciones de jueces, con la mayoritaria y conservadora a la cabeza, no se resignan a conformarse y asumir que la renovación es imposible. También los vocales del Consejo y buena parte de la judicatura, al margen de su sensibilidad política, aprietan en este sentido. El mensaje que se trata de que cale en el PP es que este CGPJ, superada la crisis del Constitucional, está atado de pies y manos, con una capacidad de acción extremadamente limitada. También que el bloqueo amenaza con prolongarse más allá de la actual legislatura y el Supremo, cada vez más mermado, no aguantará demasiado.

Un Consejo activo y con plenas funciones conviene a las dos partes. Si se sigue el esquema de todos los pactos anteriores que han estado al borde de oficializarse, los dos partidos contarían con una proporción de fuerzas progresistas y conservadoras muy igualada y, además, la obligación de extender la mayoría reforzada para todos los nombramientos obligaría a ambos bloques a buscar perfiles de consenso. Este equilibrio no es nada despreciable cuando se acumulan en la cola medio centenar de plazas a cubrir.

Los grandes escollos de la negociación, esos que provocaron el último fracaso, siguen, sin embargo, ahí. El Ejecutivo aceptó buena parte de las exigencias troncales de Génova. Entre ellas, estudiar la reforma del sistema de elección, regular las puertas giratorias y que los jueces y magistrados que sean nombrados para cargos de elección política o de gobierno no puedan reingresar al servicio activo de forma inmediata a partir del cese en los referidos cargos. La negociación había despertado, sin embargo, recelos en importantes sectores de la derecha y en el seno del propio Partido Popular, donde dirigentes como Isabel Díaz Ayuso la rechazaban. La negociación paralela sobre la sedición, cuyos efectos comienzan a desplegarse ahora, provocó que volara por los aires.