La guerra entre Sánchez y Feijóo anula el histórico compromiso con la discapacidad

El pasado 9 de junio, Alberto Núñez Feijóo visitó la sede central del Centro Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) con un compromiso bajo el brazo: reformar de una vez por todas el artículo 49 de la Constitución española, una vieja reivindicación del sector con décadas de antigüedad y que aún no ha visto la luz pese al consenso de los dos grandes partidos. De hecho, hace más de un año que Pedro Sánchez se presentó en las mismas instalaciones con la misma promesa que ahora abandera el líder del PP. Los dos se comprometieron a dar una salida "inmediata" al convenio, pero casi dos meses después la asociación sigue esperando una respuesta. "Nadie nos ha llamado", aseguran.

El ruido político y la guerra partidista se han impuesto a la consecución de un pacto de Estado en el que ni PSOE ni PP cambiarían una coma. La iniciativa pasa por abrir la Carta Magna para modificar el artículo que alude a las personas con discapacidad como "disminuidos", eliminando precisamente ese término. El líder popular recuperó la reivindicación proponiendo constituir una mesa entre el Cermi, el PSOE y el PP para "avanzar en el texto definitivo" y poner en marcha todo el proceso de reforma. Previamente, Feijóo llevó la propuesta a su primera cita con Sánchez en Moncloa. Pero no ha habido novedad alguna desde entonces. La mesa, que debería haberse reunido antes de que acabase el mes de junio, no se celebró. Una vez más, el compromiso con la discapacidad ha quedado en un segundo plano.

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En Génova atribuyen la falta de avances al "cambio de prioridades" de Sánchez. "Ahora mismo no le interesa firmar ningún pacto de Estado con el PP", advierten en la cúpula popular. La 'podemización' del Gobierno y el último giro electoralista de Sánchez son los motivos que observan en el primer partido de la oposición para que el presidente haya "dado la espalda" a Feijóo en el asunto. No en vano, el jefe del Ejecutivo edificará la recta final de la legislatura en dos pilares: hacer llegar la acción de gobierno con un marcado volantazo a la izquierda —"aunque resultemos incómodos para los poderosos"— y contraponer el modelo del PSOE con el del PP, más tras el hundimiento que experimentó el socialismo en las últimas elecciones andaluzas.

El curso político finalizó con Feijóo creyendo que Sánchez le "llamaría más" y con el presidente del Gobierno criticando la falta de "sentido de Estado" del jefe de la oposición. En estos momentos, la voladura de puentes es total. Los desencuentros se cuentan por decenas, igual que los pactos de Estado procedentes de Génova que siguen sin respuesta. La queja es la misma en Moncloa, donde lamentan que el líder de la oposición haya "ignorado" los 11 acuerdos con los que Sánchez recibió a Feijóo el pasado mes de abril. En una conversación informal con periodistas, el jefe del Ejecutivo aseguró que aún estaba "conociendo" al nuevo líder de la oposición, pero partía de la premisa de que en su gestión no hay diferencias de peso con el 'no a todo' de Pablo Casado.

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La confrontación entre PSOE y PP, que supuso un punto de inflexión en la relación de los dos grandes partidos desde el comienzo de la era Feijóo, se produjo en el momento en que Génova dio por rota toda negociación sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), justo después de conocer por los medios de comunicación que Sánchez había decidido saltarse al PP y presentar una reforma exprés de la ley para que la cúpula de los jueces pudiese nombrar a los dos magistrados que le corresponden del Tribunal Constitucional. El órgano, compuesto por 12 miembros, se renueva por tercios: cuatro corresponden al Congreso, cuatro al Senado, dos al Gobierno y dos al CGPJ, que deben nombrar de forma conjunta a los nuevos magistrados.

Con esa carambola jurídica, el Gobierno devolvió parcialmente las funciones al CGPJ que él mismo le había arrebatado, garantizándose así dar un vuelco a la actual mayoría conservadora del Constitucional. Los puentes han seguido rotos desde entonces, y no ha habido contacto entre Génova y Moncloa hasta la fecha, ni siquiera para avanzar en la histórica reivindicación del sector de la discapacidad, un colectivo que lleva años reclamando dejar a un lado la polarización política.

Casado vetó la reforma en 2021

Si hoy es Sánchez el que no atiende las llamadas de Feijóo, hace menos de un año fue su predecesor el que vetó, junto a Vox, la reforma del artículo 49 promovida por el Gobierno. El propio programa de la coalición que PSOE y Podemos firmaron al inicio de la legislatura incluía el compromiso de cambiar el concepto de 'disminuido' por el de 'discapacitado' en la Carta Magna. En mayo de 2021, y tras varios aplazamientos, el Ejecutivo materializó ese acuerdo mediante la aprobación en Consejo de Ministros de un proyecto de reforma de la Constitución limitada al mencionado artículo. Pero, una vez más, la guerra política se impuso.

A pesar del amplio consenso que suscitó la iniciativa en una comisión celebrada en la Cámara Baja en 2018, PP y Vox forzaron la devolución del proyecto. La reforma se había postergado tres años por las sucesivas convocatorias electorales y la posterior crisis sanitaria provocada por el coronavirus, pero Pablo Casado ordenó a los suyos votar en contra cuando la iniciativa llegó al hemiciclo hace casi un año. Abrir la Constitución requiere una mayoría reforzada de tres quintos en el Congreso. Las cuentas no salen si falla uno de los dos grandes partidos.

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El anterior jefe de la oposición justificó la decisión en la falta de "oportunidad política" para abrir el melón constitucional. Cuca Gamarra, entonces portavoz parlamentaria y hoy secretaria general del PP con Feijóo, puso en cuarentena la reforma por la existencia de partidos que "cuestionan la Constitución" dentro del propio Gobierno. "Si se abre el edificio constitucional a una reforma puntual, puede abocar a intentos de voladura de toda la arquitectura", alegó. "Cometeríamos un error", zanjó entonces Casado.

Esas reticencias no han desaparecido del PP. El pasado mes de mayo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, manifestó que "por mucha voluntad que se tenga", abrir la Constitución es "innecesario". La desconfianza sigue siendo un factor también en Génova, ya que recelan del hecho de que el PSOE aproveche la apertura de la Carta Magna para plantear otras modificaciones que en el PP rechazan, como los cambios relativos en la jefatura del Estado para eliminar la inviolabilidad del Rey. Feijóo avisó de que se mantendría vigilante cuando vuelva a retomarse, un compromiso que, no obstante, podría volver a aplazarse sin fecha por el calendario electoral del próximo año y la inminente crisis energética que se espera en otoño. "No podemos utilizar la discapacidad para otros fines espurios", avisó.