Sánchez enfría la reforma constitucional por falta de consenso y un cambio de prioridades

La reforma de la Constitución ha dejado de ser una de las prioridades del PSOE y la izquierda en general. Pedro Sánchez ha pasado de enarbolar en 2015 una revisión en profundidad de la Carta Magna y de batallar desde la oposición por abrir este debate en el Congreso, a, una vez llegado a la Moncloa, meter la propuesta en un cajón. Al mismo tiempo, Unidas Podemos, que emergió electoralmente reclamando "romper los candados del 78" a través de un proceso constituyente, centró su última campaña electoral, con vistas a entrar en el Gobierno, en blandir la Constitución reclamando la necesidad de cumplir sus artículos sociales. El propio programa de coalición pactado entre las dos fuerzas se limita a cambiar en el artículo 49 el concepto de "disminuido" por el de "discapacitado" y a llevar el debate a la Comisión Constitucional del Congreso "sobre la posibilidad de otorgar el derecho de sufragio activo y pasivo a las personas jóvenes de 16 y 17 años".

En Ferraz admiten el cambio de prioridades, al centrarse en estos momentos en la recuperación económica. El portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, reconocía la pasada semana que no se planteaban cambios en este momento en el título referente a la jefatura del Estado para eliminar la inviolabilidad del Rey. Una puerta que se había reabierto en las últimas semanas. Si bien mantienen el espíritu reformista, un debate que dicen estar "dispuestos a afrontar", subrayan también la falta de consenso. Fuentes de Moncloa avanzan que no se pondrá sobre la mesa la eliminación de la inviolabilidad en los actos conmemorativos por el 43 aniversario de la Carta Magna, limitándose a exigir a los populares que no veten la reforma del artículo 49.

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EFE

La polarización y sobre todo la irrupción de Vox, con 52 diputados en la Cámara, son otros de los motivos por los que desde Unidas Podemos justifican una posición más centrada en la resistencia que en un cambio constituyente, como en sus inicios. Cualquier modificación de la Carta Magna necesita un respaldo mínimo de tres quintos del Congreso. Al menos se requeriría el apoyo del PP, pero los partidos que sostienen al Ejecutivo alegan que ni está ni se le espera. Como ejemplo, ponen el veto de los populares a retoques conceptuales como el del artículo 49.

El cambio de prioridades por la crisis del coronavirus, la falta de consensos, la irrupción de Vox y la institucionalización de Unidas Podemos, ahora en el Gobierno, son algunos de los elementos que anticipan que no se abrirá el melón constitucional en la XIV legislatura, ya en su ecuador. A pesar de ello, en el anterior aniversario de la Constitución no fueron pocos los barones del PSOE que reclamaron plantear una reforma en clave federal, como Miquel Iceta, Ximo Puig, Francina Armengol y Maria Chivite.

En el 40 Congreso Federal del PSOE, este asunto tampoco fue el protagonista, si bien recibió un importante guiño con la creación de la secretaría de Reforma Constitucional y Nuevos Derechos, bajo la batuta de Félix Bolaños, y con unas declaraciones de Pedro Sánchez tras el cónclave en las que se mostraba favorable a “abrir el debate sobre la actualización de la Constitución”. El líder de la oposición, Pablo Casado, cerró preventivamente cualquier posibilidad de discusión porque, según zanjó el pasado mes de octubre en una entrevista en 'Onda Cero', "con la que está cayendo en Cataluña, si abrimos el texto constitucional estaremos cometiendo un error". Un argumento similar al adoptado para vetar el cambio del artículo 49, al considerar que Unidas Podemos es una formación contraria a la Carta Magna y que aprovecharía la apertura de este debate para desmantelarla.

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Los morados concurrieron a las últimas elecciones con un programa electoral en el que prescindieron de medidas encaminadas a una reforma amplia de la Constitución. Sus propuestas de cambios se centraron en eliminar la inviolabilidad del Rey y en reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "para reforzar su independencia a través de un sistema de elección directa por la ciudadanía".

La ponencia marco del último congreso federal socialista centra los cambios en la Carta Magna en incorporar como derechos fundamentales "la protección social y la sanidad, el acceso a la educación y a los servicios sociales, y la garantía del poder adquisitivo de las pensiones". De hecho, la nueva secretaría sobre reforma constitucional del partido lleva como apellidos "nuevos derechos". El otro gran cambio propuesto tiene que ver con reformar el mecanismo de elección del presidente del Gobierno recogido en el artículo 99 de la Constitución, con un modelo más parecido al de País Vasco y Asturias, para que puedan presentarse varios candidatos y que se invista al que más apoyos logre. Si bien, en la ponencia de más de 300 páginas se reserva un párrafo para reafirmar el compromiso de la propuesta de reforma aprobada en el Consejo de Política Federal el 28 de octubre de 2015.

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Sin entrar a concretar los artículos a incorporar o modificar, se defiende que los objetivos de esta reforma pasan por "reforzar el Estado del Bienestar, desarrollar el Estado de las Autonomías en un sentido federal, ampliar derechos y libertades e incorporar Europa al Texto Constitucional". Eso sí, se reconoce a continuación que "una reforma solo será posible desde el consenso del conjunto de la sociedad española, también de las fuerzas políticas" a las que hace "un llamamiento de diálogo y concordia para iniciar un tiempo nuevo", argumentando que "después de más de 40 años, ha demostrado necesitar una urgente actualización".

La propuesta de reforma elaborada en 2015, en plena emergencia electoral de Podemos, se justificaba por un clima social al que ahora ya no se alude. Entonces, uno de los principales argumentos para abrir en canal la Carta Magna era que "la crisis económica que azota a España con dureza desde 2008, y las respuestas dadas por los poderes públicos a la misma, han minado la confianza de los ciudadanos y ciudadanas en el orden político surgido de la Constitución en tal medida que aquella crisis se ha extendido hasta incorporar manifestaciones claras de una crisis también social, política, territorial e institucional".

Las modificaciones propuestas eran de tal calado, incluyendo por ejemplo "reformar el alcance y el procedimiento para la reforma constitucional con el objetivo de deshacer la gran rigidez de la regulación actual", que el propio Pedro Sánchez quiso dejar claro en la presentación de la propuesta que no pretendía "abrir un proceso constituyente". La pulsión se ha ido moderando, al igual que el discurso de las fuerzas de la denominada "nueva política", por lo que Sánchez también ha enfriado una reforma para la que tampoco se vislumbran números suficientes en el Congreso para abordarla.