Obligada a buscar empleo con un 65% de discapacidad: "Me han desahuciado"
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Obligada a buscar empleo con un 65% de discapacidad: "Me han desahuciado"

María Calle no puede andar ni controlar sus esfínteres tras una polémica cirugía, y ahora la Seguridad Social le ha quitado la pensión. La pandemia se ceba con los discapacitados

Foto: María Calle, discapacitada tras una cirugía, en su casa de Madrid. (D.B.)
María Calle, discapacitada tras una cirugía, en su casa de Madrid. (D.B.)

María Calle apenas puede dar un paso sin muletas ni contener sus esfínteres, pero según el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) es apta para trabajar. Hace un año y medio, ese mismo organismo le concedió un subsidio de incapacidad permanente absoluta de 1.635 euros, debido a que tiene acreditados un 65% de discapacidad y un grado 2 de dependencia. Pero tras una revisión que Calle califica de "vejatoria", el INSS certifica que está mucho mejor de sus dolencias y que debe buscar trabajo de inmediato.

Resultado: Calle sigue sin poder dar un paso fuera de casa sin ayuda y sufre dolor crónico, pero ahora percibe cero euros de ingresos. Es uno de los ejemplos de las dificultades financieras que sufren las personas con una discapacidad reconocida, que se han agravado en época de pandemia tras el fiasco, entre otras prestaciones, del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

La historia de Calle es una sucesión de infortunios y presuntas negligencias que han desembocado en una lesión medular irreversible con un grave déficit intestinal, vesical y gástrico, junto a un dolor en la columna vertebral intenso debido a una mielopatía (compresión crónica de la médula espinal). La pesadilla comenzó con una caída brusca desde un caballo en octubre de 2018. Nunca había montado, se subió para dar un breve paseo con un instructor, pero la dejaron sola junto a su hermana, que montaba otro caballo, los dos animales se enzarzaron y ella salió despedida.

La caída le fracturó la vértebra D9 con acuñamiento (aplastamiento) del 60%. En el Hospital 12 de Octubre de Madrid optaron por un tratamiento conservador, sin cirugía, pues no existía lesión en la médula. Pero a los tres meses los dolores eran intensos y Calle, tras un periplo de consultas con expertos, pasó a manos del hospital Ramón y Cajal, donde sus neurocirujanos le habían dicho que si no se operaba, en poco tiempo terminaría en una silla de ruedas. Tras un mar de dudas, aceptó pasar por quirófano.

placeholder María Calle, en su sofá junto a un montón de medicamentos para sus dolencias. (D.B.)
María Calle, en su sofá junto a un montón de medicamentos para sus dolencias. (D.B.)

La operación se complicó y desembocó en el peor escenario. Calle pasó de tener una vértebra aplastada, pero con movilidad y control total de su cuerpo, a ser una lesionada medular con una débil señal nerviosa en sus piernas y un absoluto descontrol de sus órganos abdominales. La cirugía tuvo lugar en febrero de 2019 y en estos dos años su salud, asegura, ha empeorado notablemente. Solo aguanta el dolor a base de pastillas y no puede estar mucho tiempo en una misma postura, debido a que la prótesis que sustituye a la vértebra es demasiado grande y no ha fusionado bien, según le han indicado expertos de otros centros.

El hospital Ramón y Cajal ha negado cualquier negligencia en la operación. Reconoció la "pérdida de potenciales medulares" tras la intervención, pero lo consideró parte de los riesgos de una intervención muy delicada que la paciente asumió y firmó. Calle lo rechaza de plano y este año ha interpuesto una demanda por responsabilidad patrimonial contra el hospital, que está pendiente de llegar a juicio. Este diario ha tratado de obtener la visión del hospital Ramón y Cajal sin éxito.

"He tardado dos años en demandar al hospital porque tras la operación solo quería que me ayudaran a mejorar, me agarré a ellos desesperada, les pedí que me hicieran pruebas para buscar soluciones y poder volver a hacer una vida normal, pero nunca querían verme ni asumir que me habían lesionado la médula. Incluso me han negado el informe médico para solicitar la pensión de invalidez. Tuvo que ser el hospital Gregorio Marañón, en una segunda opinión, el que me hizo todas las pruebas y me confirmó que tengo lesiones neurológicas irreversibles", cuenta Calle, postrada en el sofá de su hogar, junto a una ventana, donde pasa la mayor parte de las horas desde hace dos años. El resto del tiempo lo pasa en la cama articulada que necesita para dormir y que pudo pagar con un préstamo bancario.

Foto: Grande-marlaska, en la IV reunión del plan de lucha contra los delitos de odio. (EFE)

Penurias económicas

La segunda parte de esta pesadilla es burocrática. Calle tardó un año en resignarse y asumir que no podría volver a trabajar, que era imposible recuperar los tres empleos que desempeñaba antes del accidente como psicóloga en proyectos sociosanitarios para el ayuntamiento de Madrid. Tras el accidente, llevaba un año cobrando una baja por media jornada del único empleo que pudo conservar, en total 500 euros de prestación que eran del todo insuficientes ante su nueva realidad. Pronto adquirió una deuda de más de 3.000 euros con su banco y con la Agencia Tributaria.

Cuando su cirujano le confirmó que no tenía respuesta para las secuelas que ella padecía, solicitó el reconocimiento oficial de su discapacidad y el grado de dependencia para obtener ayuda a domicilio. Fue un proceso largo, pero desde abril de 2020 comenzó a cobrar una pensión de 1.635 euros que le permitía llegar a fin de mes, descontando los cerca de 1.000 euros en gastos que se lleva su discapacidad.

"Cuando el INSS aprobó la pensión, sentí un gran alivio económico y me centré en buscar una solución para mis dolores crónicos y los problemas vesiculares. Aun hoy tengo que acudir urgentemente al baño, me levanto diez veces cada noche y no puedo orinar bien. En mi casa me manejo yo sola, pero si el suelo es irregular la caída es casi segura", explica. "Sabiendo que mi lesión en la médula es para siempre, he intentado al menos tener una vida digna. He visitado a nueve neurocirujanos, todos de primer nivel, y me dicen que es muy arriesgado volver a operar, que podría ser fatal. En la operación no solo me dañaron la médula, sino que pusieron mal la prótesis, está hundida y las barras son demasiado largas, se me clavan en la zona de los riñones y me está machacando las vértebras superiores e inferiores, de ahí ese dolor tan grande que no puedo soportar", resume Calle, que maneja multitud de informes médicos que confirman el problema y plantean la "conducta no prudente y posiblemente temeraria" de una cirugía "no necesaria en el área peligrosa de la columna dorsal".

placeholder Fachada del hospital Ramón y Cajal, en Madrid. (EFE)
Fachada del hospital Ramón y Cajal, en Madrid. (EFE)

Tras la aprobación por parte del INSS de su subsidio, Calle pasó unos meses reconstruyendo su vida. Hasta que ocurrieron dos hechos que la han devuelto a la casilla de salida y que ella relaciona directamente. En marzo de este año, presentó la demanda contra el hospital Ramón y Cajal, una vez reconocida su discapacidad y su grado de dependencia; luego en junio, padeció un trato muy severo en su visita rutinaria ante un médico del INSS para valorar su estado físico, que desembocó en un informe desfavorable y la pérdida de la prestación a los pocos días, a partir de julio.

"El desprecio del doctor empezó desde que entré por la puerta. Obligó a la persona que me presta ayuda a domicilio a quedarse fuera y se dedicó a humillarme, a decirme que no podía ir así de mal vestida, que mi problema era psicológico y que me apuntara a una autoescuela para discapacitados. No quiso ni mirar los informes que le llevé. En su informe escribió que ya soy apta para volver a mi trabajo. Ojalá fuera cierto. Vendería ahora mismo mi piso y con el dinero pagaría una operación si con ello pudiera volver a trabajar, a tener una vida digna, no ya como antes de la caída sino como antes de la operación. Siempre he vivido sola y me sé cuidar. Me encantaba mi trabajo. Por desgracia, volver a trabajar así no es posible".

placeholder Oficina de Empleo en Madrid. (EFE)
Oficina de Empleo en Madrid. (EFE)

Desesperada, Calle ha tenido que hacer un cambalache burocrático. Ahora tiene derecho a una renta de 400 euros como transición hacia el mercado laboral, pero para cobrarla debe darse de alta como demandante de empleo en el SEPE. Así lo ha hecho. "He pedido a mi empresa que me reclame para reincorporarme y, acto seguido, solicitaré la baja laboral, porque si ahora el SEPE me llama para trabajar y digo que no, pierdo la prestación. Sin ese favor de mi empresa me quedo sin ingresos y con multitud de gastos. Me han desahuciado. En poco tiempo no solo me quedaré sin dinero para la asistencia domiciliario, también sin dinero para comer".

Agosto ya es su segundo mes con cero ingresos, pero hasta el 1 de septiembre no puede recurrir la decisión del INSS, que tardará otros tantos meses en ser resuelta. Entretanto, le ha sido denegado el Ingreso Mínimo Vital (IMV) debido a que en 2020 tuvo ingresos, y también la pensión no contributiva por el mismo motivo.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) trasladó este caso a la directora general del INSS, María del Carmen Armesto, y se ha abierto un expediente para averiguar qué ocurrió en esa revisión médica. Al mismo tiempo, el CERMI lleva tiempo advirtiendo la necesidad de que el sistema de pensiones de la Seguridad Social refuerce la protección social de las personas con discapacidad y sus familias. "El sistema de Seguridad Social, como principio informante, ha de considerar a las personas con discapacidad y a las familias que tienen en su seno a una persona con discapacidad, como 'situación social de especial protección', reforzando las respuestas en términos de cobertura en todas las contingencias en las que la discapacidad sea un hecho relevante", subraya.

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