El Gobierno defendía en la UE hace 6 meses que los 3/5 "refuerzan" la independencia

El Gobierno de Sánchez defendió en Europa hace seis meses que la mayoría de tres quintos de las cámaras vigente hasta ahora para elegir a los vocales del poder judicial y que el Ejecutivo quiere eliminar con una reforma legislativa, "refuerza" la independencia del poder judicial. En un informe remitido a la Comisión Europea fechado el pasado abril el Ministerio de Justicia que dirige Juan Carlos Campo se hacía eco de esa garantía reforzada para la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

En un extenso informe de casi 100 páginas titulado European Rule of Law Mechanism: input from Member States, al que ha tenido acceso El Confidencial, el departamento explicaba el modo de funcionamiento y selección del órgano de Gobierno de los jueces y hacía alarde de que el sistema de elección de los vocales está diseñada "para desasociar la posible identificación que pudiera establecerse entre el sentido de las mayorías parlamentarias y políticas y el CGPJ".

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Con argumentos que más parecen ahora más propios de los críticos de la iniciativa legislativa, ideada para forzar una renovación sin necesidad de pacto con el PP y gracias a la cual el Ejecutivo controlará a todos los efectos el órgano, el Ejecutivo de Sánchez aseguraba también que el hecho de que el Consejo coincida, gracias a la duración de su mandato, con un Parlamento distinto del que lo eligió es otra garantía.

El Ministerio explicaba que la duración del mandato de los vocales del CGPJ es de cinco años y que no coincide con la duración de la legislatura, que es de cuatro años. De este modo, indicaba el CGPJ coincidirá, como mínimo, con una legislatura distinta de la que lo eligió. "Además, el CGPJ se renueva en su totalidad, una vez transcurridos los cinco años de mandato, aunque el CGPJ saliente continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo. Contribuye a esta garantía el hecho de que el mandato de los vocales no es renovable", indicaba el informe.

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"Coherencia democrática"

Justicia hacía expresa mención a la mayoría cualificada de tres quintos e indicaba que cada una de las cámaras, Congreso de los Diputados y Senado, elige a diez Vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial. "Por tanto, esta exigencia de mayoría cualificada de tres quintos garantiza, a la par que la absoluta coherencia con el carácter general del sistema democrático, la convergencia de fuerzas políticas diversas, y evita la conformación de un CGPJ que responda a una mayoría parlamentaria concreta y coyuntural, reforzando su independencia frente al poder político", decía.

La valoración del sistema choca frontalmente con la propuesta que registraron este martes el PSOE e Unidas Podemos. La reforma rebaja la mayoría necesaria para elegir a 12 de los 20 miembros, si es que no hay acuerdo para mayoría cualificada en una primera votación. Esa mayoría es ahora de tres quintos, lo que permite que el PP pueda bloquear la renovación. La mayoría para los otros ocho miembros se mantendría en tres quintos, por lo que solo se podría renovar una parte del Consejo. La proposición prevé que se pueda constituir solo con 12 vocales elegidos, lo que podría chocar con la voluntad de la Constitución, porque en la práctica elude también la mayoría cualificada para nombrar a los otros ocho.

La Comisión Europea ha indicado que la iniciativa va contra las recomendaciones de la UE que aconseja una separación absoluta de poderes

Precisamente la Comisión Europea, a quien se dirigió Justicia en abril, ha dejado este jueves claras sus suspicacias respecto a la propuesta legislativa. Ha reclamado a Sánchez que consulte a la comisión de Venecia y ha indicado que la iniciativa va contra las recomendaciones de la UE que aconseja una separación absoluta de poderes. "La Comisión está al corriente del anuncio de este nuevo proyecto de ley y estamos siguiendo de cerca los acontecimientos a este respecto", ha explicado el portavoz de Justicia del Ejecutivo comunitario, Christian Wiegand, según ha adelantado El Español.