La Generalitat, la nueva financiación autonómica y las oportunidades perdidas

La Generalitat aboga ahora por cambiar la financiación autonómica. El sistema actual caducó en 2013. Como en España nunca se ha cambiado el sistema de financiación si no lo lidera Cataluña, ahí sigue pendiente la reforma. En 2012 Cataluña entró en la ensoñación de Marchena y para el mundo independentista la financiación autonómica era tabú. Era el "antes muerta que sencilla" catalán: antes muerta que volver al autonomismo pujolista, que incluso el propio Jordi Pujol reivindicaba. Eso hasta que esta semana Pere Aragonès cambió el paradigma y volvió a abrir el melón con motivo de la campaña: investir a Pedro Sánchez a cambio de reducir el déficit fiscal de Cataluña. Y eso metía a los catalanes de cabeza en una nueva reforma de la financiación y en el mundo de las oportunidades perdidas.

Cambiar el sistema de financiación autonómica es una cuestión de meses, de muchos meses. No se negocia en unos días a cambio de una investidura. Lo que podría otorgar Sánchez en una hipotética investidura que dependerá de cómo vayan las urnas mañana es garantizar que se abrirá el proceso. Poco más. Desde un punto de vista político, sería suficiente si ERC puede apuntarse el mérito de parar a Vox. Pero luego viene lo difícil, que es cerrar el trato.

La Generalitat calcula el déficit fiscal en unos 20.000 millones. Si se mejora la financiación autonómica, esa cifra podría rebajarse para Cataluña entre los 5.000 y los 3.000 millones al año. Nada mal. De hecho, el PSC es el único partido que reivindicaba este cambio. El propio PSOE lo había aparcado prudentemente ante el desacuerdo de sus barones. En cuatro años, lo único que se hizo desde el Gobierno fue cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, remitió a las CCAA una propuesta de población ajustada que debía servir de base para cambiar el sistema. La Generalitat en su día ni se pronunció: a mí no me vengan con autonomismo.

Sin embargo, ese hubiera sido el momento. Esa fue la oportunidad política perdida. Mientras ERC estaba intentando rebajar las penas de malversación en el Código Penal, en un intento infructuoso de que Oriol Junqueras pudiese volver a presentarse a unas elecciones, se desperdiciaba la ocasión para renegociar la financiación autonómica. En la pasada legislatura española, la Generalitat tenía buenas cartas. Pero jugó otras. Y salga lo que salga de las urnas, este domingo el panorama cambia de manera sustancial. Porque Pere Aragonès ahora carece de cosas que sí tenía en la pasada legislatura española.

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Un 'conseller' con margen político

En la legislatura pasada tenía un conseller de Economía con iniciativa política, Jaume Giró. No era de JxCAT, pero mantenía muy buena relación personal con Aragonès. Además, Giró cultivó los contactos tanto con María Jesús Montero como con la ministra de Economía, Nadia Calviño, según aseguran fuentes de la Generalitat de esa época. De hecho, el propio Jaume Giró exploró la senda, lanzando un globo sonda en una entrevista en El Periódico. Fue en diciembre, el mismo mes en que la ministra de Hacienda había enviado a las CCAA su cálculo de población ajustada. La recepción fue tan mala que el titular de Economía de la Generalitat aparcó el asunto a la espera de tiempos mejores que no llegaron.

Su sucesora, Natalia Mas, ha evitado en todo momento hablar del tema. Ni en público, cuando los empresarios del Cercle de Economía le pidieron en las últimas jornadas que reactivase el tema, ni en privado. En el Cercle, Mas lo descartó. Y cuando se le consulta en círculos restringidos, dice que esa es una cuestión política, según apuntan fuentes de la conselleria. Cuatro días después de que Aragonès haya despejado la cuestión política, Natalia Mas no ha abierto la boca. Pero ella ha de ser la que lidere la cuestión, diseñe una propuesta y busque aliados.

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Pactos potenciales

Y es en esos aliados donde se encuentra el quid de la cuestión. Porque en una negociación de financiación autonómica la clave son las complicidades que se puedan crear. El resultado final depende más de las CCAA que te apoyan que de lo que te quiera otorgar el Gobierno español. En la legislatura anterior, Cataluña contaba con Ximo Puig, que intentó tirar del carro. Pero la Generalitat catalana no quiso jugar para seguir con su postureo independentista. Y quedó claro que la Comunidad Valenciana carecía de fuerza suficiente para lograr algo así en solitario. Ahora, tras las municipales, Cataluña no solo ha perdido a la Comunidad Valenciana como aliado potencial, que tiene problemas y demografía similar a los de Cataluña. También se ha quedado sin Baleares y sin Aragón, donde la relación con Javier Lambán ya era muy mala.

En Aragón, Jorge Azcón está negociando con Vox para formar gobierno. En Valencia y Baleares, Vox ya son socios de gobierno. Negociar con ellos una nueva financiación autonómica puede resultar una tortura para un "gobierno netamente independentista", como le gusta definirse a Pere Aragonès.

Tal como están el panorama actual, el mejor aliado para Cataluña sería el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla. En términos de población y de PIB, Andalucía y Cataluña tiene una problemática equivalente. Sin embargo, Pere Aragonès y Moreno Bonilla todavía no se han reunido. Andalucía tiene otra ventaja: Vox no participa en el ejecutivo andaluz. En otras palabras: Aragonès podría acabar pactando con Pedro Sánchez la investidura, pero si el precio es rebajar el déficit fiscal, quedará abocado a negociar con el PP.

La primera beneficiada de una mejora de la financiación será Madrid

La última derivada perversa son los costes ocultos. Cualquier mejora para Cataluña de manera directa acabará beneficiando a la Comunidad de Madrid, que de la mano de Isabel Díaz Ayuso aplica un dumping fiscal sobre el resto de CCAA que no se entiende en la opinión pública catalana. El mismo, por cierto, que están desplegando en Baleares y Valencia con la eliminación del impuesto de Sucesiones y Donaciones.

En Madrid cuentan estos días que otro catalán, Miquel Iceta, comenta a sus allegados medio en serio medio en broma sobre las elecciones generales: "El problema no será si perdemos el 23-J. El verdadero problema será si ganamos", según explican fuentes cercanas a Moncloa. Pues lo mismo se puede decir de Aragonès y su plan de condicionar la investidura de Pedro Sánchez a una nueva financiación: lo verdaderamente malo empezará si al final el presidente de la Generalitat consigue lo que pide.