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Andalucía y Valencia intentan devolver la financiación a la agenda sin molestar mucho a sus partidos
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Una reforma enquistada desde 2014

Andalucía y Valencia intentan devolver la financiación a la agenda sin molestar mucho a sus partidos

Elías Bendodo y Ximo Puig retoman, aunque tímidamente, la exigencia de reformar el modelo de reparto de fondos entre las comunidades, conscientes de la disparidad de opiniones que hay dentro de PP y PSOE

Foto: Juanma Moreno y Ximo Puig, en la reunión que mantuvieron en Sevilla el pasado septiembre. (EFE/Raúl Caro)
Juanma Moreno y Ximo Puig, en la reunión que mantuvieron en Sevilla el pasado septiembre. (EFE/Raúl Caro)

Andalucía y Valencia reactivan el debate de la financiación autonómica, una labor que abanderan desde hace años de forma infructuosa. Las dos comunidades más perjudicadas por el modelo aprobado en 2009, junto con la Región de Murcia, levantan la voz, aunque tímidamente. El popular Juanma Moreno y el socialista Ximo Puig son conscientes de que se trata de un asunto espinoso en sus partidos por la disparidad que hay entre unos territorios y otros, pero retoman su exigencia para solucionar un problema que lleva enquistado desde que la actual fórmula caducó, en 2014.

El portavoz de la Junta en funciones, Elías Bendodo, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez la celebración de un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) o una Conferencia de Presidentes para abordar la reforma. Según los números que hacen en San Telmo, Andalucía deja de recibir cuatro millones de euros al día con el actual modelo, aprobado por el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero con el apoyo de ERC en 2009. Bendodo ha cifrado en 1.000 millones anuales el agujero en las cuentas andaluzas, por lo que ha insistido en la necesidad de aprobar un fondo de compensación para las comunidades perjudicadas por el reparto vigente.

Foto: Ximo Puig y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)

La apuesta andaluza no ha variado de forma sustancial en los últimos años. Moreno hizo suyo el acuerdo impulsado por la ahora ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando era consejera en el Gobierno de Susana Díaz. Según esta entente, el criterio que debe primar es el de población ajustada, es decir, el coste real que tiene la prestación de los servicios públicos que son competencia de la Administración autonómica. Montero impulsó este pacto en 2017 y sirvió como ariete contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El ahora presidente de la Junta apoyó el texto en la Cámara regional, lo que generó escozor en el seno del PP, pero con el cambio en la Moncloa y, después, en San Telmo, se volvieron las tornas a beneficio del malagueño.

El problema es que Bendodo ya no es solo portavoz de la Junta. Al todavía titular de Presidencia le quedan solo unos días en su desempeño andaluz, ya que pasará a dedicarse por completo al cargo de coordinador general del PP. Bendodo será el número tres de Alberto Núñez Feijóo, que como presidente de la Xunta de Galicia ha tenido siempre una postura distinta a la de Moreno. El ahora líder nacional del PP viene defendiendo que el reparto de fondos estatales entre las comunidades debe tener en cuenta factores como la orografía, la dispersión de la población o su envejecimiento. Como jefe del Ejecutivo gallego, formó parte de un frente común de los territorios del noroeste del país, que comparten problemática, que era, en cierto modo, opuesto a la entente formada por Moreno, Ximo Puig y el murciano Fernando López Miras.

Foto: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)

Con ese choque de propuestas se entiende que la exigencia de Bendodo pase por abrir el debate en un foro en el que estén las comunidades autónomas del régimen común y no un debate entre partidos. "Primero hay que convocar la mesa y luego dar los pasos de uno en uno; si no está convocada, nadie puede fijar su postura", ha defendido el portavoz andaluz, que ha eludido pronunciarse sobre si el PP ha tomado una posición única. Este mutismo da pistas sobre la incomodidad del debate, que no es exclusiva de los populares. Los socialistas también tienen presidentes que apuestan por el criterio de población, como es el caso de Ximo Puig, y otros que están más alineados con Núñez Feijóo ante la posibilidad de que una reforma les reste recursos, como es el caso del asturiano Adrián Barbón.

En el Gobierno central, la posición es clara. María Jesús Montero reclamó al PP que se pusiera de acuerdo antes de fajarse para abrir un debate que requiere una mayoría amplia, ya que se trata de la reforma de una ley orgánica. "Es una reforma de Estado y debe incluir al PP", explican desde el Ministerio de Hacienda, donde apuestan por llegar primero a un acuerdo entre partidos mientras el PP quiere abrir el debate entre regiones.

placeholder Alberto Núñez Feijóo, en su reunión con otros presidentes autonómicos para abordar la financiación. (EFE/Lavandeira Jr.)
Alberto Núñez Feijóo, en su reunión con otros presidentes autonómicos para abordar la financiación. (EFE/Lavandeira Jr.)

Es por lo que apostó el propio Núñez Feijóo en la precampaña de las andaluzas en un acto en el que defendió que la financiación debe girar sobre las "personas" y no sobre los "territorios" para evitar privilegios para "los aliados del Gobierno", en referencia al independentismo catalán. Hay que recordar que en el furor de reuniones entre líderes territoriales sobre el asunto de la financiación, Moreno y Núñez Feijóo eludieron confrontar modelos y apostaron por hacer frente común contra los "privilegios", en alusión velada a Cataluña.

Está previsto que se celebre un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en julio, como suele ser habitual, para informar a las comunidades de cuál será su envolvente financiera y poder así elaborar los presupuestos regionales. En ese foro, que todavía no se ha convocado ni tiene fecha cerrada, se podrá hablar de la reforma de la financiación, pero no será una reunión exclusiva para abordar el tema.

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Es probable que en esa reunión salga a la palestra el nuevo cálculo sobre la población ajustada que encargó el Ministerio de Hacienda a un grupo de expertos y que se hizo público a finales de 2021. El documento no contentó a Andalucía, que se quejó por la ausencia del fondo de compensación por la infrafinanciación y por la falta de un fondo covid para 2022, una reclamación que ha reiterado Bendodo desde San Telmo, al tiempo que recordaba que el virus sigue presente y en ascenso a nivel estatal y en las comunidades.

En la Comunidad Valenciana, también ha resucitado este debate tras un cierto apagón reivindicativo. Sobre todo después de que la comisión consultiva de expertos sobre financiación de las Cortes valencianas cuestionase la propuesta de población ajustada planteada por la ministra Montero, el barón valenciano ha vuelto a reivindicar la actualización del sistema en el cuerpo central de sus discursos. Este martes, en una conferencia sobre federalismo en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, Ximo Puig apeló a la necesidad de abordar la cuestión territorial española desde tres perspectivas, una de incremento de la cogobernanza a través mecanismos como la institucionalización de la conferencia de presidentes, otra de reforma institucional del Senado y la Constitución y una tercera en clave económica para garantizar la suficiencia financiera, la equidad y la solidaridad entre las distintas autonomías.

“Desde la responsabilidad, urgimos a un gran pacto de país en el Congreso de los Diputados para acordar la nueva financiación autonómica. Es inaplazable y tiene un objetivo: una España justa”, señaló Puig, sin hacer una referencia concreta a su partido.

placeholder María Jesús Montero, ministra de Hacienda, en un curso de la Universidad Complutense. (EFE)
María Jesús Montero, ministra de Hacienda, en un curso de la Universidad Complutense. (EFE)

La idea es reivindicar, pero sin molestar en exceso al PSOE. El propio Sánchez pasó de puntillas sobre el asunto en el debate sobre el estado de la nación celebrado en el Congreso de los Diputados. El pasado fin de semana, en un acto en Morella (Castellón), Puig insistió en la necesidad abordar la reforma, aunque lo hizo no tanto poniendo la presión en el Gobierno presidido por Pedro Sánchez como apelando al principal partido de la oposición, el Partido Popular. El ‘president’ valenciano se escudó en que el Ejecutivo central “no puede hacerlo solo” porque “no tiene mayoría suficiente”. Como defiende María Jesús Montero, Puig apeló a los conservadores de Alberto Núñez Feijóo y a “otros partidos en general” para que “piensen en el interés general de España”.

Lo cierto es que al tratarse de una ley orgánica, la de financiación de las comunidades autónomas requiere de mayoría absoluta para su reforma. El Gobierno tiene complicado alcanzar un acuerdo con las formaciones independentistas, toda vez que Esquerra Republicana de Cataluña no quiere entrar en una negociación multilateral que implique a otros territorios en materia de financiación. Los socialistas, además, no han resuelto su división interna, con Asturias o Castilla-La Mancha defendiendo posiciones distintas a la de la Comunidad Valenciana. Lo más sencillo para el Gobierno es dormir el debate.

El agujero de los territorios infrafinanciados se está cubriendo vía Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que no deja de ser un préstamo del Estado a las autonomías que eleva su endeudamiento y castiga su ‘rating’ en los mercados privados. La Comunidad Valenciana, que ha alcanzado una deuda de 55.000 millones de euros, hace años que no se financia fuera de la cobertura del Estado. Andalucía, después de varios años sin acudir a los mercados financieros, hizo lo propio en 2021 para emitir deuda por un valor de 2.800 millones de euros.

Andalucía y Valencia reactivan el debate de la financiación autonómica, una labor que abanderan desde hace años de forma infructuosa. Las dos comunidades más perjudicadas por el modelo aprobado en 2009, junto con la Región de Murcia, levantan la voz, aunque tímidamente. El popular Juanma Moreno y el socialista Ximo Puig son conscientes de que se trata de un asunto espinoso en sus partidos por la disparidad que hay entre unos territorios y otros, pero retoman su exigencia para solucionar un problema que lleva enquistado desde que la actual fórmula caducó, en 2014.

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