XIMO PUIG QUIERE ALIARSE CON MORENO BONILLA

Valencia ofrece a Andalucía una alianza por la financiación y romper la trinchera PSOE-PP

La Generalitat de Ximo Puig quiere recuperar con Moreno Bonilla los acuerdos técnicos pactados con Susana Díaz para desbordar los bloques ideológicos y desatascar la reforma

Foto: Ximo Puig y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)
Ximo Puig y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)
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Los territorios han comenzado a moverse entre bambalinas ante la intención anunciada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de activar a partir de otoño los mecanismos para reformar el modelo de financiación autonómica. El presidente de la Generalitat valenciana, el socialista Ximo Puig, tiene previsto ofrecer a la Junta de Andalucía, gobernada por el popular Juan Manuel Moreno Bonilla, la recuperación de la alianza que ya suscribió con su antecesora, Susana Díaz, para defender una posición conjunta y empujar hacia el cambio en el sistema de reparto. Los dos territorios son, junto a Murcia, los que actualmente salen peor parados en términos de financiación por población ajustada (concepto que corrige la población absoluta con otros criterios como insularidad, edad, dispersión territorial, etc.), según las liquidaciones analizadas por el 'think tank' Fedea, que dirige el profesor Ángel de la Fuente.

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha marcado como primera prioridad en materia de finanzas públicas tratar de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2020. La aprobación el pasado jueves de la nueva senda de estabilidad presupuestaria, que incluye los objetivos de déficit y de deuda para las administraciones públicas para este año y para el periodo 2021-2023, gracias a la abstención de ERC y el voto favorable de Coalición Canaria y el Partido Regionalista de Cantabria, ha generado en los socialistas la percepción de que las cuentas podrían salir adelante, lo que garantizaría a la actual coalición con Podemos al menos dos años de estabilidad en el poder. Si esto es así, el siguiente paso sería encarar la reforma pendiente de un sistema de reparto de recursos entre territorios, que lleva caducado desde 2014 y que está generando muchas asimetrías en la prestación de servicios sanitarios, educativos y sociales por parte de las administraciones autonómicas, que son las que tienen las competencias.

La alianza de dos barones de PSOE y PP que gobiernan territorios con 13,4 millones de habitantes lanzaría un mensaje muy potente

Los posibles cambios en el 'statu quo' han generado no pocos rifirrafes territoriales. Es sabido que ha habido muchas discrepancias en los comités técnicos entre los expertos propuestos por las autonomías para preparar los documentos necesarios para buscar un consenso en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), primero, y después en el Congreso de los Diputados, que es el que debe ratificar una modificación de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca).

Sin embargo, muchos territorios gobernados tanto por socialistas como por populares se quedaron muy cerca de alcanzar una posición de consenso basada en el concepto de 'nivelación vertical'. Esto es: que la Administración central ponga más recursos en la cesta autonómica para propiciar una redistribución progresiva horizontal entre territorios sin que los que ahora resultan premiados por el sistema pierdan fondos en favor de la recuperación de los más castigados. Esta es una de las recomendaciones del grupo de expertos que en 2017 elaboró un informe para la revisión del modelo de financiación por encargo del Ministerio de Hacienda en la etapa de Cristóbal Montoro.

Pablo Casado (i) y Juan Manuel Moreno Bonilla. (EFE)
Pablo Casado (i) y Juan Manuel Moreno Bonilla. (EFE)

"De lo que se trata es de garantizar el Estado del bienestar, que se sostiene en las pensiones, las políticas pasivas y activas de empleo, la sanidad, la educación, la dependencia o la vivienda social, para que todos los españoles tengan un tratamiento similar. Si esto se preserva, luego podemos hablar de todo lo demás. Pero tenemos que discutirlo como Estado. Y España es un Estado compuesto de tres administraciones (central, autonómica y local). Cada una es elegida por unas urnas y tiene la misma legitimidad. Todas tienen unas obligaciones y deben tener los recursos que tocan de acuerdo al esfuerzo fiscal de España", señala el 'conseller' valenciano de Hacienda, Vicent Soler, en declaraciones a El Confidencial.

El Gobierno de Mariano Rajoy nunca dio los pasos necesarios para desatascar el bloqueo. Pese a haber culminado los trabajos técnicos y disponer de la mayoría gubernamental en el CPFF, Cristóbal Montoro no llegó a fijar una postura gubernamental para empezar a darle de verdad a la manivela de la reforma.

La moción de censura de Pedro Sánchez no cambió el escenario. El líder del PSOE decidió no abordar la modificación hasta la siguiente legislatura, la que ahora se ha iniciado, pero se está quedando sin excusas para seguir retrasando el cambio. Además, ha suscrito acuerdos con formaciones como Compromís, que recogen el compromiso de presentar una propuesta a los ocho meses de ser investido. Sobre el papel, ese plazo vence en octubre.

Moreno reivindica una reforma en línea con una propuesta consensuada en 2018 con Susana Díaz, con quien Puig también pactó criterios comunes

Según fuentes del entorno del barón socialista, Ximo Puig quiere ofrecer a su homólogo andaluz, Moreno Bonilla, un pacto que permita aunar esfuerzos para la consecución de objetivos compartidos (mejorar la financiación para ambos territorios) y que a la vez deje sin excusa a los dos grandes partidos, PSOE y el Partido Popular de Pablo Casado, para romper el bloqueo y propiciar un consenso amplio. La estrategia pasa por desbordar la batalla entre bloques ideológicos y girar el debate al plano territorial. No hay que despreciar que la Comunidad Valenciana es ahora mismo la autonomía más poblada gobernada por los socialistas, en coalición con Compromís y Podemos, y que ocurre exactamente lo mismo con Andalucía, en el caso de los populares, que dependen de Ciudadanos, con la muleta parlamentaria de Vox. La foto de una alianza de un barón socialista con uno popular sería un mensaje muy potente.

El criterio poblacional es precisamente el que ambos líderes regionales defienden como eje del nuevo sistema. Puig no ha dejado de recordar su deseo de que el Gobierno de socialistas y morados afronte la reforma, mientras que no pasa un día sin que Moreno reivindique ante la ministra Montero, también andaluza, el documento que Susana Díaz impulsó en el Parlamento de Andalucía en 2018, que reclama una inyección de 4.000 millones extraordinarios con un nuevo reparto. Esa resolución política se inspiró precisamente en parte en documentos técnicos compartidos entre Sevilla y Valencia, recuerdan fuentes de la Generalitat.

La alianza Puig-Moreno no haría sino rescatar el pacto que el socialista y la expresidenta de la Junta suscribieron en febrero de 2017, cuando promovieron un documento con ocho criterios que, a su juicio, debería incluir el nuevo reparto, la armonización fiscal entre autonomías y un reparto equitativo del esfuerzo para reducir el déficit. El equipo de Puig también mantiene la línea abierta con Murcia, gobernada por el popular Fernando López Miras. Hay sintonía entre sus consejeros de Hacienda. También con Baleares, que comparte el criterio poblacional. El frente se completaría en el Mediterráneo si Cataluña, con problemas de financiación similares a los de la Comunidad Valenciana y Andalucía, decidiese entrar en el juego multilateral, algo que ahora parece lejano, por el empeño de la Generalitat que preside Quim Torra de enfocar su relación con el Gobierno de Sánchez sobre la base de la bilateralidad.

Sobre una base 100, Valencia (92,2), Murcia (92,6) y Andalucía (95,5) son las tres regiones peor financiadas del Estado en términos de población ajustada, según el informe ‘La evolución de la financiación de las comunidades autónomas de régimen común, 2002-2017’, publicado por Fedea en octubre del año pasado. Además, se da la circunstancia de que han empeorado su posición en los últimos tres lustros. Es decir, con dos modelos de financiación distintos (2002 y 2009), no solamente no se ha estrechado la diferencia hacia una mayor convergencia en recursos, sino que la distancia se ha agrandado con respecto a los territorios mejor financiados.

En todas ellas se da, además, una segunda anomalía, y es que su PIB per cápita, la riqueza anual que producen dividida entre su población, es inferior a la media nacional (25.854 euros). Comparativamente, son regiones pobres que reciben recursos por debajo de la media para atender los servicios básicos de su población. Un desequilibrio que se ha cronificado por la incapacidad del Gobierno de abordar un reparto más equitativo.

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