Moreno y Puig aspiran a romper el bloqueo entre PSOE y PP y cambiar la agenda política

Andalucía y la Comunidad Valenciana quieren cambiar las prioridades de la agenda política nacional. El próximo martes, en el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, habrá una foto, cuando menos curiosa en estos tiempos de extrema polarización. Dos presidentes regionales, Juan Manuel Moreno, del PP, y Ximo Puig, del PSOE, se darán la mano con un mismo propósito: ser capaces de que la financiación autonómica se convierta en un asunto central para el Gobierno de Pedro Sánchez y la dirección nacional de los populares. También para demostrar que el bloqueo que se impone entre estos dos partidos centrales del Estado en asuntos como la renovación del Consejo General del Poder Judicial puede superarse cuando se abordan temas de calado para los ciudadanos.

Moreno y Puig han pactado dar contenido a la cita más allá de la foto y desde el Gobierno andaluz aseguran que el propósito es firme. La señal inequívoca es que este domingo ambos gobiernos han acordado enviar un comunicado previo conjunto subrayando el contenido y el alcance de ese encuentro. Son dos de los barones ahora mismo más relevantes para sus partidos y presidentes de dos comunidades donde se especula con una proximidad electoral, que ambos se empeñan en alejar. Ni Moreno ni Puig quieren hablar de un adelanto de los comicios. Sin embargo, Pedro Sánchez y Pablo Casado —dos líderes entre los que la comunicación, por no decir ya el acuerdo, es prácticamente imposible— han marcado en rojo sus dos territorios, como trampolines para las próximas elecciones generales. Pero sus presidentes autonómicos aspiran a mostrar que otro camino es posible.

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EFE

En el entorno del dirigente de la Junta de Andalucía no ocultan que están “muy cansados” de que asuntos como el Consejo General del Poder Judicial, Cataluña o las cuitas en el PP con Isabel Díaz Ayuso marquen las prioridades de la política nacional. “Es agotador", admiten. "Hay una imposición constante de la agenda desde Madrid y Cataluña y, en ocasiones, esa no es la realidad. La financiación autonómica es una cuestión de Estado, toca cambiar el paso y marcar la agenda desde la periferia”, señalan fuentes próximas a Moreno. Indican que van “en serio” y que desde el Ejecutivo regional “el único interés” es conseguir que cambie el sistema de financiación para que llegue el dinero que corresponde a Andalucía. “Con eso sí que se puede hacer política”, agregan.

Un modelo caducado hace siete años

El bloqueo del CGPJ ha dinamitado los puentes entre PSOE y PP. Debería haber sido renovado en 2018 y desde entonces su mandato está caducado, al igual que otros órganos constitucionales como el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, hay otro asunto estancado, desde hace mucho más tiempo, que no logra imponerse como prioritario en la agenda del Gobierno ni de la oposición. El modelo de financiación autonómica, que dice cómo debe repartirse la tarta de recursos del Estado entre las comunidades autónomas, debería haberse renovado en 2014, cinco años después de su entrada en vigor. Lleva siete años caducado. Y es una cuestión crucial, de la que dependen los recursos que reciben las comunidades, fondos financieros que pagan los servicios públicos básicos, la sanidad o la educación.

El modelo actual, que se aprobó en 2009, con el entonces ministro socialista Pedro Solbes como impulsor y como siempre con los tirones de Cataluña como telón de fondo, está demostrado que perjudica de forma importante a tres comunidades, Valencia, Andalucía y Murcia. No solo lo dicen estas autonomías. Ese agravio, que se traduce en miles de millones de euros que se han dejado de recibir respecto a otras regiones, lo acreditan organismos independientes como la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

El sistema beneficia y perjudica aleatoriamente a comunidades de PP y PSOE, lo que impide alianzas

Andalucía ha perdido 11.000 millones de euros desde que ese sistema entró en vigor. Un andaluz recibe menos dinero del Estado que un madrileño o que un extremeño. Hay una distorsión incluso de hasta 700 euros por habitante según la comunidad. El agravio persiste teniendo en cuenta los recursos adicionales (13.486 millones de euros) que el Gobierno ha transferido para afrontar la crisis covid. Esa inyección extraordinaria ha perpetuado la mayoría de las diferencias entre regiones.

Según los datos analizados por Fedea, Cantabria recibió 3.321 euros por habitante frente a los 2.618 euros (702 menos) que percibió la Comunidad Valenciana, la peor financiada. La media está en 2.833 euros por habitante, por debajo están Murcia (2.629), Andalucía (2.718) y Castilla-La Mancha (2.751). Por encima de la media se encuentran, además de Cantabria, La Rioja (3.211), Baleares (3.217), Extremadura (3.086) y Canarias (3.081).

El sistema actual beneficia y perjudica aleatoriamente a comunidades de PP y PSOE, lo que impide cualquier tipo de alianza por bloques partidistas. Por eso no interesa calar este melón. No le viene bien al Gobierno, que sabe las tensiones territoriales que abre esta negociación, siempre ha ocurrido con la renovación de cada sistema y, en el clima actual, en pleno desafío soberanista y con los tirones Barcelona-Madrid, aún más. Tampoco le beneficia al PP, que internamente tendría que casar intereses opuestos en los distintos territorios, con el consiguiente desgaste para la cúpula nacional y, en términos de cálculo electoral, pocos resultados.

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Víctor Romero. Valencia

Ya en una cita previa de los consejeros de Hacienda de la Generalitat Valenciana y la Junta, el titular andaluz, Juan Bravo, matizó a Casado asegurando que la propuesta de Génova de volver al sistema de 2002 no era factible ni extrapolable en la realidad actual, donde los gastos de sanidad o educación están muy por encima de la media de aquellos años. Ambas comunidades han pujado para que el reparto de los fondos extraordinarios por el covid nivele a las comunidades peor financiadas, logrando que se repartan por población ajustada. No obstante, el consejero andaluz de Hacienda ha enviado recientemente una carta al ministerio advirtiendo de un recorte de 2.317 millones en la financiación que recibirá en 2022. Por su parte, Puig ha movido ficha ampliando las alianzas desde la Generalitat a Cataluña o Baleares, con reuniones con sus presidentes.

Promesa en el aire

“La agenda política la marcan en Madrid y este asunto allí directamente no interesa”, admiten desde el Gobierno andaluz. El presidente valenciano tiene que convencer a su partido y a Pedro Sánchez de que, de una vez, aborde un tema capital, el de la financiación autonómica, aún sabiendo que es un asunto, el del dinero, que siempre levanta ampollas y crea graves tensiones territoriales en España.

La titular de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometió el pasado junio a abordar la financiación y estudiar especialmente la población ponderada como variable principal de reparto “en los próximos meses”. Un globo que pinchó la ministra Nadia Calviño semanas más tarde. El Gobierno ya ha admitido que no va a cumplir el compromiso alcanzado en el Congreso, a iniciativa de Compromís, que sacó adelante una moción que instaba al Ejecutivo a presentar antes de final de 2021 la propuesta del nuevo sistema de financiación. Desde el ministerio insisten en que para sacar adelante esa reforma hace falta el apoyo del PP.

Por su parte, Moreno tiene que lograr que el PP deje atrás la estrategia frentista diseñada por Génova al calor de las últimas encuestas, que muestran viento de cola para los populares en las generales, y demuestre que es capaz de llegar a acuerdos con Sánchez. Los populares tienen que tener voluntad de pacto porque sus votos son imprescindibles en el Congreso para reformar una ley orgánica de financiación que no esté guiada y supeditada a los intereses, y los votos, de los nacionalistas o los independentistas, y que necesitaría mayoría cualificada.

Por eso la del martes en Sevilla puede parecer una foto más de dos barones autonómicos, pero, en realidad, es también un golpe en la mesa y un 'basta ya', el hartazgo de una España periférica cansada de que la agenda pivote únicamente en la tensión Madrid-Barcelona.