Montero arranca el debate de la financiación con el envío a las CCAA de un primer texto

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, arrancó esta tarde el debate de la financiación autonómica con el envío a los consejero de las autonomias de régimen común de una primera propuesta de revisión de la población ajustada, el concepto que corrige con factores como la dispersión y el envejecimiento a la población pura y que sirve de primera base para calcular el reparto de recursos entre territorios. El ministerio comunicó a los gabinetes de los responsables autonómicos de Hacienda, pasado el mediodía de este viernes prevo al súper puente de la Inmaculada, su intención de remitirles este documento, esperado desde principios de semana, cuando finalizó el plazo del mes de noviembre marcado por la propia responsable socialista

Montero tiene previsto participar en un acto en La Rinconada (Sevilla) donde podría dar más detalles de su propuesta. Hay muchas incógnitas abiertas. Por ejemplo, cuál será la hoja de ruta elegida ahora por el Gobierno para canalizar la negociación, si a través de conversaciones bilaterales con las autonomías o con la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para el que, por ahora, no hay fecha prevista. El documento, de carácter muy técnico, tiene 250 páginas y está siendo analizado por los consejeros autonómicos.

Además del concepto de población ajustada, el sistema se compone de una serie de fondos (de suficiencia, competitividad o cooperación) que, a juicio de varios territorios, especialmente los más perjudicados por el reparto, contribuye a distorsionar la distribución y reducen la trasparencia. Actualmente, el sistema corrige la población y hace una primera asignación a través del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos, pero posteriormente vuelve a reasignar sumando o restando con el Fondo de Suficiencia Global, un segundo mecanismo heredado desde las trasferencias de competencias que asegura el mantenimiento del 'statu quo', lo que viene a ser la posición relativa de las autonomías.

TE PUEDE INTERESAR

El debate de la financiación: Feijóo sienta a ocho comunidades en defensa del coste por servicio

Álvaro Sierra

La Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia son las regiones más perjudicadas, según Fedea. La valenciana, por ejemplo, sostiene que ese segundo fondo le supone una trasferencia negativa de 1.400 millones de euros sobre la primera asignación, de acuerdo con fuentes del equipo técnico que ha asesorado a la Generalitat en las negociaciones.

Autonomías con problemas de despoblación, las que se reunieron en un encuentro en Santiago de Compostela lideradas por el presidente de Galicia, el popular Alberto Núñez Feijóo, son más reacias a modificar el actual sistema porque temen perder recursos con la redefinición del sistema.

La intención de Hacienda, según fuentes del ministerio, es que todos los territorios salgan beneficiados de forma general. En las negociaciones con Compromís para arrancar su respaldo a los Presupuestos Generales del Estado, el gabinete de la ministra trasladó su intención de que la negociación culmine con una mayor aportación de recursos, aunque con una fórmula de reparto distinta. Esto significaría que ninguna autonomía perdería en términos absolutos, aunque las perjudicas mejoren posiciones relativas. En cualquier caso, una vez alcanzado el consenso territorial, el nuevo modelo tiene que plasmarse en una reforma de la Lofca que requiere mayoría absoluta en el Congreso, lo que requeriría del concurso del Partido Popular, toda vez que, por ahora, Esquerra Republicana de Cataluña y la Generalitat catalana que preside Pere Aragonès han decidido autoexcluirse de la negociación.

Los detalles de la propuesta

El Ministerio de Hacienda defiende que el documento que ha enviado a las comunidades incluye indicadores “más robustos, detallados y realistas” para determinar el reparto de recursos del Estado a las comunidades. Se incorporan “variables correctivas” que tienen en cuenta el mayor coste de los servicios que implica la despoblación o la insularidad. El Ministerio espera las aportaciones de las comunidades al documento, “sujeto al debate y la negociación”, a lo largo del mes de enero.

El informe que ha remitido el Ministerio “no sale de la nada”, advierten desde el Gobierno, y recoge ya las reclamaciones de las comunidades. La propuesta considera la población como la variable más representativa para determinar las necesidades de gasto pero “mejora” la fórmula de cálculo y reparto según la tipología de gastos, sanidad, educación o servicios sociales. A lo largo de 240 páginas, detalla todas las variables que se pueden tener en cuenta para determinar el reparto de recursos entre las comunidades y argumenta con motivos técnicos por qué se podrían adoptar una fórmula u otras.

El Gobierno admite además que hay datos estadísticos más afinados que en 2009, cuando entró en vigor el actual modelo, que lleva más de un lustro caducado. En sanidad, el actual modelo de financiación calcula la población ajustada dividiendo en 7 tramos de edad y aplicando coeficientes que reflejan los costes que la sanidad tiene en función de los años de sus beneficiarios. En la nueva propuesta, los grupos se dividen en tramos de edad quinquenales, lo que supone pasar de 7 a 20 grupos. De esta forma se puede precisar mucho más el coste real sanitario existente por franjas etarias. Asimismo, la propuesta también contempla una actualización de los coeficientes aplicables mejorando los datos y teniendo en cuenta la distribución del gasto asistencial relativo a los servicios hospitalarios y especializados; servicios primarios de salud; farmacia; y consumo en prótesis, traslados y aparatos terapéuticos. El peso del gasto sanitario en la población ajustada aumentaría respecto al sistema actual y pasaría de tener una ponderación del 38% a una entre el 40% y el 45%.

En educación, el modelo actual toma como variable la población de 0 a 16 años. Quedaban excluidas otras etapas académicas como la universitaria o la Formación Profesional que en la propuesta remitida por el Ministerio de Hacienda sí que se incorporan. Se tiene en cuenta además el trasvase de alumnos en las etapas superiores desde unos territorios a otros. El Ministerio ofrece evaluar las necesidades de la población universitaria, de 18 a 24 años y la llegada de alumnos universitarios de otras comunidades.

En el modelo actual, el sistema de financiación autonómica evalúa las necesidades de gasto en servicios sociales en base a la variable población de 65 y más años. El nuevo modelo divide ese grupo en dos. Un tramo sería de personas entre 65 y 79 años y otro grupo de mayores de 80 años. Como novedad se incluye en esta variable de servicios sociales, además de los mayores, los parados sin prestación por desempleo.

Superficie y despoblación

Para calcular el coste del resto de servicios se mantiene, como hasta ahora, la población total empadronada. Más allá de la población, como elementos correctores del cálculo se tiene en cuenta la superficie. A mayor superficie, se encarece prestar servicios de sanidad, educación o servicios sociales, porque hay que aumentar el número de centros para reducir los desplazamientos de los usuarios o bien hay que hacerse cargo de dichos desplazamientos. Además la superficie puede estar vinculada a la despoblación y la dispersión. La forma en que se pondera la variable es en kilómetros cuadrados.

La despoblación es otro factor que tiene en cuenta la propuesta y el Ministerio invita a las comunidades a analizar si, además de variables como la superficie, es necesario identificar una variable concreta, con carácter más concentrado, que mida específicamente el problema que afrontan las comunidades con zonas más despobladas.

Otra de las variables que se contempla en el documento sobre población ajustada tiene que ver con la dispersión y con la insularidad, en función de los kilómetros de las islas a la península.

Otra de las novedades del informe tiene que ver con la incorporación a la población ajustada de una variable correctiva para las siete comunidades autónomas de menor población y que, por lo tanto, tienen mayores dificultades de alcanzar economías de escala y los costes fijos tienen un mayor impacto para ellas.

“El Ministerio de Hacienda plantea una propuesta detallada y elaborada con rigor técnico. El objetivo es abrir un debate leal y riguroso, que supere la dialéctica de comunidades ganadoras y perdedoras, y que apueste por un modelo racional, en el que los intereses de todas las comunidades confluyan”, defienden desde el Gobierno.