Montero excede su plazo para la financiación y las CCAA temen una propuesta 'light'

El Ministerio de Hacienda rebasó anoche el límite que su propia titular, María Jesús Montero, se había dado para trasladar a las autonomías su primer esbozo de la revisión del concepto de población 'ajustada', un elemento clave en la conformación del sistema de financiación autonómica. La ministra había marcado en rojo el mes de noviembre para dar este primer paso, el de actualizar el mecanismo de corrección de la población pura con factores como la dispersión, el envejecimiento o la comunidad escolar, como el paso inicial para reconfigurar posteriormente la maraña de fondos (suficiencia, competitividad o cooperación) que, a juicio de varios territorios, especialmente los más perjudicados por el reparto, contribuye a distorsionar la distribución y reducen la trasparencia.

Pese a rebasar el plazo verbalizado públicamente, desde Hacienda insisten en que su primera propuesta llegará "en breve" y que el objetivo es tratar de alcanzar al menos un consenso en torno a la ponderación de la población, para calcular el coste efectivo de los servicios en los que tienen competencia los territorios de régimen común: sanidad, educación y servicios sociales (País Vasco y Navarra tienen su propio régimen). De esta forma, se busca no llevar el debate desde un inicio a un pulso entre territorios sobre cuánto le corresponde a cada uno, lo que puede atascar la negociación, sino aterrizar el diálogo a la gestión real.

La cuestión es qué pasará después

La cuestión es qué pasará después. Actualmente, el sistema corrige la población y hace una primera asignación a través del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos, pero posteriormente vuelve a reasignar sumando o restando con el Fondo de Suficiencia Global, un segundo mecanismo heredado desde las trasferencias de competencias que asegura el mantenimiento del 'statu quo', lo que viene a ser la posición relativa de las autonomías.

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Víctor Romero. Valencia

La Comunidad Valenciana, junto con Andalucía y Murcia, son las regiones más perjudicadas, según Fedea, que sostiene que ese segundo fondo les supone una trasferencia negativa de 1.400 millones de euros sobre la primera asignación, de acuerdo con fuentes del equipo técnico que ha asesorado a la Generalitat en las negociaciones. Es decir, revisar la población ajustada sin entrar replantear los fondos posteriores puede dar como resultado una negociación fallida, de ahí que teman que la propuesta de Montero se quede en un documento 'light' que no avance en la reforma del sistema si el diálogo entre territorios se atasca en ese punto.

Para el Ministerio de Hacienda, sin embargo, es el primer paso, necesario para seguir avanzando. La intención es mandar por 'mail' a los consejeros la primera documentación. No hay fecha para la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en teoría el primer escalón para oficializar los avances antes de que el Gobierno traslade al Congreso de los Diputados una posible reforma de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca). Partidos como Compromís han dado su respaldo a los Presupuestos Generales del Estado arguyendo una pronta redefinición del sistema con más recursos para los territorios más perjudicados. Por ahora, se ha superado la primera línea roja de noviembre.