El CGPJ cierra la puerta a la comparecencia de jueces a las comisiones del 'lawfare'

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves una dura declaración en la que cuestiona la legalidad de las comisiones parlamentarias en las que el PSOE y Junts per Catalunya pretenden investigar el supuesto lawfare que sufre el independentismo. El acuerdo ha salido adelante por unanimidad y también descarta que los magistrados tengan obligación de comparecer en estas comisiones. No hay, dice el Consejo, sometimiento del poder judicial frente al legislativo y la comparecencia a estas comisiones no es debatible: no pueden comparecer.

El pleno ha acordado instar al Congreso y al Senado a que se abstengan de citar a jueces y magistrados para que declaren ante las comisiones de investigación constituidas en ellas sobre hechos que hayan conocido en las actuaciones objeto de su actividad jurisdiccional. Si, a pesar de ello, fuesen citados, la Comisión Permanente denegará la autorización para que comparezcan.

A lo largo de dos páginas, el Consejo cierra la puerta a estas citaciones. Tras mostrar respeto a la autonomía de las Cámaras, asegura que tiene el deber de "garantizar en todo momento y bajo cualquier circunstancia la independencia judicial". "Por ello, y por imperativo del propio artículo 76 de la Constitución, en conjunción con los artículos 396 y 399 de la LOPJ, ha de quedar constancia de que dichas comisiones carecen de atribuciones para llamar a declarar ante ellas e investigar a jueces sobre asuntos que hayan conocido en su labor de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado".

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En consecuencia, concluye, en el supuesto de que, a pesar de todo, los jueces y magistrados fueran llamados, incluso bajo la advertencia de que pudieran incurrir en responsabilidad penal si no comparecieran, "no tendrán la obligación de atender el requerimiento que se les envíe a tal efecto, no deberán comparecer ante ellas y el CGPJ tampoco autorizará comisiones de servicio por tal motivo".

La propuesta se ha aprobado después de que nueve vocales conservadores pidieran el pasado 14 de diciembre que el pleno aprobara “un claro y rotundo posicionamiento que ponga fin a tal acoso y quiebra del Estado de derecho”. Los vocales solicitaron debatir sobre las comisiones ante las declaraciones de la portavoz de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, que acusó la pasada semana en el Congreso a varios magistrados de ser "personajes indecentes" que, "en un país normal, serían cesados y juzgados de inmediato". La líder independentista señaló en concreto a la magistrada del Tribunal Constitucional Concepción Espejel y a los magistrados del Tribunal Supremo Manuel Marchena, Pablo Llarena, Carmen Lamela y Carlos Lesmes.

Esas palabras han provocado todo un terremoto que aún sube algunas réplicas. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha tratado en estos días de mitigarlo reiterando su defensa de los jueces. El PSOE, además, ha asegurado que no apoyará la citación de magistrados si Junts y ERC lo reclaman. Ha sido esta última afirmación la que mejor ha funcionado, ya que gran parte del malestar giraba en torno a la "complicidad" que la magistratura apreciaba en el Ejecutivo después de que el término lawfare apareciera reflejado en el acuerdo político con el partido de Carles Puigdemont.

El pleno ha aprovechado también la declaración para enviar un claro mensaje sobre la renovación del órgano. Ha lanzado un llamamiento para que se proceda cuanto antes a llevarla a cabo "y se ponga fin a la anomalía constitucional" en la que se encuentra, "cuya duración ha rebasado con creces el límite de lo tolerable".