Descontrol total en los presupuestos de las CCAA en 2024, el año de la gran tentación fiscal

Las comunidades autónomas vivirán en 2024 un año extraordinario en la elaboración de sus presupuestos. Tan especial como que coinciden los cuatro fenómenos que más pueden desestabilizar las cuentas autonómicas sin ser una crisis. No hay un Gobierno central que fije los objetivos de estabilidad y la regla de gasto, no están definidas las reglas fiscales en Europa, han entrado nuevos presidentes autonómicos que quieren aprobar los estímulos fiscales prometidos y, como remate, contarán con unos ingresos extraordinarios no recurrentes que son toda una tentación.

Se trata del descontrol total donde cada presidente autonómico elegirá qué política fiscal quiere llevar a cabo en 2024 y elaborará sus presupuestos en consecuencia. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya ha advertido la existencia de este problema y, en su informe sobre los presupuestos de 2023, ya ha alertado a las autonomías de que tienen que tener madurez para gestionar una situación complicada y totalmente excepcional. Nunca antes se habían unido todos estos factores.

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El principal problema vendrá derivado de la liquidación del sistema de financiación autonómica del año 2022, que se hará en 2024. Ese fue el año de la gran inflación, lo que provocó que la recaudación por impuestos fuese muy superior a la prevista por el Gobierno en los presupuestos generales del Estado. La consecuencia fue que las comunidades recibieron 112.000 millones de euros en entregas a cuenta, un 6,3% más que en el año anterior, pero es que la recaudación creció más del doble, casi un 14%. Eso significa que las CCAA tendrán una liquidación muy favorable, ya que recibirán unos 20.000 millones de euros.

Esta transferencia extraordinaria no se repetirá en los años sucesivos. Por ejemplo, las entregas a cuenta de este año han aumentado casi un 11%, esto es, un aumento superior al de los ingresos tributarios. En consecuencia, la transferencia que recibirán las CCAA en 2025 será muy inferior a la de 2024, por lo que los gastos corrientes que hayan incorporado las regiones tendrán que recortarlos o su déficit volverá a incrementarse.

Por este motivo, la AIReF ha recomendado a los gobiernos autonómicos que "eviten incrementos de gastos o reducciones de ingresos de carácter estructural financiadas con cargo al incremento de ingresos temporal que se producirá en 2024". Pero esto significa que la mayoría de las comunidades autónomas tienen que elaborar un presupuesto con superávit presupuestario. Pero, para los gobiernos, es muy tentador utilizar este superávit para poner en marcha políticas expansivas, especialmente aquellos que acaban de entrar tras las elecciones del 28-M. Por ejemplo, las nuevas comunidades del Partido Popular están ansiosas por bajar los impuestos, y en 2024 realmente podrían hacerlo sin incurrir en déficit. Pero eso supondría elevar su déficit estructural en un país en el que cada euro es necesario para corregir todos los desequilibrios acumulados.

El problema que tienen las CCAA es que esta vez no tienen objetivos fiscales fijados por el Gobierno, ya que, al estar con las elecciones convocadas, el Ministerio de Hacienda no ha querido aprobar ni el límite de déficit ni la regla de gasto. Esto significa que no cuentan un chivo expiatorio a quien culpar del rigor presupuestario. Además, como agravante, el ministerio cometió un error importante de cálculo en las últimas proyecciones de déficit por subsectores que hizo en el último Programa de Estabilidad.

En ese texto, Hacienda marcó como referencia de déficit para las CCAA en 2024 el equilibrio presupuestario (déficit 0%). Pero, si en 2024 están en equilibrio, cuando pierdan los recursos extraordinarios de la liquidación en 2025 se encontrarán con un importante déficit. Para evitarlo, tendrían que realizar “una fuerte contención del gasto difícil de implementar en la práctica”, advierte la AIReF.

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Por ese motivo, la Autoridad Fiscal recomienda a las comunidades autónomas que se ajusten a la recomendación que realizó la Comisión Europea a España en la primavera: limitar el crecimiento del gasto presupuestado (o la reducción de impuestos) a una tasa del 2,4% respecto a 2023. Con este impulso fiscal contenido, las CCAA terminarían el año con un superávit del 0,4% del PIB, esto es, de más de 5.000 millones de euros.

Para los presidentes autonómicos, es tentador aprovechar este saldo positivo para aprobar ayudas o bajadas de impuestos. Pero, además, tienen un incentivo perverso a utilizar cada euro del que dispongan: la promesa de una reforma del sistema de financiación autonómica a lo largo de la próxima legislatura. Las comunidades que acudan a la negociación de esa reforma con superávit fiscal son susceptibles de sufrir una merma de recursos, mientras que las que estén en déficit seguro que saldrán con más transferencias del Estado. De ahí que acumular un saldo positivo sea visto con recelo por parte de los gobiernos autonómicos.

Esta coincidencia de reformas pendientes en España y Europa, y un Gobierno central casi en funciones genera un descontrol en la elaboración de los presupuestos autonómicos. En esta ocasión, la responsabilidad fiscal recaerá en los hombros de los presidentes y presidentas autonómicos; está por ver quiénes la asumirán.