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La guerra de las CCAA contra el Estado: Cataluña recurre más al TC, pero Euskadi gana
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POR VULNERACIÓN DE COMPETENCIAS

La guerra de las CCAA contra el Estado: Cataluña recurre más al TC, pero Euskadi gana

Cataluña acumula casi un tercio de los recursos del Estado contra leyes autonómicas esta legislatura, mientras que las CCAA gobernadas por el PP han redoblado su pulso contra normas estatales como el impuesto a los ricos

Foto: Pedro Sánchez interviene en la última Conferencia de Presidentes, celebrada en marzo del pasado año en La Palma. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)
Pedro Sánchez interviene en la última Conferencia de Presidentes, celebrada en marzo del pasado año en La Palma. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

Durante la presente legislatura, se han planteado un total de 34 recursos competenciales ante el Tribunal Constitucional entre el Estado y las comunidades autónomas. Se trata de una reducción significativa con respecto a otras legislaturas, pero que hace todavía más visible la batalla competencial del Estado contra Cataluña, que destaca sobre todas las demás administraciones autonómicas en vulneración de competencias, según el último informe sobre conflictividad Estado-comunidades autónomas durante la XIV legislatura (3 de diciembre de 2019 a 31 de marzo de 2023). Sin embargo, durante los últimos meses, se observa también un acelerón en la batalla de las CCAA contra el Estado. En la recta final de la legislatura, se han multiplicado los anuncios de interposición de recursos a normas del Gobierno por parte de administraciones gobernadas por el PP, como la de vivienda todavía pendiente de aprobar en el Senado, o los planteados por Madrid, Galicia y Andalucía contra el impuesto a las grandes fortunas, pero también del PSOE.

El Gobierno socialista de la Comunidad Valenciana, liderado por Ximo Puig, presentó recurso al Supremo contra el recorte en el trasvase del Tajo-Seguro tras su fallido pulso contra la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera. La Comunidad de Madrid, asimismo, ha puesto su punto de mira en el decreto de ahorro energético y el decreto de bachillerato con un recurso al Supremo. El choque contra el Estado, con el discurso de invasión competencial en defensa de los intereses regionales, no entiende de colores políticos a las puertas de las elecciones municipales y autonómicas del 28-M. En el Constitucional, las administraciones autonómicas han planteado un total de 11 impugnaciones a normas estatales esta legislatura.

Cataluña es la comunidad que más impugnaciones del Estado acumula contra leyes autonómicas propias por vulneración de competencias estatales. Casi un tercio del total, con seis. La siguen, con dos, Euskadi, Navarra y Canarias. Estas dos últimas, con gobiernos socialistas. Galicia, La Rioja, Asturias, Castilla y León, Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Aragón tienen cada una un recurso planteado, mientras que no entran en la lista Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, Cantabria y Baleares.

De las seis normas catalanas impugnadas por el Estado, cinco acabaron en recurso al no alcanzar acuerdos previos en los órganos bilaterales. La mayoría relacionadas con política de vivienda. Con la futura ley estatal, pactada por los grupos que sostienen el Gobierno de coalición con ERC y EH Bildu, se pretende precisamente dar un paraguas legal a las leyes catalanas de vivienda.

Desde el Gobierno vasco, sin embargo, amenazan con imponer un recurso a la ley estatal de vivienda al considerar que invade sus competencias. "Una vez aprobada, analizaremos si invade o no invade competencias y recurriremos si lo hace", avanzaban fuentes del Ejecutivo vasco a este diario, mientras que su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, defendía tras aprobarse en el Congreso que, de imponer un recurso al TC, "hay muchos visos" de que pueda prosperar.

La comunidad autónoma del País Vasco es la única con un saldo favorable de recursos en el Constitucional esta legislatura. De los cuatro fallos que se han producido hasta el 31 de marzo (aunque sobre normas de la anterior legislatura), solo uno ha sido a favor del Estado. Se impuso así en el doble recurso contra los presupuestos generales del Estado para el año 2018 y el decreto 28/2018, de 28 de diciembre, sobre la revalorización de las pensiones, y contra los decretos 15/18, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores y 130/19, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Cataluña ganó en el TC el recurso del Estado a su norma sobre protección y ordenación del litoral y el que impuso contra el decreto 165/2019, de 22 de marzo, contra el reglamento de adopción internacional. En el cómputo total, de las 15 impugnaciones realizadas ante el TC por ambas administraciones desde el inicio de la legislatura, 13 fallos fueron a favor del Estado.

Según las sentencias del TC, en lo que va de legislatura, las otras comunidades que han tenido fallos favorables son Andalucía (contra el decreto 498/20, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional), Aragón (contra la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público) y Navarra, que salvó el recurso del Estado contra su Ley foral 14/2018, de 18 de junio, de residuos y su fiscalidad.

La actual legislatura va camino de batir un récord en la reducción de la conflictividad entre las administraciones del Estado

Si Cataluña es la que más recursos interpone y Euskadi la que más gana, la legislatura también se acerca a su final con un saldo de traspasos de competencias mucho más favorable a los segundos. De hecho, el contador de los traspasos de competencias para Cataluña esta legislatura se quedará muy lejos de las expectativas de la Generalitat. Prácticamente a cero. Del paquete de medio centenar de competencias recogidas en el Estatut que la Generalitat puso sobre la mesa, la cuenta de resultados de Aragonès en esta materia se limita a un traspaso menor en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia. En la última legislatura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, antes de que se bloquease la bilateralidad, se materializaron 14 decretos con diferentes traspasos.

Pese a que las CCAA gobernadas por el PP han redoblado su batalla competencial contra el Estado durante los últimos meses, principalmente la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por leyes como la de vivienda o el impuesto a las grandes fortunas, la actual legislatura va camino de batir un récord en la reducción de la conflictividad entre las administraciones del Estado. A seis meses de la disolución automática de las Cortes, los 34 recursos competenciales ante el TC están lejos de los 48 que se plantearon en la V legislatura (1993-1996). Sin contar las dos legislaturas que no echaron a andar por repetición electoral, la última con Felipe González en la presidencia del Gobierno fue en la que menos conflictos se plantearon ante el TC desde la vuelta de la democracia.

Durante la presente legislatura, se han planteado un total de 34 recursos competenciales ante el Tribunal Constitucional entre el Estado y las comunidades autónomas. Se trata de una reducción significativa con respecto a otras legislaturas, pero que hace todavía más visible la batalla competencial del Estado contra Cataluña, que destaca sobre todas las demás administraciones autonómicas en vulneración de competencias, según el último informe sobre conflictividad Estado-comunidades autónomas durante la XIV legislatura (3 de diciembre de 2019 a 31 de marzo de 2023). Sin embargo, durante los últimos meses, se observa también un acelerón en la batalla de las CCAA contra el Estado. En la recta final de la legislatura, se han multiplicado los anuncios de interposición de recursos a normas del Gobierno por parte de administraciones gobernadas por el PP, como la de vivienda todavía pendiente de aprobar en el Senado, o los planteados por Madrid, Galicia y Andalucía contra el impuesto a las grandes fortunas, pero también del PSOE.

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